Alianza por el Clima preocupada por la manera en que se está produciendo en España el desarrollo de las energías renovables, plantea al Ministerio para la Transición Ecológica medidas para reducir su impacto ambiental y territorial.
Para Alianza por el Clima el despliegue de energías renovables en España está siendo determinante para la mitigación del cambio climático. Sólo una de esas tecnologías, la eólica, ha evitado en los últimos 20 años más de 400 millones de toneladas de CO?, que supone mucho más del total de las emisiones anuales de nuestro país. La penetración de las renovables en el período más reciente ha hecho que las emisiones de CO? del sistema eléctrico se hayan reducido un 28,7 % en 2019 respecto de 2018 y un 27,8 % en 2020 respecto del año anterior.
Para avanzar en la descarbonización del sector eléctrico el objetivo que se plantea el PNIEC es llegar a un 74 % de generación renovable en 2030, que significa añadir 29.000 MW de fotovoltaica y 20.000 MW de eólica, además de una potencia menor de otras tecnologías. Estos objetivos, enmarcados en un contexto de aumento de ambición por parte del conjunto de la unión Europea, son solo el primer paso de la necesaria y progresiva aceleración de la transición ecológica que hay que desarrollar, ya que de acuerdo con las recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6 % cada año, si no queremos que la temperatura global se eleve por encima de los 1,5º. Así pues, hace falta descarbonizar las emisiones del sector eléctrico más drásticamente y más rápido.
Sin embargo, Alianza por el Clima, que es una plataforma de organizaciones con muy diferentes sensibilidades de tipo ecologista, sindical, rural, agraria o social, está seriamente preocupada por la manera en que se está produciendo en España este desarrollo. Un número creciente de plantas fotovoltaicas y de parques eólicos están teniendo un notable impacto sobre la biodiversidad y sobre el uso del territorio que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no ha podido evitar. De hecho, la comunidad científica ya ha alertado del grave riesgo que corre la biodiversidad si el despliegue de renovables previsto en el PNIEC se lleva a cabo como hasta ahora, sin una adecuada planificación y evaluación de su impacto.
Además, y durante años, el marco normativo de desarrollo de estas tecnologías, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, ha beneficiado que el despliegue sea capitalizado por grandes empresas energéticas y fondos de inversión, penalizando a proyectos de menor envergadura y, sobre todo, a iniciativas promovidas por la propia ciudadanía o los actores institucionales. El resultado es el desarrollo de un modelo muy centralizado y de mayor impacto que limita las posibilidades de avanzar hacia un sistema eléctrico más distribuido, más cuidadoso con el territorio, el mundo rural y la biodiversidad y con mayor implicación ciudadana.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispone de competencias para desarrollar diferentes regulaciones normativas y para la adopción de determinadas medidas que eviten o minimicen los problemas señalados. En ese sentido Alianza por el Clima plantea al Ministerio que tome las siguientes medidas de forma urgente:
Con estas medidas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico daría un gran impulso a unas energías renovables mucho más sostenibles ambientalmente y más justas con la ciudadanía.
El anteproyecto contempla las propuestas presentadas por los diferentes grupos de interés en la primera fase de participación pública.
Es preciso recuperar la caracterización de utilidad pública de la electricidad al ser un bien de primera necesidad para la sociedad, permitiendo empoderar a la ciudadanía.
Exige al Gobierno que se establezcan los mecanismos necesarios de transparencia, información, partición y supervisión para permitir apuntalar una recuperación verde y con justicia social.