El Ministro de Industria sostiene que la moratoria renovable no pisa derechos.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, compareció el pasado martes en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para presentar los objetivos de su departamento. Entre las líneas de actuación que avanzó durante su intervención destacan el apoyo al carbón nacional, la recuperación del sector industrial con 12 planes específicos para otros tantos sectores y la adaptación de las telecomunicaciones al nuevo enctorno económico.

Conozcamos a continuación el Discurso del Sr. Soria, que en materia de energía hemos destacado en color azúl marino:
Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios, señorías, comparezco en nombre del Gobierno ante esta Comisión para explicar las líneas generales de mi departamento, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a lo largo de estos próximos cuatro años.
Es evidente que el mayor problema de la economía española hoy es el problema del desempleo. El objetivo prioritario de toda la acción política del Gobierno es generar las condiciones para que vuelva a crecer el empleo, lo cual requiere, por una parte, que haya crecimiento económico, lo que significa más consumo, más inversión y más exportaciones, pero al propio tiempo significa hacer un esfuerzo para disminuir el nivel de déficit público y cumplir nuestros compromisos en esa materia y además disminuir el efecto expulsión que los déficits públicos generan sobre el sector privado, generador de empleo. No es un proceso fácil, lo sabemos. El punto de partida incluye circunstancias muy adversas, también lo sabemos. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España para el año 2012 no favorecen la recuperación, ya las hemos visto. Ahora bien, ninguna circunstancia ni ninguna previsión, por adversa que sea, va a desalentar al Gobierno en la aplicación de las reformas y políticas necesarias para generar las condiciones favorables para el consumo, para la inversión y para las exportaciones. Reformas que afectarán a todos los ámbitos, sin que sean una excepción la industria, la energía, el turismo ni tampoco las telecomunicaciones. De hecho, el proceso reformista en las materias propias de este departamento que dirijo ya han comenzado. Este es un ministerio de amplias competencias, de variadas materias y de cometidos heterogéneos. Su peso en el conjunto de la economía española nos informa de su importancia, del relevante papel que está llamado a desempeñar en la generación de condiciones para la recuperación económica.
Para ello quiero señalar, desde el principio, los objetivos generales que se propone el departamento para la presente legislatura. En primer lugar, un sector industrial que recupere su peso específico, dentro del producto interior bruto, en relación con el retroceso que ha experimentado a lo largo de los últimos años; en segundo lugar, un sector energético eficiente que suministre energía suficiente a la economía en condiciones de seguridad y también de garantía; en tercer lugar, un sector turístico que se convierta también en el motor de la recuperación de la economía y, en cuarto lugar, un sector de las telecomunicaciones en el cual cada vez más ciudadanos y más empresas se incorporen a las ventajas que traen consigo las tecnologías de la información y la comunicación, así como la sociedad de la información en su conjunto. Para ello, señorías, han de darse una serie de condiciones necesarias.
En primer lugar, garantizar por ley la estabilidad presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas. El pasado viernes, el Consejo de Ministros ya ha seguido el mandato constitucional en esta materia. En segundo lugar, se precisa una reforma del sistema financiero, lo cual supone actualizar los balances de las entidades financieras para permitir una disminución en la penalización a la financiación de las actividades productivas que hoy se da en la economía española. En tercer lugar, una reforma laboral incentivadora del empleo y, en cuarto lugar, un conjunto de reformas que mejoren la seguridad jurídica, la dotación de capital humano, la dotación de infraestructuras y que también contribuyan a dotar de una mayor unidad al mercado.
