Vilajoana solicita amparo al presidente del Senado por el veto del Gobierno a dos enmiendas para proteger a los pequeños inversores de la fotovoltaica.

El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, ha presentado un recurso de amparo de cuatro folios ante del presidente de la Cámara, Javier Rojo, por el veto del Gobierno a dos enmiendas sobre la fotovoltaica al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad. Vilajoana ha subrayado que “si esta petición no llegara a prosperar CiU utilizaría todos los recursos de defensa a su alcance y presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con este veto el Gobierno ha demostrado su comportamiento, abusivo y arbitrario”.
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Las dos enmiendas, que formaban parte de un paquete de tres mejoras y que se deberían haber votado hoy durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Economía, incrementaban las medidas de protección para los pequeños inversos de las fotovoltaicas que “con el recorte de las primas decidida por el Gobierno pasarán por importantes dificultades”. Tal y como ha explicado Vilajoana, “se pretendía ayudar los pequeños inversores, en su mayoría agricultores, que habían aprovechado parte de sus campos para instalar energía fotovoltaica y habían pedido créditos basados en unos ingresos teóricos para los próximos veinticinco años. En total representan el 66% de las instalaciones afectadas y el 33% de la potencia instalada”.
La primera mejora, ante el recorte de las primas, instaba al Ejecutivo a dar la opción a aquellas instalaciones fotovoltaicas puestas en marcha con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 14/2010 del 23 de diciembre a asimilar su limitación de retribución permanente a su máximo histórico anual o a la media histórica del municipio en caso de no disponer de un histórico de un año. Paralelamente, para aquellas instalaciones con una potencia nominal inferior a 100 KW las horas equivalentes de referencia se incrementaban en 310 horas equivalentes y 430 horas equivalentes durante los años 2012 y 2013, respectivamente. Esta enmienda representaba un coste económico de 145 M€ durante el 2012 y de 202 M€ durante el 2013.
La segunda enmienda instaba al Ejecutivo a crear una nueva línea ICO para la financiación directa de las instalaciones fotovoltaicas afectadas por la reducción de la tarifa regulada establecida en el Real decreto 14/2010. De esta manera, tal y como ha indicado Vilajoana, “se evitaba la quiebra económica de las instalaciones fotovoltaicas gravemente afectadas, eliminando el riesgo que la banca española tenga que hipotecar los bienes que se utilizaron como garantía de los préstamos”.
Vilajoana ha destacado que “la decisión del Gobierno es claramente discrecional porque no ha vetado otras enmiendas en otras tramitaciones legislativas que tenían un coste similar o superior y afectaban a los Presupuestos”.