Las entidades y plataformas de toda Cataluña defienden una transición energética democratizada, municipalizada, racionalizada y eficiente que respete la biodiversidad, el paisaje y a la ciudadanía del medio urbano y rural.
La concentración, organizada conjuntamente entre la Asociación de micropueblos de Cataluña y la Red por la Soberanía Energética, ha contado con el apoyo de la Unió de Pagesos (Unión de Campesinos).
Bajo el lema “Renovables sí, pero NO así”, representantes del mundo rural se han concentrado ante el Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo en el modelo actual de implantación de energías renovables, poco equitativo y favorable a los oligopolios, y para defender una transición energética más justa, planificada y con la participación de la ciudadanía y el mundo local.
El acto dió comienzo con los parlamentos de Oriol Serrà (Vicepresidente Territorial de la Asociación de micropueblos de Cataluña), Lourdes Berdié (Red por la Soberanía Energética) y Jaume Pedrós (Responsable de renovables de Unión de Pagesos). A continuación, miembros de cada una de las diferentes entidades y plataformas territoriales congregadas en la plaza, han expuesto su posicionamiento en breves intervenciones.
Las reivindicaciones han apelado a la protección del medio ambiente y del patrimonio paisajístico, en la busca de soluciones comunitarias, a la protección de las comarcas rurales; y han instado el Gobierno y las autoridades a valorar el campesinado, a encontrar el equilibrio territorial en la proyección de parques eólicos, a garantizar que la energía producida en el territorio se quede, a frenar la especulación y a comprometerse con políticas a frenar el despoblamiento agraviado por la implantación de macroparques.
Finalmente, se dado lectura a los 10 puntos del Decálogo para avanzar hacia una Transición Energética (*) al servicio de la ciudadanía, que fue entregado al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès en una reunión el pasado miércoles 28 de abril.
Un aguacero inesperado avanzó la conclusión de la concentración, que finalizó con la recogida de cartas dirigidas a las autoridades y a los grupos políticos con representación en el Parlamento Catalán.
1. Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña somos conscientes que hay que luchar contra el cambio climático cumpliendo con los compromisos europeos para llegar al 2050 produciendo el 100% de la energía que necesita el territorio catalán a partir de fuentes renovables. Pero hay que hacerlo avanzando hacia una soberanía energética real, al servicio de la ciudadanía y basada en estrategias verdaderamente sostenibles, tanto desde el punto de vista social, ambiental y cultural como económico.
2. Pedimos a la Generalitat de Cataluña y al conjunto de las administraciones y agentes sociales, una PLANIFICACIÓN participativa del despliegue de las renovables, con dos objetivos básicos: que contribuya al equilibrio territorial y que permita pasar progresivamente de la estructura vertical actual (la energía en manos de los oligopolios) a una estructura más horizontal (basada en instalaciones pequeñas y medias en manos de la ciudadanía).
3. Hace falta una buena planificación, que minimice la necesidad de instalar macroproyectos de centrales renovables que perpetuarán la dependencia de los oligopolios energéticos y causarán impactos muy agresivos sobre el territorio catalán. Esta planificación tiene que empezar para impulsar los proyectos de reducción del consumo y mejora de la eficiencia energética, así como la implantación de instalaciones de renovables que potencien la autosuficiencia energética de todos los hogares y las PYME. Para cumplir con el objetivo de la Comisión Europea que el 2050 el 100% del parque inmobiliario esté descarbonitzado, hay que destinar Fondos Europeos a la rehabilitación de edificios para mejorar el aislamiento, la eficiencia energética, instalar renovables y tecnología inteligente que reduzca los consumos. Y las nuevas edificaciones tendrían que construirse garantizando un balance energético positivo.