Se precisan también reformas en el ámbito de las competencias propias de este departamento. En primer lugar, en materia de industria. En términos de valor añadido bruto, y siguiendo los últimos indicadores que tenemos de contabilidad nacional, en el año 2004 la industria suponía un 18,53 del producto interno bruto. Teniendo en cuenta que la media en la Unión Europea en aquel año era de un 18,7 por ciento, estábamos, más o menos, en el entorno europeo. Sin embargo, en el año 2010 el peso es de un 16,1 por ciento del valor añadido bruto, lo cual supone una disminución notable, no solo por lo que comporta dentro de la economía española, sino sobre todo si lo comparamos con economías centrales de la Unión Europea, como puede ser el caso de la economía alemana donde el sector industrial ocupa un 24 por ciento. A lo largo de los últimos años, señorías, desde el año 2008, la industria en España ha perdido 660.000 empleos. La actividad industrial no solo no ha podido compensar la caída del empleo en otros sectores, sino que además la propia industria ha visto cómo disminuía su empleo. En el Gobierno tenemos el convencimiento de que si queremos aumentar la competitividad, si queremos aumentar el empleo y si queremos propiciar un aumento de las exportaciones y también del crecimiento económico, la industria debe de aumentar su peso en el conjunto del producto interior bruto. Ese será nuestro objetivo. España no puede renunciar a ser una economía industrial. Es verdad que en la mayor parte de las economías avanzadas hay una creciente terciarización de la economía, pero ese creciente peso del sector servicios, que a todas luces es claro también en España, no puede hacernos renunciar a disponer de una industria fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo. El Gobierno ya revisa, a tal efecto, el Plan integral de política industrial, que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre del año 2010, para poner en valor el conjunto de sus líneas y de sus propuestas, pero adaptándolo a una situación financiera -la de hoy- que es sustancialmente distinta a la que había cuando aquel plan fue concebido y aprobado. Ahora bien, aparte de acciones, de medidas, de políticas específicas en materia industrial, es evidente que la futura evolución del sector en España irá íntimamente ligada al conjunto de reformas, ya iniciadas por parte del Gobierno, y que afectan -y afectarán- a las cuentas públicas, a las administraciones públicas, al sector público, al marco laboral, al sistema financiero y también al sistema energético.
Señorías, la claridad, la determinación y la profundidad de tales reformas no serán neutrales respecto a la evolución futura y a las posibilidades del sector industrial. Todo lo cual no significa que vayamos a tener una política industrial pasiva, ni mucho menos una política industrial laxa, al contrario, ya trabajamos en las bases de una nueva política industrial que, en un contexto de restricción presupuestaria, se destine, en primer lugar, a apoyar a los sectores productivos; en segundo lugar, a impulsar el grado de penetración de nuestros bienes industriales en el resto del mundo; en tercer lugar, a incorporar crecientes dosis de innovación en sus procesos productivos y también a disponer de un suministro energético seguro, equilibrado, eficiente y competitivo respecto del que disponen las economías con las cuales competimos. No será, señorías, una política industrial dirigista. Al contrario, estará centrada en la generación de condiciones favorables para que las empresas industriales puedan llevar a cabo sus proyectos en un marco de libertad, de flexibilidad y de condiciones favorables para sus respectivas iniciativas. A tales efectos, señorías, ya trabajamos en una política reformista orientada en la siguiente dirección: en primer lugar, en mejorar la competitividad industrial; en segundo lugar, en apoyar al emprendimiento y a la pequeña y mediana empresa y, en tercer lugar, en apoyar a los distintos sectores industriales.
Desarrollo cada uno de estos capítulos. En primer lugar, para mejorar la competitividad industrial proponemos tres medidas concretas: una, refuerzo de la unidad de mercado; dos, potenciación de la innovación y, tres, racionalización del coste de la energía.
Para reforzar la unidad del mercado vamos a mejorar la coordinación administrativa con propuestas concretas de supresión y eliminación de todas las trabas que hoy existen para el ejercicio de la actividad industrial. Una economía con aspiraciones a disponer de un mercado único pleno, dentro del mercado único europeo, no debería poder permitirse la heterogeneidad de disposiciones para ejercer una misma actividad en distintas partes del territorio nacional. Ese tipo de diferencias no solo no añaden valor, sino que lo restan, al incidir negativamente en el logro de la unidad del mercado, valor intrínseco a la capacidad de competir de cualquier tipo de empresa, sea cual sea su localización en el contexto de la economía. Para potenciar la innovación haremos un esfuerzo singular en el impulso y apoyo de la actividad industrial que genera un alto valor añadido como base de una mayor competitividad. Respecto a la racionalización en el coste de energías, se han tomado ya algunas medidas. Ahí están la decisión sobre la ubicación del ATC, del almacén de residuos nucleares, la petición del informe al Consejo de Seguridad Nuclear para que se pronuncie respecto a la posibilidad o no de prolongar la vida útil y, por tanto, la explotación del reactor activo de Garoña hasta el año 2019 y las medidas tomadas en relación con las preasignaciones en energías renovables, que forman parte de todo un grupo de iniciativas que tienen como objetivo disponer de un mix energético cuyo coste, como input industrial, no sea una restricción adicional a nuestra capacidad de competir con el resto del mundo.
