Decenas de organizaciones reivindican el derecho a la energía limpia para acabar con la pobreza energética

En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, alrededor de 30 organizaciones se unen un año más para exigir soluciones con varias actividades reivindicativas bajo el lema "La pobreza energética mata". Además, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Las organizaciones consideran que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y la calidad de vida. “En definitiva, en el derecho a una vida digna”, exponen. La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho. 

Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales. Para ello, las organizaciones exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética.

Las organizaciones recuerdan que en la Cañada Real llevan 500 días sin luz. No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida. En lugar de acceder por derecho, dependen de las condiciones de una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución que les facilita el acceso. 

Los altos precios de la electricidad, impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ponen en evidencia, a juicio de las organizaciones, el “obsceno funcionamiento del mercado eléctrico”, con un modelo marginalista que no tiene en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco “coste de oportunidad” en la fijación de sus precios. La escasa transparencia en la conformación de precios se produce por la elevada concentración de este mercado en muy pocas empresas (oligopolio) y su integración vertical en todas las actividades del sistema energético: generación, transporte o distribución y comercialización, lo que dificulta la entrada de nuevos actores como las comunidades energéticas o los agregadores de demanda. Además, el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que el Estado español forma parte, supone una gran barrera de cara a implementar medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y a asegurar el acceso a la energía de toda la población, ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado. Por ello, es imprescindible la salida inmediata del TCE.
 
Esto lleva a las organizaciones a exigir una decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético. También se debe adoptar la regulación adecuada y llevar a cabo la transposición inmediata de las Directivas Europeas de Mercado Eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios. Solo así se evitarán posiciones de dominio de empresas cuyos intereses económicos son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo (basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y en la concentración) por otro más eficiente, descentralizado, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios con un elevado valor social, como exige Europa. 

La raíz del problema de la pobreza energética sigue siendo la misma: 

• Un injustificado alto precio de la energía (precio que no responde a su realidad de costes, considerado como un producto de lujo cuando se trata de un servicio esencial y de un derecho instrumental a otros derechos fundamentales)
• La mala calidad de la edificación (ineficiencia energética del parque inmobiliario), barrera además insuperable en el caso de la población que vive en situación de pobreza energética, ya que suelen vivir en régimen de alquiler sin acceso a medidas de rehabilitación.
• Las bajas rentas de una gran parte de la población (*). 

Pero además, según los datos actualizados de la ‘Estrategia Nacional contra la pobreza energética’ para 2020, hay 5,2 millones de personas que no son capaces de mantener una temperatura adecuada con los criterios de bienestar en su vivienda durante el periodo invernal en nuestro país. Por ello, sus objetivos para 2025 son muy pobres, sobre todo para las personas que están sufriendo esta lacra social.

Por eso, un año más, las organizaciones reivindican:

1. Una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible.
2. Prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas e implementación del principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas, cumpliendo con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. 
3. Aplicación de medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro, con especial atención y prioridad a los hogares en situación de vulnerabilidad. Elaboración de un plan de acción para abordar un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor, que deben ser considerados como servicios básicos y obligatorios tanto para las viviendas en alquiler como en propiedad. Se trata de asegurar el derecho a vivir en hogares que proporcionen un adecuado confort térmico con la mínima demanda energética necesaria, asegurando que la calefacción y la refrigeración provengan de energías renovables, y con acceso asequible a electricidad y/u otra fuente de energía verde. 
4. La separación horizontal total y efectiva entre las actividades liberalizadas (generación, comercialización y agregación) y las reguladas (distribución o transporte) de energía, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales (permitiendo un oligopolio energético) para evitar la concentración de poder sectorial.
5. La inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas deben ser prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad. 

La emergencia climática obliga a realizar la transición energética de manera rápida y urgente, pero esta se debe llevar a cabo de manera participada, equitativa, inclusiva y democrática, con criterios medioambientales y de justicia social, y con un nuevo marco de generación de energía renovable accesible para todos los hogares al mínimo precio posible. 

Del Gobierno depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en el sistema energético. Es a quien corresponde crear y activar los marcos jurídicos y mecanismos económicos necesarios para asegurar que se pueda ejercer este derecho como lo indican las directivas de la UE. Y es a la propia ciudadanía a la que corresponde exigir a sus gobernantes que cumplan sus obligaciones de servicio público y básico para el interés común y la cobertura de las necesidades energéticas.

Las organizaciones llaman a la ciudadanía a participar en las actividades planificadas durante esta semana contra la pobreza energética (en el calendario adjunto), que culminan con una concentración este domingo para exigir el fin de la pobreza energética, bajo el lema “La pobreza energética mata”. 

¿Qué? Concentración contra la pobreza energética. 
¿Cuándo? Domingo 20 de febrero, a las 12:00.
¿Dónde? Lugar por determinar. 

(*) La última encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 indica que la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) es del 26,4% de la población residente en España.

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Más información: 

Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra): 680 936 327 · prensa@tierra.org
Roberto Herreros (Ecologistas en Acción): 617 026 432 ·  prensa@ecologistasenaccion.org
Ismael Morales (Fundación Renovables): 605 25 64 72 · ismael.morales@fundacionrenovables.org
Paz Vaello (Greenpeace): 646 423 857 · pvaello@greenpeace.org  pvaello@greenpeace.org
Rosa Fraga (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético): 655 641 926 

Listado de organizaciones: 

Ecologistas en Acción
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Greenpeace
Fundación Renovables
Amigos de la Tierra
CGT
EQUO Cantabria
AeioLuz
Stop Desahucios Móstoles
Plataforma contra la privatización del Canal Isabel II
Feministas por el Clima
Fridays for Future Madrid
Coordinadora Vivienda Madrid
CCOO
Anticapis
IU
CECU
Yay@flautas Madrid
ATTAC
Pensionistas Móstoles
SOCAIRE
Campaña No a los Tratados Comercio e Inversión
Asociación ALSHOROK