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II Entrevista a D. Javier García Breva, Presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA

10-10-09
Carlos Mateu
3495 Lectores
II Entrevista a D. Javier García Breva, Presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA
Tras la enmienda presentada por CIU y PSOE en la Ley SOCIMI en la que se trata de suprimir el Registro en las Renovables, D. Javier, nos ofrece esta interesante entrevista, con vistas a conocer su opinión de qué sucederá con la fotovoltaica.

Buenos días Javier:

Agradecemos contar con tu presencia nuevamente en nuestro foro de entrevistas dirigido a personalidades y expertos del sector fotovoltaico, con vistas a conocer tu opinión respecto a la supresión operada por CIU y PSOE del Registro de Preasignación derogándose el artículo 4 del reciente Real Decreto ley 6/2009 por el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables (excluida la fotovoltaica): tecnología eólica, solar termoeléctrica, biogás y cogeneración.

El pasado día ocho de octubre narrabamos a nuestros lectores la enmienda presentada por CIU y el PSOE al Real Decreto 6/2009. Nos han sorprendido los comentarios que esta mañana los periodicos de La Vanguardia y el Pais hacian sobre la presente enmienda.

P. ¿Qué opinión le ha causado lo que los medios de prensa comentan al respecto?

R. Si, ciertamente preocupa todo lo que se está comentando. Aquí, lo que se votaba era la Ley de Sociedades cotizadas de inversión para el mercado inmobiliario, (Ley Socimi), una ley que nada tiene que ver con el sector de las renovables. Es extraño que CIU incorpore en esta Ley Socimi una enmienda que tiene por objeto suprimir el artículo 4 del Real Decreto Ley 6/2009, que la misma CIU voto a favor meses antes, en el mes de mayo. Resulta que los mismos partidos políticos que votaron la creación de un Prerregistro para las renovables, la fotovoltaica ya lo tenía desde el RD 1578/08, cinco meses después votan lo contrario aprovechando una moción del Senado, en una Ley que nada tiene que ver con la temática tratada.

Sinceramente, todo esto es una demostración de que las renovables no están todavía entre las prioridades de las agendas de los políticos.

Ello demuestra que los criterios con respecto a las renovables siguen dentro de lo que la propia Comisión Europea ha denunciado como inestabilidad regulatoria; es decir, una norma que se aprueba hace cinco meses, se modifica cinco meses después para volver a modificarla tres meses más tarde. Considero que la incertidumbre que creó el artículo 4 del Real Decreto Ley 6/2009 aprobando el Registro, se elimina creando otra incertidumbre mayor, que consiste en que dentro de tres meses el Ministerio de Industria habrá de promulgar un nuevo Real Decreto para establecer la nueva retribución del Régimen Especial y no sabemos exactamente bajo qué criterios se va a elaborar ese nuevo Real Decreto, con lo que se está creando una importante alarma en todos aquellos proyectos, sobre todo de termosolar y eólica, que ya están lanzados y no saben exactamente qué retribución van a tener a partir de esos tres meses.

Con respecto a la fotovoltaica, uno de los argumentos que se han  dado es que el establecimiento de un sistema de registros y de cupos evidentemente cercenaba las competencias autonómicas. Si tenemos presente que el desarrollo de las energías renovables en España ha sido  fundamentalmente impulsado desde las políticas de los Gobiernos regionales y autonómicos y que la facultad de autorizar los proyectos de las renovables ha residido en las Administraciones Regionales, el sistema de registro y cupos planteaba la duda de si se están de alguna manera restringiendo competencias autonómicas. De hecho, me consta que algunas administraciones regionales estaban estudiando la posible inconstitucionalidad del Registro que se crea en el Real Decreto Ley 6/2009. Creo que este es un argumento esgrimido por CIU.

Si eso es así, los motivos que han llevado a suprimir el Registro del 6/2009, están igualmente presentes en la posible inconstitucionalidad por restricción de las competencias autonómicas en el Registro y en el sistema de cupos que se crea por el Real Decreto 1578/08 para la fotovoltaica.

Si los partidos politicos quieren ser coherentes, la misma razón que tienen para suprimir el Registro del Real Decreto Ley 6/2009 la hay para suprimir el Registro del Real Decreto 1578/08. Nuestro ordenamiento jurídico consagra el principio constitucional de Equidad.

P. Algunas informaciones dadas por prensa, cómo el Diario de La Vanguardia de hoy sábado, señalaban que "CIU y PSOE ponen freno a la especulación a las renovables" ¿que opina de esa información?

