El gobierno español pierde su primer arbitraje internacional tras los recortes retroactivos.

El gobierno español ha perdido su primer arbitraje internacional en el CIADI, órgano de Arbitraje del Banco Mundial, que tiene su sede en Washington. El laudo da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y a su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que sufrieron unos drásticos recortes retroactivos impuestos por el gobierno español en sus sucesivas reformas del marco regulatorio que dio origen a estas inversiones.

Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.

A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.

Sin embargo, el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; ahora, una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todos, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.