Si bien son extraordinarias las perspectivas para el empleo, donde se prevé una creación de 3.500 puestos de trabajos directos y hasta 12.000 indirectos, las implicaciones relacionadas con el suelo y entorno adquieren altos niveles de preocupación.
La implantación prevista de la fábrica de celdas de baterías para coches eléctricos de Seat y Volkswagen previsiblemente culminará en el año 2026 en la Comarca de Camp de Morvedre, con 44.428 habitantes (2019); y sus expectativas ya son reflejadas por el mercado inmobiliario, que en su capital -Sagunto- marca un 11% de incremento en el precio de viviendas para compra.
Así, los planes de instalación de una Gigaplanta de 2 millones de m2 en el Parque Sagunto II, que cuenta con 568 hectáreas, y en la que la Compañía Volkswagen movilizará 10.000.000.000 € y 500.000.000 € Iberdrola -además de 620.000.000 € de ayudas públicas que también recibirá el proyecto- tropieza con la oposición de los técnicos municipales por la saturación del espacio disponible si debe anexarse el campo de captación solar.
Por su parte la inversión de la automovilística tiene como condición necesaria que la energía consumida sea renovable, y siendo así la rentabilidad del suministro depende en gran medida de su proximidad al punto de consumo, tanto por el coste de los tendidos como por las pérdidas debidas al transporte de la energía.
Es este aspecto de ventaja económica en el coste de la energía el que decanta la preferencia del suministrador -Iberdrola- por ubicar la "fabrica solar" próxima al punto de consumo.
También es precisamente este el punto de controversia con los informes de los técnicos municipales, por cuanto la ocupación para instalar los paneles fotovoltaicos en áreas próximas supone una afectación que anularía los usos actuales del suelo, incluso los destinados a la tradicional agricultura de naranjos.
Para el equipo técnico, dar luz verde a la saturación también puede provocar un agravio comparativo y mal precedente, por cuanto otras grandes empresas de Sagunto, intensivas en el consumo eléctrico como Sidmed -hoy Arcelor- , también podrían optar a instalar placas fotovoltaicas fuera de sus parcelas.
La argumentación técnica estima que la necesidad de proximidad no es tal, por cuanto la electricidad de origen renovable puede producirse remotamente y que el interés es puramente económico, sencillamente para obtener un ahorro y desconsiderando aspectos básicos de respeto al medio. Por ello, se opone a la que considera invasión del territorio:
“Si no es necesario o imprescindible dicha cercanía para la implantación de la gigafatoria, y atiende sólo a un criterio económico de conveniencia o ahorro en la factura energética del promotor, entonces el pronunciamiento municipal solo puede ser desfavorable a dichos ámbitos de fotovoltaicas planteados.”
En pleno shock de incertidumbre, otras voces avisaron a navegantes, haciéndose público Manifiesto Renovables, o una Cataluña a la cola promovido por un grupo independiente de personas de la sociedad civil (académicos/as, expertos/as, activistas, comunicadores/as, etc.). En estos días asistimos a profusión en la creación de hilos en Twitter en este sentido.
Por otra parte y a contrario sensu, profesionales del desarrollo científico han promovido la difusión de su Carta abierta a la UE: Biodiversidad sin excusas.
En un primer momento la Generalitat Valenciana salió al paso de esta oposición local, enfatizando su carácter meramente consultivo y tranquilizando a los inversores de las multinacionales. Sin embargo, tras cuatro ceses en la Conselleria de Transición Ecológica y una disputa en la conselleria de Política Territorial, parece haber adoptado una actitud más conciliadora y proactiva :"Las renovables son la solución, no el problema”, anunciando Ximo Puig este martes 13/12 el compromiso de una planificación territorial conjunta al plantear la creación de un mapa para priorizar suelo en el que instalar las plantas solares y eólicas.
El estudio, que se llevará a cabo a entre enero y abril de 2023, tendrá en cuenta criterios paisajísticos, medioambientales, industriales, patrimoniales, y de dotación de redes eléctricas; así como la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana.
Colectivos de afectados por el proyecto tanto en suelo vasco como francés se concentraban en distintos puntos de la costa, en concreto, en los lugares por donde el enorme cable de muy alta tensión entraría en el mar a ambos lados de la frontera.
El Grupo sectorial de EE.RR. del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ha solicitado «auxilio» ante la «falta de planificación en esta acelerada invasión de centrales eólicas y fotovoltaicas» en toda la provincia y, en general, en la España vaciada.
Publicada Resolución 72/2022 exceptuando de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental a determinados proyectos de generación de energía.