Segunda línea de actuación: apoyo a los emprendedores. Traeremos a esta Cámara un proyecto de ley para impulsar y poner en valor el papel de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas en la economía española. Habrá medidas de estímulo fiscal, se incluirán medidas de agilización de trámites para la creación de pequeñas y medianas empresas, habrá mecanismos de refuerzo en el acceso a la financiación por emprendedores y pymes, a través de Enisa y de Cersa, que, como saben ustedes, son órganos dependientes del sector público bajo la tutela del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se establecerán apoyos para la búsqueda de nuevos mercados, para las pequeñas y medianas empresas, en el resto del mundo. Ya no será suficiente el mercado interno. La internacionalización de las pymes será prioritaria. Ya no basta con que salgan al exterior las grandes empresas cotizadas, la recuperación también ha de venir por una mayor salida al exterior de las pequeñas y medianas empresas.
Respecto al apoyo a sectores concretos, sin ánimo de hacer una lista exhaustiva y completa de todos, dentro de la variada oferta industrial española, hay una serie de sectores en los cuales va a incidir el apoyo singular del departamento: el sector naval, el sector de la automoción, el sector de los componentes, el sector de la industria aeronáutica, el sector del calzado, el sector de la defensa, el sector de la industria textil, el sector de los productos farmacéuticos, el sector de madera y corcho, el sector del metal, el sector de productos químicos, el sector de la siderurgia y también el sector del papel. (El señor Yuste Cabello: Todos los sectores.)
En cuanto a las líneas generales en materia de política energética, la energía, como es bien sabido, constituye un input básico y fundamental de la actividad productiva. Por tanto, es un input determinante para garantizar la competitividad del conjunto de la economía española. Que España sea el país de la Unión Europea cuyo coste para los consumidores domésticos sea el tercero más caro y cuyo coste, en términos de consumidores industriales, sea el quinto más oneroso son además unos factores que limitan la competitividad. Hoy el sector energético en España tiene distintos problemas, pero hay dos que destacan con singularidad. El primero es la acumulación del déficit por tarifa que se ha realizado a lo largo de los últimos años y, el segundo, la tasa de acumulación de dicha tarifa año a año. La actuación del departamento en materia de política energética se va basar fundamentalmente en cuatro actuaciones. La primera, medidas para corregir el déficit; la segunda, medidas para obtener un mix energético sostenible, equilibrado, diversificado y que disminuya la dependencia; la tercera, medidas en materia de mejora de las infraestructuras y, la cuarta, trasposición de las directivas comunitarias.
Respecto al capítulo de la corrección del déficit de tarifa, en estos momentos el déficit de tarifa, como antes señalaba, constituye el principal lastre para garantizar la sostenibilidad del sector y también de una parte de la economía en su conjunto, por la incidencia directa que tienen este déficit y la energía en el conjunto de la economía. En la actualidad el déficit de tarifa acumulado, a diciembre del año 2011 -y pendiente todavía de las últimas informaciones de la Comisión Nacional de la Energía-, está en el entorno de los 24.000 millones de euros.
Señorías, la supresión del procedimiento de preasignación, recientemente adoptada por el real decreto, en el pasado Consejo de Ministros, responde a la urgente necesidad de frenar la senda de crecimiento que registraba este déficit y además de enviar una señal clara al sistema en función de que temporalmente se suspenden las inversiones apalancadas en recursos públicos, lo cual no quiere decir lógicamente que cualquier operador pueda tener absoluta libertad para acometer este tipo de inversiones sea cual sea la modalidad de las energías renovables, pero sin ese apalancamiento. Ahora bien, el real decreto al que hago referencia es solo una medida parcial dentro de una estrategia global que persigue este departamento y en la que se va a involucrar a todos los agentes del sector para lograr la efectiva suficiencia del sistema eléctrico. Ya estamos trabajando en medidas específicas para corregir el déficit de tarifa, particularmente asegurando que las actividades reguladas del sistema eléctrico operen bajo los criterios de transparencia, eficiencia y calidad. Este departamento tiene entre sus prioridades el establecimiento de criterios técnicos homogéneos y no discriminatorios en la conexión y acceso a las actividades de red, con el fin de reducir las distorsiones que encarecen artificialmente el sistema. Eso supone reformar la Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, y ya estamos trabajando en esa dirección.
