Exigencia de medidas que garanticen la protección de la ciudadanía frente a las grandes empresas energéticas.

Las últimas semanas, en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, las grandes energéticas españolas anunciaban dividendos de miles de millones a repartir entre sus accionistas. A pesar de contar dicho sector con unas cuentas saneadas, será el Estado quien se hará cargo del déficit de tarifa, y la única medida propuesta por el sector para paliar los efectos de la crisis es retrasar el cobro de cuotas durante 6 meses. Amigos de la tierra denuncia esta situación, y exige al oligopolio energético que se haga cargo de estos costes, y que asuma la gratuidad del servicio para cubrir a la población más vulnerable.

En estos días se han anunciado los dividendos a repartir por las grandes empresas eléctricas y gasísticas, que distribuirán casi 5.500 millones de euros. La estabilidad que demuestra este sector en un momento de crisis como el actual acompañada además con medidas del Gobierno con las que se asumirá el déficit de tarifa, demuestra que los ingresos de estas compañías están asegurados. Además, las grandes empresas eléctricas también están aprovechando otras medidas de apoyo contra la crisis actual como es el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, donde empresas como Naturgy, Iberdrola o Red eléctrica ya están incluidas. Sin embargo, las grandes eléctricas españolas doblan en beneficios al resto de empresas europeas del mismo sector, según un estudio publicado por el Observatorio de sostenibilidad de 2018.

A su vez y a pesar de la grave situación que se está viviendo, tan solo se proponen medidas temporales para aplazar pagos, lo que en la práctica supondrá un aumento de cortes de suministro ante la imposibilidad de poder pagar la deuda generada durante estos meses. Amigos de la Tierra denuncia esta situación y exige la gratuidad de estos servicios para las familias vulnerables, donde sean las empresas del sector quienes asuman este coste.

La organización ecologista hace hincapié en que la situación social dista mucho de las escasas medidas anunciadas. Se está viviendo un aumento de la pobreza energética que tendrá mayores consecuencias una vez pasado el confinamiento. Amigos de la Tierra así como otras organizaciones que trabajan en este tema como la Alianca contra la Pobresa Energètica (APE) denuncian que las medidas impulsadas por el ejecutivo central son insuficientes. Si bien, la prohibición del corte de suministro durante el estado de alarma es fundamental, siguen sin resolverse los posibles impagos, así como la forma de reducir los costes energéticos para las familias vulnerables y personas afectadas por el covid-19, y su endeudamiento durante esta crisis.

Una forma muy concreta de avanzar hacia una sociedad den la que se cubran las necesidades humanas básicas, incluyendo alimentación y la electricidad en los hogares, junto a la equidad en el reparto de recursos, y enfrentar la crisis climática, será fortalecer el crecimiento de las comunidades energéticas en Europa. Se ha constatado que la energía comunitaria refuerza el bienestar social y económico de la comunidad al tiempo que reduce emisiones de C02 y preserva el medio ambiente. De esta forma proporcionan un modelo económico y socialmente sólido que aborda los desafíos actuales para construir un futuro sostenible y más justo, como así lo demuestran varios ejemplos.  En definitiva si la ciudadanía tuviese un papel activo en el sistema, produciendo su propia electricidad mediante las comunidades energéticas o el autoconsumo, podría afrontar mejor las situaciones de crisis.

El potencial de las comunidades energéticas locales ya ha sido reconocido por la UE en el Paquete de Energía Limpia a través de los conceptos de comunidades ciudadanas y de energías renovables. En este caso, el Gobierno de España, debe asumir las directivas europeas en esta línea y revisar sus legislaciones nacionales para asegurar su consonancia con éstas. De igual forma es necesario que paralelamente al desarrollo de esta legislación, se asegure de potenciar a las comunidades, tomando medidas correspondientes que faciliten un acceso adecuado a la red, el acceso a fuentes de financiación, así como los procesos burocráticos.

Amigos de la Tierra exige que las grandes energéticas se solidaricen con los colectivos más vulnerables, y sigan el ejemplo del resto de la sociedad asumiendo costes cuando contempla millones de beneficios, y al Estado que ponga en marcha medidas que garanticen la democratización de la energía y salvaguarden a la población ante la pobreza energética.