R. Esta información, que a todos nos ha sorprendido, no solo me parece totalmente equivocada, sino que es necesario matizarla: La especulación en el caso de la fotovoltáica, como en el caso de la eólica y de la termosolar, ha venido impulsada desde la propia norma. En el caso de la fotovoltáica, el Real Decreto 661/07, estableció una prima muy alta y un objetivo que prácticamente se había conseguido en el momento de la publicación de éste. Y además, establecía un periodo de doce meses durante el cual toda la fotovoltáica que se conectara en ese periodo tenía dicha retribución alta que marcaba el citado Real Decreto, y a partir de esos doce meses la norma establecía que la retribución sería cero, con lo cual el Real Decreto 661/07 contenía ya todos los ingredientes que dieron lugar a la burbuja de proyectos, de compraventa de derechos, de importación de equipos porque la industria nacional no podía abastecer tal aluvión de proyectos y de incremento de costes. Es decir, el propio marco legislativo promovió la especulación con los proyectos de energías renovables. Eso mismo ha pasado en el Real Decreto Ley 6/2009, en su artículo 4, al conceder  un mes para que todos aquellos que quisieran incluir proyectos en el Registro del Ministerio los incluyeran, por lo que se provocó otro aluvión de proyectos de termosolar y de eólica. Por lo tanto, en cuanto a la especulación, hay que ser más concretos y rigurosos y analizar por qué se ha producido, ya que las señales que han dado lugar a esta especulación, como digo, estaban ya en la propia norma aprobada por el Ministerio de Industria, tanto en el Real Decreto 661 para la fotovoltaica, como en el Real Decreto Ley 6/2009 para la termosolar y la eólica.

Evidentemente, cuando se dice que los partidos políticos quieren poner freno a la especulación de las renovables lo que están reconociendo es el gran fracaso en la regulación de las renovables.

Se han producido grandes errores regulatorios que evidentemente no se reconocen pero que están en el transfondo y en el origen de la maraña especuladora.

P. ¿Qué opina de que a colación de todo esto, los medios de prensa y sectores de opinión aprovechen para decir que las renovables son muy caras, que no son soportables en las tarifas, y que por tanto hay que frenar las renovables?.

R. Pues me posiciono totalmente en contra. Quiero dejar claro que el consumo de los hidrocarburos, a cada ciudadano que vive en España, nos cuesta veinte veces más que el consumo de renovables. Esto hay que tenerlo muy claro para saber dónde nos encontramos. Por ejemplo, va a ser costosísimo tanto para las tarifas como para el deficit tarifario todo lo que está pasando con el carbón : los nuevos propietarios de las grandes empresas energéticas de este país ya no quieren comprar carbón nacional. Es un tema que es ajeno para las renovables y sin embargo va a ser uno de los costes de la tarifa más importantes para el año que viene. Los hidrocarburos no contabilizan los costes de sus emisiones de CO2 en la tarifa, ni contabilizan el coste de las importaciones energéticas de gas y petróleo que tenemos que comprar de fuera, sin embargo lo tenemos que pagar todos los consumidores que vivimos en España.
P. Respecto a este interesante tema que nos planteas ¿existe algún cálculo del citado coste? 

R. Sí, mi cálculo del coste que supone para cada ciudadano el consumo de hidrocarburos, carbón, petróleo y gas, es que nos cuesta veinte veces más que el consumo de las renovables. Si dividimos el coste de nuestras importaciones energéticas y el coste de las emisiones de CO2 por el número de habitantes y lo comparamos con el coste de las primas de las renovables nos da ese resultado. Y este es realmente el modelo energético que tenemos, y hemos de dejarlo bien claro porque se están lanzando, a raíz de este acuerdo del Senado, ideas que simplemente están poniendo otra vez sobre la mesa prejuicios que contra las renovables se han establecido desde distintos foros, incluso desde algunas administraciones públicas.

P. Hay una cuestión de la que nadie habla en estos ámbitos parlamentarios, sobre la nueva Directiva de renovables para la simplificación de las barreras administrativas. ¿Qué nos puedes señalar respecto a esto?     

R. Efectivamente, desde el pasado 25 junio, ha entrado en vigor la nueva Directiva comunitaria de renovables 2009/28/CE que tiene, en su espíritu y en su letra, un objetivo absolutamente prioritario en la eliminación de las barreras que impiden el desarrollo de las renovables en toda la Unión Europea, y la primera barrera que trata de eliminar la nueva Directiva es el riesgo regulatorio, es decir, el constante cambio normativo que afecta al desarrollo de las renovables. Dicho de otra manera, en España las energias renovables desde el año 2006, están sometidas a una situación de riesgo regulatorio, de cambio constante de la norma y de las reglas de juego que hace prácticamente muy difícil hacer renovables en España, y todas estas restricciones normativas, que arrancan desde el Real Decreto 661/07, el 1578/08, y el ahora derogado artículo 4 del Real Decreto Ley6/2009, realmente van en contra del espíritu de la nueva Directiva. Lo que realmente plantea el espíritu del actual marco normativo de la Unión Europea es la simplificación administrativa, y aquí, por el contrario, vemos que cada nueva norma que se aprueba supone añadir nuevas barreras a la tramitación administrativa de los proyectos de renovables. Considero que cualquier Decreto que se promulgue a partir de ahora, deberá ajustarse al espíritu y a la letra de la Directiva de Renovables 2009/28/CE, es decir deberá contribuir a simplificar la tramitación administrativa, a dar estabilidad regulatoria al sector, y a facilitar normas públicas y transparentes de conexión a red de las energías renovables, y no a lo contrario.

P. En relación a esta falta de seguridad jurídica que sufre el sector de las renovables, ¿que harán de ahora en adelante, o como se comportarán, las entidades bancarias y crediticias en relación a financiar en lo sucesivo proyectos de renovables.?