Señorías, adicionalmente trabajamos para garantizar que la retribución de las actividades del transporte y distribución incentive la inversión estrictamente necesaria, vinculándola al activo en servicios no amortizados. Esto supone la modificación del Real Decreto 222/2008 y del Real Decreto 325/2008, que ya están en marcha también por parte de la Secretaría de Estado de Energía. Finalmente, un sistema eléctrico eficiente requiere garantizar que la gestión y el mantenimiento de las instalaciones se realicen bajo parámetros de eficiencia, con una reformulación e incentivos que ahonden en la mejora de la calidad del servicio y en la reducción de pérdidas del sistema. Esta modificación y revisión de la normativa vigente también está en marcha. Trabajamos para que haya una retribución adecuada y suficiente de las instalaciones de generación en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Otro de los objetivos en materia de política energética es hacer efectivo un mix energético sostenible, diversificado y competitivo. Una exigencia irrenunciable para España es que nuestro sector energético sea sostenible. El apoyo de un mix energético equilibrado, con energías limpias y de una oferta diversificada y de calidad de insumos energéticos es un objetivo prioritario de este Gobierno y que esto se logre con una estrategia que abarque todas las fuentes energéticas existentes y preste atención específica a las peculiaridades de cada una de ellas.
En materia de energía nuclear, como conocen sus señorías, se han tomado algunas medidas, como las que he mencionado antes. La decisión de la implantación del almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y de residuos de alta actividad en Villar de Cañas habilita a nuestro país con una infraestructura fundamental para la gestión temporal del combustible nuclear gastado, generado por las centrales nucleares en España, y además permite un ahorro importante en concepto de penalizaciones anuales, que estaban previstas para el periodo 2012-2015 en el caso de que no se hubiese tomado esta decisión.
En la misma línea está la decisión de petición de informes por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al Consejo de Seguridad Nuclear para que se pronuncie en torno a la posibilidad o no de alargamiento de la vida útil y de explotación de la central de Garoña hasta el año 2019. La estrategia del departamento en materia nuclear prestará especial atención a las peculiaridades del sector, conforme al cumplimiento estricto de todos aquellos requisitos y criterios en materia de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y por las autoridades, definiendo claramente el régimen de responsabilidades técnicas, económicas y legales y garantizando siempre que las centrales, los reactores activos, se adecuen para dar respuesta a la situación actual.
En materia de hidrocarburos, para un país como España, con una fuerte dependencia del abastecimiento exterior de hidrocarburos, la estrategia de abastecimiento se debe basar en el aprovechamiento que las nuevas tecnologías disponibles permiten de yacimientos que hoy están sin explotar. En este contexto las actividades de prospección de hidrocarburos tienen un interés estratégico y económico evidente. En consecuencia, siempre que se respeten los requisitos legales, técnicos y medioambientales, este departamento apoyará la prospección de nuestros recursos de una manera sostenible como refuerzo de la seguridad en el suministro. Dentro de los hidrocarburos, la situación actual del sector gasístico requiere especial atención, porque conlleva unos riesgos de sostenibilidad. Es una evidencia que la demanda real ha caído entre el periodo 2008-2012 y que lo ha hecho a una tasa del 16,3 por ciento, consecuencia fundamentalmente de un exceso de inversión en infraestructura. Los costes de las actividades reguladas han aumentado desde el año 2005 en un 65,8 por ciento.
Con la caída de la demanda, las infraestructuras están siendo infrautilizadas. Para que se hagan una idea, las plantas de gas natural licuado están por debajo del 40 por ciento. Desde el año 2005 los peajes se han incrementado en una media del 30 por ciento, pero con la caída de la demanda este incremento es insuficiente para satisfacer los costes. El 1 de enero del año 2012 este departamento incrementó los peajes un 4 por ciento de media, un 0,5 en términos de tarifa de último recurso, y aún así el déficit estimado para el año 2012 estará situado en el entorno de los 365 millones de euros. Con el fin de evitar que esta situación desemboque en un déficit de tarifa similar al existente es evidente que también hay que operar cambios en el sector.
En materia de renovables, hay que decir que el mix energético debe completarse con una producción eléctrica, a partir de fuentes renovables y también de cogeneración, que garantice una integración eficaz de estas energías en el sistema eléctrico, contribuyendo a reducir las emisiones e incrementando la independencia energética. Para ello es prioritario la racionalización de los costes del régimen especial, mediante el establecimiento de regímenes económicos que fomenten la reducción de costes y la competitividad de estas tecnologías y apostando también por la generación distribuida y de autoconsumo. A tal efecto, les informo, señorías, que hay un proyecto de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica en balance neto. Anuncio que verá la luz en cuanto esté elaborado.
