Compensación a los pioneros en las energías renovables del año 2007. Pregunta formal presentada ante Parlamento Europeo.

En virtud del artículo 138 del Reglamento interno del Parlamento Europeo los Europarlamentarios Diana Riba i Giner y Jordi Solè, del Grupo de  Verts/ALE, han formalizado cuestión requiriendo respuesta escrita ante la Comisión Europea.

La denominación Verts/ALE  se refiere al Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea (abreviado como Greens/EFA por su nombre en inglés, y, tradicionalmente, como Verts/ALE por su denominación en francés), siendo el quinto grupo más numeroso del Parlamento Europeo, con 73 diputados.

Reproducimos a continuación el texto presentado:

Asunto: Compensación a los pioneros en las energías renovables del año 2007.

En 2007, el Gobierno del estado español decide promover las energías renovables en el país y publica el RD661/2007 para instar a los ciudadanos a invertir en instalaciones fotovoltaicas, estableciendo unas primas que compensaban la inversión mediante una tarifa regulada, dado el elevadísimo coste de las inversiones por entonces.

Posteriormente, el RD1565/2010 elimina “con carácter retroactivo” el régimen de retribución, reduciéndolas hasta el 50% y excluyendo otras instalaciones después de 3 años de funcionamiento, generando enormes pérdidas o la ruina absoluta de 62000 familias pioneras en la transición energética que actualmente la Unión Europea considera imprescindible para su independencia energética. Familias que se sienten víctimas de una estafa de Estado, y que tuvieron limitadas sus posibilidades de reclamación ante el Gobierno español ya que no tuvieron acceso a tribunales internacionales, más imparciales.

¿Tendría la Comisión Europea potestad para exigir al estado español que revierta la retroactividad de esta normativa en una materia tan estratégica como la energía, para las familias que confiaron en una normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado?

¿Puede exigir al Estado que proceda a la compensación de las pérdidas ocasionadas a los particulares que basaron sus inversiones en un compromiso legal del Gobierno en 2007?

Como indica la normativa, por regla general, el destinatario responderá a las preguntas en un plazo de seis semanas a partir de su transmisión a aquel. No obstante, los diputados, los grupos políticos o las comisiones podrán designar cada mes una de sus preguntas como «pregunta prioritaria», que el destinatario deberá contestar en un plazo de tres semanas a partir de su transmisión a aquel.

Las preguntas y las respuestas, incluidos los correspondientes anexos a las respuestas, se publicarán en el sitio web del Parlamento.