Rápido aumento de abusos a derechos humanos de empresas de energía renovable en América Latina
El Informe (In)justicia energética en América Latina pone de manifiesto los abusos en los modelos de gestión de energía renovable, que son alarmantes y conforman ya patrones claros de violaciones a los derechos humanos a la tierra, el territorio...
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Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable operando en América Latina están en aumento, de acuerdo con una nueva investigación del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Entre 2010 y septiembre de 2020, la organización documentó 502 casos de abusos corporativo, que implican más de 2, 300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable operando en 17 países en América Latina.
Se necesita urgentemente más regulación y vigilancia de los Estados e inversionistas, y una debida diligencia efectiva en materia de derechos humanos por parte de las empresas, para garantizar que se disminuyan los abusos y que la transición energética no conlleve serios daños en contra de las comunidades locales.
Resultados clave
Por sector
El reporte se enfoca en tres sectores de la energía renovable: hidroeléctrico, eólico y solar.
De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, el sector eólico del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento. El 2 por ciento restante son alegaciones generales relacionadas con la energía renovable.
Región/país
- Regional: México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), seguido de América del Sur, con 158 casos (32%).
- País: Honduras es el país con el mayor número de casos: 138 (28%), seguido de México con 136 casos (27%) y Colombia 67 casos (13%)
Tipo de abuso
El tipo de abuso más común son los abusos a la tierra y el territorio (478 alegaciones).
Los ataques contra personas defensoras (454 alegaciones, incluyendo 106 asesinatos, 110 denuncias de intimidación y amenazas) fue el segundo más común.
Violaciones a los derechos indígenas (324 alegaciones), el derecho al medio ambiente sano (281), y el derecho al consentimiento previo, libre informado (229 alegaciones) también fueron comunes.
Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo: "Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles. Aunque hemos observado algunos avances en materia de normativa, el número de casos y abusos que se recogen en este informe sugieren que las estructuras y las normas actuales son insuficientes para prevenir los abusos". Una «transición justa» en América Latina debe incorporar un marco de justicia energética para promover la participación real en el diseño y desarrollo de proyectos energéticos.
En todo el mundo se comparte la necesidad urgente de una transición energética justa hacia una economía de carbono neto cero. Nuestro informe muestra la necesidad igualmente urgente de monitorear y abordar los crecientes riesgos para los derechos humanos asociados a los proyectos de energías renovables.
El sector de las energías renovables necesita una diligencia debida sólida y una normativa fuerte. Sin ellas, los proyectos de energías renovables seguirán perjudicando a las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, quienes sufren la explotación de los recursos naturales en sus tierras y aguas. Si esto ocurre, la necesaria transición energética no será justa ni rápida".