Respecto a las medidas destinadas al consumidor, señorías, la estrategia en el sector energético requiere que el consumidor también se beneficie de la eficiencia, de la innovación y de la seguridad en cuanto al suministro. De nuevo, este departamento ya ha comenzado a actuar en tal dirección con distintas medidas. Facturación bimestral, se ha procedido a elaborar y a tramitar la normativa necesaria de manera que desaparece la estimación, no se van a repetir las lecturas basadas en las estimaciones, aunque si el consumidor lo requiere se podrán realizar facturaciones mensuales. Para la afinación en el recibo, ante la imposibilidad de lectura, el propio consumidor podrá aportar la suya propia. Asimismo, actualmente se está trabajando por parte del departamento, en línea con la normativa comunitaria, en la mejora y actualización de la normativa reguladora de la contratación y suministro de energía eléctrica, con el fin de mejorar la protección al consumidor en todos aquellos aspectos que en la actualidad suponen falta de claridad en las relaciones entre los diferentes sujetos. Ello requiere la modificación de la Ley del Sector Eléctrico del año 1997 para salvaguardar algunos aspectos de protección del consumidor, que requiere rango legal, así como la modificación del Real Decreto 1995/2000.
Por último, en esta materia es objetivo de este Gobierno fomentar el desarrollo y despliegue de las redes eléctricas inteligentes y de los dispositivos domésticos que permitan la gestión voluntaria de la demanda a través del suministro de información sobre los consumos en tiempo real. La utilización de contadores inteligentes contribuye, en opinión de este departamento, a la participación activa de los consumidores en el mercado de suministro de electricidad y la telegestión constituye una parte fundamental en el desarrollo de las redes inteligentes, permitiendo, entre otras cosas, la telelectura de los equipos. En definitiva, nuestra política será una política de equilibrio energético contando con todas las fuentes de energía existentes, en aras a la consecución de un desarrollo sostenible que proporcione bienestar al consumidor, competitividad a las empresas, con garantía de suministro y salvaguardia del medio ambiente. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, se ha de saber que cuando se active el interruptor de la luz y se encienda la luz, el coste que eso comporte será un coste razonable para el consumidor.
Finalmente, dentro del capítulo de la energía, no quisiera terminar sin hacer una reflexión sobre la producción y la situación actual del carbón. Cuando la demanda de energía eléctrica fue elevada, cuando el ciclo económico lo permitía, había un auge y un bum económico en España, no hubo problemas para mantener la actividad de las minas, ya que las centrales térmicas de carbón autóctono vendían su energía a precios superiores a las de ciclo combinado, de carbón de importación, manteniendo una actividad suficiente. Sin embargo, como saben ustedes, señorías, en el año 2008 se inicia un descenso de la demanda eléctrica, que motivó el cese de la actividad en las minas españolas, ya que las centrales de carbón nacional se vieron desplazadas por quienes ofertaban en el sistema un precio menor, lo que, unido a que las energías renovables de régimen especial accedían crecientemente al sistema con preferencia, motivó la mínima extracción del carbón. ¿Cuál es la situación a día de hoy? En primer lugar, el carbón nacional o autóctono ha perdido en España el protagonismo energético del que gozaba y, en segundo lugar, el mantenimiento y la explotación de las centrales térmicas que queman carbón nacional no es rentable de cara a las compañías operadoras, especialmente por la reducción de la demanda de electricidad.
Por todo ello se desarrolló un procedimiento a fin de evitar la paralización de las mismas, ya que las centrales que quemaban carbón autóctono, ante la crisis y la menor demanda de energía eléctrica, no conseguían vender su energía, ya que especialmente las centrales de ciclo combinado podían ofrecer mejores precios al quemar carbón importado más barato.
Esta situación produjo un stock de carbón y los correspondientes expedientes de regulación en las minas y la industria auxiliar del transporte. Todo ello dio lugar a las ayudas al carbón autóctono, ya que suponían un mayor coste al sistema, pero eran ayudas del todo necesarias para paliar los efectos económicos y sociales de esta situación. Es opinión del Gobierno, y así lo traslado a sus señorías, que el cierre de las centrales que consumen carbón autóctono y de las minas que lo suministran se debe evitar a toda costa, para que cuando se recupere la demanda de energía eléctrica -la recuperación vendrá con el crecimiento económico-, que actualmente ha decrecido por esta situación, no exista la imposibilidad real de abastecimiento de energía eléctrica en el territorio nacional. Es por tanto de interés público su mantenimiento.