4. Hace falta que nos haga avanzar hacia una soberanía energética real, potenciando los proyectos de comunidades energéticas locales, las experiencias público-comunitarias y las pequeñas o medianas instalaciones (menos de 10 MW) promovidas con capital público y/o privado procedente de inversores locales que aprovechen las diversas fuentes locales de renovables (hidroeléctrica, biomasa –garantizando una gestión correcta de los bosques-, geotermia, eólica, fotovoltaica,...) velando porque estas instalaciones tengan un impacto reducido en el entorno y se distribuyan equitativamente por todo el territorio catalán. Hay que destinar Fondos Europeos a estos proyectos de alta rentabilidad social y bajo impacto territorial.
5. Hace falta que priorice la implantación de los proyectos medianos o grandes (más de 10 de producción de renovables en espacios periurbanos, industriales, degradados y de servicios (red viaria, canales de riego, embalses, etc.), así como otros espacios intensamente antropizados (espacios intersticiales, periféricos, etc.) próximos a los lugares de consumo. Hace falta que reduzca y minimice la implantación de grandes centrales de producción de renovables en suelo no urbanizable para evitar la industrialización de buena parte de los paisajes naturales y rurales que constituyen el alma del territorio, un elemento fundamental de nuestro patrimonio identitario y base esencial por no reducir nuestra soberanía alimentaria. Y hace falta que favorezca, mediante un planeamiento urbanístico adecuado, la proximidad entre usos residenciales, puestos de trabajo y servicios, mejorando la riqueza, mixticidad y diversidad de usos a los cascos urbanos, promoviendo el comercio de proximidad, la protección de los huertos urbanos y suelos agrícolas de proximidad, reduciendo el coste energético del transporte.
6. Hay que activar las herramientas de reflexión territorial (las cartas del paisaje comarcales y el desarrollo de la Ley de Espacios Agrarios, entre otros) para poder decidir, de forma participativa (con las administraciones locales y la ciudadanía), cuáles son los espacios idóneos para la instalación de las grandes centrales industriales de producción de energías renovables, garantizando la protección de los espacios naturales y agrarios, así como la calidad de vida en el mundo rural.
7. Hay que impulsar la investigación y la innovación en la producción de renovables para convertir Cataluña en territorio puntero en el aprovechamiento de fuentes de energía de bajo impacto: biomasa –procedente de una gestión correcta de los bosques-, fotovoltaica con nuevos materiales (tejas, vidrio, asfalto,...), microcentrales hidroeléctricas, geotermia, eólica sin palas, etc. Incorporando en estos proyectos los valores sociales y ecológicos por encima de la rentabilidad económica para poder avanzar hacia una transición energética realmente sostenible.
8. Hay que avanzar hacia la gestión pública de la energía, donde la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos tendrían que jugar un papel clave con el objetivo de lograr el control de las redes de distribución de la energía, la gestión de las centrales hidroeléctricas con periodo de concesión caducado o que finalizará próximamente y agilizando la implantación de instalaciones de renovables en todas las equipaciones públicas, garantizando el acceso básico a la energía de los colectivos en riesgo de exclusión.
9. Hay que crear un nuevo marco legal para las renovables que respete los valores de la normativa europea y catalana preexistente, que se elabore con transparencia y con la participación de las administraciones locales y la ciudadanía. Pedimos la derogación del Decreto Ley 16/2019 de impulso de las energías renovables, que únicamente ha servido para impulsar la avalancha de macroproyectos promovidos por los oligopolios y que se decrete una moratoria de todos los macroproyectos de producción de energías renovables actualmente en tramitación.
10. Hay que garantizar la capacidad de decisión de los ayuntamientos y de la ciudadanía afectada en el proceso de autorización de la ubicación de los macroproyectos de renovables, articulando los mecanismos necesarios para evitar la excesiva concentración sobre determinados territorios, la instalación de proyectos que puedan afectar negativamente elementos clave del patrimonio natural, cultural y paisajístico catalán y que garanticen la protección de los derechos básicos de los habitantes de los territorios afectados.
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