Situación del sector productor fotovoltaico: 62.000 productores traicionados y arruinados por el Estado.

Pero lo peor de todo ha sido la situación que padecen las 62.000 familias productoras de fotovoltaica que creyeron en el Estado cuando les animó a invertir, para arruinarles a los pocos meses. En realidad, estas familias han sido precursores del nuevo modelo de generación descentralizada que garantiza la seguridad energética del futuro.

El Estado español animó a las familias españolas, a través de Reales Decretos y por medio de la campaña publicitaria “El sol puede ser tuyo”, a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.

En un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000 familias españolas optaron por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables,  con lo que España podría haber alcanzado los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental.

El Gobierno fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida, y el propio Ministerio de Industria no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones. Sin embargo, y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas se enfrentaron a un interminable rosario de decretos retroactivos que han cercenado de manera alarmante las rentabilidades plasmadas en los BOE que fijaron las condiciones originales, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago soportados por los productores. En total estas familias destinaron más de 20.000 millones de euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000 millones de euros.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se vio obligada a recordar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo lo obvio: “la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” compensando los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo. Con ello se puede  definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla, además, con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

La CNE también pone de relieve que “no se tiene constancia de que exista un modelo retributivo similar al reflejado en la propuesta en ninguna jurisdicción de la Unión Europea, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”.  Por otra parte, advertía la CNE, “en la formulación adoptada por la propuesta, el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos. La posibilidad de una retribución negativa podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción complementando los ingresos obtenidos de la venta de energía en el mercado”

Es inverosímil que la fijación de los nuevos parámetros retributivos sea rigurosa ni honesta si un año antes, en la presentación del RDL 9/2013, se cuantificaba el resultado de los recortes. Antesala de una farsa en la que se adjudica a cada instalación una determinada inversión estimada que determina su retribución, sin tener en cuenta si era un gran promotor o mero ciudadano el que adquiría una instalación al final de toda la cadena, y a pesar de que las familias conservan las facturas de los montantes reales que asumieron y financiaron.

Un marco que no considera la energía que se genera, sólo la potencia, lo que penaliza es la eficiencia y el sentido común. Una regulación que limita la estabilidad a revisiones trienales sobre una fórmula retributiva incomprensible y mutable a criterio de una Secretaría de Estado, que expulsa del sistema a toda familia que no se adecúe a la compleja nueva realidad normativa, pensada para grandes empresas y no para ciudadanos. Ahora se trata de expulsarles del sistema, como en un principio se trató de captar sus ahorros.

El impacto económico inicial de las renovables estaba contemplado y perfectamente justificado en los reales decretos que las impulsan. Su coste ha tenido, tal y como estaba previsto, retornos evidentes, al madurarse la tecnología fotovoltaica, que ya no precisa primas, y permitir un cambio de modelo energético. Además, dichas primas suponen un montante inferior al que hubiera tenido que afrontar nuestro país sin ellas, en precios más elevados del mercado mayorista, exportaciones de combustibles fósiles y precio por tonelada de emisiones de CO₂.

El fomento primado de las tecnologías renovables no ha sido una singularidad española. Se ha realizado en todos los países desarrollados y, en especial, en la Unión Europea, dada su precaria posición energética. Las ayudas se han ido reduciendo conforme la curva de aprendizaje fotovoltaica lo permitía. Sólo en España se ha detenido abruptamente la implantación de renovables y se ha desmantelado el marco legal que se ofreció a sus ciudadanos. La propia Comisión Europea advertía de los riesgos de cambiar retroactivamente las normas, y países de referencia como Gran Bretaña y Alemania fueron taxativos al respecto y no han aplicado ningún tipo de recorte retroactivo.

El Defensor del Pueblo considera que las familias españolas sufren agravio comparativo con respecto a las posibilidades de los inversores foráneos, que tienen la oportunidad de poder pedir justicia en una instancia exterior, ajena a la Administración española, en cuyas instancias judiciales parecen no confiar, las mismas a las que están irremediablemente avocadas las familias españolas.