Paso, señorías, a informarles en relación con las responsabilidades de este departamento en materia de turismo, desempeñadas por la Secretaría de Estado de Turismo.
Se trata de un sector crecientemente importante en la economía mundial, un 5 por ciento del producto interior bruto mundial, un 4 por ciento del empleo directo, un 8 por ciento del empleo inducido, un 6 por ciento de las exportaciones totales a nivel mundial y un 30 por ciento si consideramos solamente las exportaciones de servicios. Dentro de la economía española su importancia es aún mayor. De acuerdo con los datos disponibles, el turismo representa un 10,2 por ciento del producto interior bruto de España en el año 2010, lo que supone un ligero incremento respecto a la participación relativa que tenía en el año 2009.
Previsiblemente, esta participación mejorará cuando conozcamos los datos de contabilidad nacional para el año 2011 y habrá mejorado en función fundamentalmente de los buenos resultados del sector a lo largo del pasado año. Aproximadamente llegaron a España 57 millones de turistas internacionales; ello supuso un incremento del 8,1 por ciento en el gasto de turistas, alcanzando la cifra de 53.000 millones; ello supuso un incremento del 0,9 por ciento en el empleo que genera el sector, serio contraste con la evolución de este indicador si lo comparamos con el resto de la economía española. Por todo ello, el Gobierno no tiene duda, el turismo está llamado a jugar un papel singular en la recuperación económica. Ahora bien, esa evolución favorable no puede ocultar algunos de los problemas y retos presentes y futuros que tiene el sector -afrontamos un deterioro en los niveles de renta disponible de las economías de los países emisores, cada vez asistimos a un mayor grado de competencia por parte de nuestra competencia, cada vez se da una mejor oferta en el mundo, cada vez hay una mejor calidad y un creciente uso de las redes en el sector-, retos y problemas respecto a los cuales anuncio que el Gobierno ya está actuando con determinación. Los operadores del sector -así lo he trasladado a sus representantes en distintos encuentros que he mantenido con ellos a lo largo de las últimas semanas- saben que tienen todo el apoyo del Gobierno de España, un apoyo tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Para ello ya tenemos en marcha una serie de reformas en distintas direcciones. En primer lugar, la reorientación de nuestros esfuerzos de promoción con un plan adecuadamente segmentado por mercados emisores y por tipología de turistas, haciendo un uso intensivo de las redes, más efectivas y económicas que las campañas convencionales; estas últimas, en efecto, se desarrollan en soportes cuya rigidez limita la capacidad de cambio, la capacidad de reacción y la capacidad de respuesta en un entorno que se mueve a un ritmo creciente. En segundo lugar, en relación con los mercados emisores, trabajamos ya en un aumento de la penetración de turistas potenciales procedentes de economías emergentes, con un poder adquisitivo creciente y, en todo caso, superior al poder adquisitivo medio del visitante tradicional que consume turismo en España.
En esta materia, anuncio que trabajamos en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que la expedición de visados turísticos a estos potenciales visitantes no siga siendo una restricción a nuestra capacidad de competir, sobre todo frente a destinos sustitutivos del nuestro que en esta materia han desarrollado políticas más flexibles, que se han traducido en aumentos importantes en los flujos turísticos procedentes de tales mercados.
