Aunque el Partido Popular en la Comisión de Industria no voto a favor de la propuesta presentada por el Grupo Socialista, manifestó que regulará el fomento de las energías renovables por ser más baratas que las del régimen especial.
El martes pasado en la Comisión de Industria el Partido Popular votó en contra de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre establecer un marco regulatorio diferenciado para el sistema eléctrico canario, por estar trabajando en otra propuesta sobre el mismo tema. La votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
La defensa de la citada proposición la llevó don José Segura Clavell del Grupo Parlamentario Socialista, la cual resultó publicada el 6 de marzo de este año, y se debatió el pasado martes 25 de septiembre; por tanto han transcurrido del orden de siete meses.
El diputado socialista señaló:
1º.- que la iniciativa tiene su origen en la necesidad de profundizar en todo un conjunto de normas diferenciadas para los sistemas extrapeninsulares, conocidos así en la normativa en vigor, y en las directivas comunitarias que posibilitan que los países de la Unión dicten normas singularizadas para los sistemas termoenergéticos aislados; Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y las islas Canarias reflejan esa necesidad.
2º.- que en muchas ocasiones han insitido que el kilovatio/hora que se consuma en la isla de Tenerife se tiene que producir en la isla de Tenerife, no se puede recibir de ningún otro lugar de la geografía nacional.
3º.- que en el mundo entero, en la mayoría de los sistemas aislados, los países respectivos otorgan un modelo de retribución específico. Así ocurre en Alaska, en las islas griegas, en Madeira, en Hawai, en Puerto Rico, en Hong Kong, en Córcega y en cualquier otro lugar que reúna las características del sistema aislado.
Por eso, la Ley de ordenación del sector eléctrico nacional, que viene del año 1993, continuada por la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico Nacional, recoge específicamente la singularidad de los llamados genéricamente sistemas extrapeninsulares. En los sistemas extrapeninsulares se pone de manifiesto la necesidad no solo de una regulación, sino de una retribución específica.
4º.- que la proposición no de ley, está suficientemente fundamentada.
5º.- que en este primer año, el ministro de Industria, señor Soria, con todo su equipo, como Atila en los viejos tiempos, ha avanzado destrozando normativas del pasado;
Con el Real Decreto-ley 1/2012, paralizó el crecimiento del sector de las energías renovables. Fíjense ustedes en lo que supuso el Real Decreto-ley 13/2012 para la tarifa de último recurso, para los sistemas de peaje, etcétera. El Real Decreto-ley 20/2012, en su artículo 7, dedicado a los sistemas extrapeninsulares, supuso otra paralización. El señor ministro de Industria eliminó los acuerdos del Consejo de Ministros anterior, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, y del ministro Sebastián, transfiriendo el coste de las extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado y, plegándose a los deseos del ministro de Hacienda, los retiró de los mismos y los introdujo en el déficit tarifario. Esto introduce una situación de anarquía en los sistemas extrapeninsulares.
6º.- que es necesario priorizar el desarrollo de un marco normativo y retributivo para los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico en Canarias, como pieza fundamental para garantizar la estabilidad y regulación del sistema eléctrico canario; la necesidad de fortalecer los esfuerzos públicos destinados a la exploración geotérmica en Canarias, con la finalidad de mejorar y optimizar la definición de sus recursos geotérmicos, para impulsar posteriormente la fase de desarrollo comercial de una tecnología que contribuiría de manera decisiva a la diversificación del mix, dadas las enormes potencialidades solares y eólicas, del relanzamiento de la producción y distribución en cada isla de energía eléctrica de ese origen solar o fotovoltaico.
Frente a ello, y en contra de esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Popular en la persona del señor diputado MARISCAL ANAYA, manifestó:
1º.- que evidentemente, la energía es un sector que determina los costes de los sectores productivos de nuestra tierra y, por tanto, determina la competitividad.