R. Aparte de los problemas que tengan las entidades financieras para  financiar proyectos renovables he de decir que si existe algún sector en el que éstas quieran invertir es el de las renovables. Este es un hecho que no sólo ocurre en España sino en el mundo entero.

Es el sector más atractivo para la financiación. Lo que sucede es que la  situación de riesgo regulatorio, es decir el "no sé que norma se va a publicar dentro de tres meses" o "qué retribución me van a conceder dentro de tres meses", genera una inseguridad que ahuyenta las inversiones y no favorece la financiabilidad de los proyectos. ...

Esa incertidumbre que genera la decisión que se ha tomado en el Senado, evidentemente va a  dificultar la financiabilidad de los proyectos, que para las renovables precisa de estabilidad regulatoria, justamente lo contrario de lo que estamos viviendo y sufriendo en estos últimos años. 

P.- ¿Existe algún indicio de que los partidos políticos supriman el Registro de Preasignación de la fotovoltaica?

R. Si CIU y PSOE fueran coherentes con las razones que han esgrimido en el Senado, solicitarían  la supresión del Registro de Preasignación de la fotovoltaica. Eso está clarísimo. Cosa distinta es que lo hagan o no lo hagan.

Creo que en este momento los problemas tarifarios están complicados por el problema del carbón precisamente, y me imagino que lo que estarán dilucidando ahora es si se quiere hacer renovables o no, si se va a continuar con la política restrictiva de intentar limitar la conexión de nuevos proyectos renovables, o van a impulsar un mayor crecimiento de las renovables. Me remito en este tema a lo que dice la Directiva de Renovables, que obliga a España a multiplicar por tres  todo el esfuerzo que se ha hecho  en los últimos 25 años, es decir, si estamos en un consumo del 8% de renovables, para llegar al 20% en 2020, como nos obliga la Directiva, hay que incrementar significativamente los objetivos de todas las tecnologías y ello parece incompatible con el sistema de cupos y registro.

Este objetivo necesita una normativa más estable y que favorezca el desarrollo de las renovables. La decisión que deben de tomar los políticos es si realmente se quiere cumplir con estos objetivos que son obligatorios ya para España, o se quiere diferir el cumplimiento de los mismos para los últimos años de la próxima década, lo cual a mí, sinceramente, me parece suicida, ya que si todo va bien en la próxima Cumbre de Copenhague que tendrá lugar en diciembre, van a aprobarse unos objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de CO2 y al día de hoy, España tiene muy pocos instrumentos para cumplir eficazmente con esos compromisos, que no sean, en primer lugar, desarrollos masivos en energías renovables.

P. ¿Qué sucederá con los que están aguardando en lista de espera para entrar en próximas convocatorias del Registro de Preasignación del Real Decreto 6/2009?

R. Sinceramente se han quedado en situación de espera, a ver qué Real Decreto promulgará el Ministerio dentro de tres meses.

Se puede decir que la fotovoltáica tiene ahora mismo mejor situación que el resto de las tecnologías. El resto de renovables han perdido su mercado hasta saber qué nuevo marco establecerá el Ministerio.

P. Por lo que nos comentas el sistema de Registro de Preasignación y cupos es absolutamente incompatible con lo que establece la Directiva de Renovables,...¿cómo se debería hacer la regulación?

R. Nuestro legislador debería regular vía precios, es decir establecer una tarifa más baja que la actual y sobre la que se compitiera vía precios, no por otros mecanismos. Establecer una prima que fuera la correcta. Eso no se hizo en el Real Decreto 661/07, se ha tardado mucho tiempo en corregirlo, y yo creo que seguimos en una situación en la que el sistema del Registro sólo tiene como objetivo principal  el de retrasar y restringir al máximo la nueva conexión de kilowatios fotovoltaicos.

Según los datos ofrecidos por la CNE, hasta el pasado mes de agosto solo se han conectado cinco nuevos megawatios de fotovoltaica, lo que supone una desproporción gigantesca comparada con los datos del año pasado. Realmente no sabemos si lo que se pretende es racionalizar un sector, o practicamente liquidarlo. Creo que esto sí merece una reflexión seria, la racionalización no debe hacerse vía cupos sino exclusivamente vía precios, ya que enmarañar más la tramitación administrativa conduce a lo que ha pasado ahora: a que en el Senado se elimine un Registro, a que se espere la promulgación de  un nuevo Real Decreto dentro de tres meses, y que estemos prácticamente cada seis meses esperando un cambio normativo... Eso simplemente es una mala regulación y no constituye la mejor política de renovables.

Muchas gracias Javier. Es un placer contar una vez más con tu presencia en nuestra sección de entrevistas. Esperemos que el legislador sepa escuchar las opiniones de expertos tan coherentes como la tuya. que además representa el sentir de un gran colectivo.  Esperamos volver a contar pronto con tu presencia.

Desde este lugar de entrevista y de encuentro ponemos a disposición de nuestros lectores la posibilidad de efectuar cualquier consulta relacionada con la labor de APPA en pro del sector fotovoltaico.

 

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