En lo que respecta a la oferta, nuestro acento se pondrá en la necesaria actualización y rehabilitación de aquella porción de la oferta alojativa y complementaria que ha quedado desfasada, obsoleta y fuera de mercado. Con relación al esfuerzo de nuevas inversiones que en muchos núcleos y municipios de España han hecho los promotores para disponer de una oferta más atractiva, el Gobierno desea poner de manifiesto que tal tarea de rehabilitación de la oferta, en el componente privado de la misma, es algo que atañe en exclusiva a los empresarios, a las empresas, a los operadores y a los promotores del sector. En otras palabras, el Gobierno no tiene ninguna intención de decir a los operadores lo que tienen que hacer, lo que tienen que invertir, cómo invertirlo, cuándo invertirlo, cuánto invertir o dónde invertir; eso es algo que debe entrar en la esfera de la libre decisión de las empresas, no es un asunto del Gobierno. Ahora bien, el Gobierno sí que puede y debe desempeñar una función importante a la hora de procurar los marcos legislativos, administrativos, normativos y reglamentarios para que los esfuerzos de inversión en rehabilitación que quieran ser llevados a cabo por el sector privado puedan hacerse dentro de un marco regulatorio claro, competitivo, flexible e incentivador de las inversiones generadoras de empleo. Desde el Gobierno ofrecemos ir de la mano en ese empeño; ofrecemos trabajar juntos con el sector, sabiendo que cada una de las partes ha de jugar su propio papel. Las empresas turísticas habrán de innovar, buscando nuevas respuestas, prestando servicios turísticos avanzados y adaptándose a las nuevas demandas, valorando las nuevas preferencias y delimitando las expectativas de los usuarios, con la creación de una oferta diferenciada y atractiva; ahora bien, nadie mejor que las empresas y los operadores saben qué hacer y cómo. Las administraciones públicas, por su parte, deben disponer políticas eficaces, ser capaces de mejorar la competitividad del sector y priorizar acciones en un marco de austeridad, para lo cual anuncio que ya estamos elaborando un plan integral de turismo en colaboración con los representantes del sector y de las comunidades autónomas, un plan que reconozca al sector la importancia que tiene, que contemple el turismo como una actividad transversal en la que exista coordinación entre los distintos niveles administrativos del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales; una estrategia en la que haya también coordinación interadministrativa.
En lo que respecta a la oferta, profundizaremos en el uso de una de nuestras principales fortalezas, la marca España. La marca España es plenamente compatible con el desarrollo y promoción de la diversidad y riqueza que singulariza y define a las distintas partes y territorios de España. Señorías, en opinión del Gobierno, cuando vendemos nuestras bondades y fortalezas locales, autonómicas y regionales, la marca España no solo no resta, la marca España suma, la marca España atrae, la marca España prestigia y además añade valor. En el Gobierno valoramos mucho la fortaleza de la marca España y por eso le damos una importancia especial, importancia como paraguas de la política de promoción turística, cualquiera que sea el ámbito territorial que se considere. Una marca como la nuestra, señorías, eficiente y eficazmente utilizada, puede convertirse en uno de los más importantes activos de nuestro sector, una de nuestras bazas más potentes para la recuperación generadora de empleo. Señorías, en todo ello ya estamos trabajando en paralelo a otro tipo de ámbitos que también tienen que ver con la recuperación y mejora de la participación del sector turístico en la economía.
Finalmente, entro en el capítulo de las telecomunicaciones. Este es uno de los ámbitos donde mayores cambios se han producido en la economía mundial y en la economía española a lo largo de los últimos años. Las nuevas herramientas, los nuevos soportes configuran una nueva realidad económica, cultural y social. Vivimos una auténtica revolución en materia de comunicaciones, un cambio profundo de consecuencias predecibles en algunos casos y poco predecibles a día de hoy en otros ámbitos. El ritmo de los cambios es vertiginoso y están transformando hábitos, actitudes y estados de opinión tanto de las personas como de organizaciones públicas y privadas. Señorías, ante tales cambios podemos permanecer impasibles, como si nada pasara, o movernos y adaptarnos al nuevo terreno, a las nuevas reglas, a los nuevos escenarios. Si nos adaptamos al cambio, el éxito no estará ni mucho menos garantizado; lo que sí es seguro es que si permanecemos estáticos ante el cambio el fracaso estará asegurado. Señorías, la opción del Gobierno es clara, es inequívoca, es irreversible. Ante los profundos y rápidos cambios en las comunicaciones, nuestra apuesta para la sociedad española es impulsar transformaciones y reformas necesarias para aprovechar al máximo las ganancias de competitividad derivadas de un uso eficaz y eficiente en las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de las distintas herramientas de las que nos provee la sociedad de la información, todo ello contribuyendo también a sentar las bases para una recuperación sostenible.
