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UNEF valora en más de 440 millones de euros las pérdidas del sector por el posible recorte de la rentabilidad razonable anunciado por el Ministerio.

El ataque a las renovables tiene un precio precursor que atemoriza a los productores fotovoltaicos extranjeros.
Perder estos arbitrajes supone la quiebra de muchas inversiones.

Un ingente número de compañías encabezadas por fondos, entidades financieras e inversores abandonaron España y muchos otros ni se acercan debido a la inseguridad jurídica instalada en el país.

Si Europa quiere proteger la seguridad jurídica de las inversiones en energías renovables debería atar más corto a España siendo conocida su escandalosa trayectoria en el abuso de la seguridad jurídica.

El artículo 6 expresa la prohibición de cambios retroactivos en los sistemas de apoyo y se opone a cargas impositivas como el « Impuesto al Sol » .

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se entiende y basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su promulgación como en su aplicación.

En la carrera hacia el liderazgo mundial de la fotovoltaica, España ha arruinado su mercado interior y su prestigio internacional.

Miles de productores fotovoltaicos, dolidos por la injusta retroactividad fotovoltaica, y animados por sus abogados, han presentado sus demandas frente a esta alevosa situación. Veámos que ha sentenciado el Tribunal Supremo.

Encuentro para analizar los arbitrajes en energías renovables celebrado ayer día 11 en la Corte de Arbitraje de Madrid, organizado por el Club Español del Arbitraje (CEA)

Anpier ha creado una aplicación que permitirá visualizar el potencial generador fotovoltaico de los municipios de hasta 100.000 habitantes.