2º.- que el Partido Popular está promoviendo políticas dirigidas a tres vectores fundamentales -equilibrio entre competitividad, seguridad en el suministro y minimización de los efectos medioambientales-, con dos objetivos principales: por un lado, la reducción de los costes del sistema y, por otro lado, la utilización de todas las tecnologías posibles sin politizarlas, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
3º.- que la compleja situación en la que se encuentra el sistema eléctrico español viene dada por el déficit tarifario. En relación a lo manifestado aneriormente por el señor Segura de que no le gustaba mirar hacia atrás. En su caso, es normal que no lo haga, porque si el Grupo Socialista mirara hacia atrás todos sus miembros se convertirían en estatua de sal. Es evidente que las mayores responsables de la situación en la que se encuentra el déficit tarifario español y las que más la han acentuado han sido y son sin duda alguna las políticas del Partido Socialista. En los años 2003 y 2004 el déficit tarifario -la diferencia entre lo que cuesta generar energía eléctrica y lo que se paga por ella- fue cero, pero desde que el Partido Socialista asumió el Gobierno fue creciendo hasta los 30.000 millones que hoy día supone, todo ello promovido por unas políticas erróneas, que han traído consigo estas consecuencias.
4º.- Que Canarias cuenta con una economía muy tercializada y necesita una energía que sea competitiva y que maximice los logros que nuestra economía pueda ir desarrollando paulatinamente.
5º.- que Canarias cuenta con seis sistemas eléctricos -no son siete, puesto que Lanzarote y Fuerteventura se encuentran unidas por un cable-, a diferencia de la Península y Baleares, que constituyen un solo sistema eléctrico. Ya de por sí eso constituye una especificidad realmente notoria, pero si a eso unimos, por ejemplo, que entre enero y junio de este año, según dice el Comité de Seguimiento del Sistema Eléctrico, la penetración de la energía eólica apenas alcanza el 5% y la de la fotovoltaica un 3%, muy diferente al resto de la Península, donde alcanza el 16%; si a eso unimos que el megavatio/hora, en régimen ordinario, alcanza los 140 euros/megavatio y además sabemos -lo sabe el señor Segura tanto como yo mismo- que la producción de electricidad en régimen ordinario en Canarias es más cara que en la Península y que, naturalmente, la producción de electricidad en Canarias con energías renovables tiene un coste inferior a la producción por el régimen ordinario, llegamos a la misma conclusión. ¿Qué conclusión? ¡Cómo no va a tener Canarias un tratamiento diferenciado, como ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro Soria? ¡Cómo no va tenerlo? Pues claro que lo va a tener. Somos conscientes de la necesidad que existe de establecer un nuevo régimen específico retributivo para las energías renovables en Canarias, porque estamos comprometidos con la eficiencia y con la sostenibilidad de nuestra tierra; estamos comprometidos con la reducción, con la garantía de suministro y con la seguridad energética, tan importante, como bien conoce el señor Segura, para un territorio aislado como Canarias, y por tanto con la reducción de la dependencia que tenemos de los hidrocarburos. Para ello, abogamos por aprovechar la curva de aprendizaje de muchas de estas tecnologías, fundamentalmente de la eólica. Existe una penetración dentro del sistema peninsular cercana al 60%, es decir, el 60% de la energía eléctrica consumida durante el día de ayer que venía de la generación eólica, y todos debemos congratularnos por ello. Ese aprovechamiento de las tecnologías renovables permitirá alcanzar los objetivos que anteriormente expuse.
6º.- que el Gobierno está trabajando en la creación de un régimen que -y este es el motivo por el que este grupo parlamentario va a oponerse a la iniciativa del señor Segura y, por tanto, del Grupo Parlamentario Socialista- sobrepasa con mucho la petición que hace el Grupo Socialista, y lo sobrepasa con mucho porque, desgraciadamente, la proposición no de ley, una vez leída -y no solamente una vez-, no establece ninguna medida concreta. Es una retórica de buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero en absoluto establece medidas concretas que puedan mejorar nuestro ya de por sí complicado sistema eléctrico; lo que hace es aumentar aún más la confusión que ya de por sí tiene. Por tanto, el Gobierno está trabajando en la presentación de un régimen retributivo específico para las energías renovables; en segundo lugar, pesa sobre nuestras cabezas la losa del déficit tarifario, que no es responsabilidad, de este Gobierno, y en tercer lugar, los tres vectores que dirigen nuestra política son: por un lado, la reducción de los costes del sistema; por otro lado, la seguridad y garantía del suministro, y en último lugar, la sostenibilidad del sistema energético español.
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