Por todo ello, señorías, anuncio que mi departamento trabaja ya en reformas para, en primer lugar, operar cambios regulatorios que aumenten la inversión en redes, debido a la necesidad de mejorar y ampliar la capacidad de competir globalmente por parte de la economía española. Esos cambios regulatorios tendrán en consideración que la competitividad hoy no solo tiene que ver con el tamaño, no es solo una cuestión de ser más o menos grandes, hoy lo importante en materia de comunicación es sobre todo ser más rápido que los demás. La restricción actual es el tiempo, señorías, y por tanto minimizar tal restricción será una función objetivo de las reformas que tiene en marcha este departamento. Señorías, si deseamos mejorar la competitividad de la economía española no podemos quedarnos rezagados en esta carrera. El Gobierno lo sabe. Por eso ya tenemos en marcha reformas para que aumente el número de ciudadanos con acceso directo a conexiones en red de 100 megabytes por segundo. Esas reformas, que ya están en marcha en el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, van encaminadas a los siguientes objetivos: en primer lugar, a aumentar la competencia real en el sector, disponiendo de marcos claros y de aumento en la igualdad en el acceso a los distintos servicios para disminuir así la brecha digital; en segundo lugar, impulsar las smart cities para aumentar la eficacia y la eficiencia de los distintos servicios al ciudadano mediante el uso intensivo de las redes; en tercer lugar, el ministerio será especialmente beligerante respecto a la eliminación de todo tipo de trabas, restricciones y frenos que artificialmente limitan hoy las inversiones en redes. La Administración digital es también un factor clave de la competitividad. En cuarto lugar, anuncio que ya trabajamos en la mejora de la gestión del espectro radioeléctrico. El objetivo es aumentar el ritmo de implantación de las redes de la cuarta generación e Internet móvil de alta velocidad. En definitiva, señorías, nuestra agenda reformista en materia de telecomunicaciones supone aumentar el uso de las tecnologías de la información y telecomunicación, aumentar el uso de las distintas herramientas de la sociedad de la información en la vida cotidiana de los ciudadanos y de las empresas, todo ello dentro de la Agenda digital europea.
Finalmente quiero hacer dos apuntes adicionales en materia de telecomunicación. El ministerio trabaja conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia al objeto de buscar una solución al problema suscitado entre clubes de fútbol y emisoras de radio, con el fin de posibilitar las retransmisiones de los encuentros deportivos. Sabemos que esta no es una cuestión fácil, pero asumimos el compromiso de solucionar este problema sobre la base de la defensa del interés general. La segunda reflexión, señorías, es que el Consejo de Ministros ya ha aprobado, como saben ustedes, el anteproyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, con el fin de flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de las televisiones autonómicas. Hoy este anteproyecto se encuentra en fase de información por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y del Consejo Económico y Social, así como de los distintos agentes y operadores del sector. Se trata de una modificación orientada a facilitar la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Para ello se suprimen determinadas limitaciones existentes en la vigente ley respecto a la cesión a terceros de las funciones de producción y de edición. El Gobierno ya trabaja en la elaboración de una agenda digital española que incluya todos los aspectos a los que me he referido con anterioridad, que, en todo caso, estará dentro del marco de la Agenda digital europea, todo ello en el marco de una nueva ley general de telecomunicaciones en la que ya trabaja el Gobierno.
Concluyo. Señorías, nadie en el Gobierno de España ignora las dificultades de partida que afrontamos a lo largo de esta legislatura para remontar la situación. Es una situación de partida ciertamente adversa; así nos lo han mostrado distintos informes del Fondo Monetario Internacional y más recientemente incluso del propio Banco de España. A pesar de ello, señorías, en el Gobierno de España tenemos el convencimiento pleno de que nuestras fortalezas como economía, como sociedad, como nación rica y plural son más potentes que cualquier tipo de obstáculos que podamos encontrar en el camino de la recuperación. Será un camino largo, lo sabemos; será un camino a veces ingrato, lo asumimos; pero, señorías, permítanme decirles que el camino de la recuperación será al propio tiempo un camino claro, un camino irreversible, un camino sin retorno, un camino sin vuelta atrás. La sociedad española ha hecho una apuesta inequívoca por un cambio en su ciclo económico, un cambio para sustituir recesión por crecimiento, un cambio para sustituir generación de paro por creación de empleo, un cambio para sustituir sequía de crédito por liquidez, un cambio para sustituir trabajo precario por empleo estable. Todo ello fundamenta, señorías, las reformas en marcha y también las que están por venir, dentro de las cuales se insertan todas aquellas a las que me he referido en materia industrial, turística, energética y también de telecomunicaciones, todas impulsadas por el departamento cuya dirección tengo encomendada, pero con el convencimiento de que las aportaciones, las sugerencias y las propuestas de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara pueden contribuir, y mucho, a mejorar tales propuestas y también a perfeccionarlas. Siempre estaremos abiertos a los acuerdos y propuestas en cualquier dirección que ayuden a sentar las bases para una recuperación sostenida del crecimiento generador de empleo en España.