El Gobierno abre el plazo para solicitar 244 millones de euros de ayudas al CO₂ para la industria electrointensiva
Su objeto es proteger al tejido empresarial ante el incremento de los precios energéticos. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, comprendidos entre el 1 de junio al 28 de junio de este año, ambos inclusive.
Mañana jueves, 1 de junio, se abre el plazo de presentación de solicitudes de ayudas dentro del mecanismo de compensación por los costes de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Las conocidas como ayudas al CO2 constan de un presupuesto de 244 millones de euros y están dirigidas a empresas de determinados sectores industriales que estén expuestas a un riesgo significativo de “fuga de carbono”. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 28 de junio de 2023.
Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, “estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo. Respondemos con determinación y rapidez para proteger al tejido empresarial ante el incremento de los precios energéticos”.
La Unión Europea permite a cada Estado miembro compensar a dichas industrias debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Estas ayudas forman también parte de las medidas impulsadas desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinadas a mejorar la competitividad de los consumidores electrointensivos.
La actual convocatoria se encuentra regulada por el Real Decreto 309/2022, del 3 de mayo, el cual a su vez recoge la Comunicación de la Comisión Europea, COM (2020) 6400 sobre las nuevas Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021.
Este marco regulatorio, sobre el que ya versaba la convocatoria de 2022, conlleva la elección de una obligación de cumplimiento de índole medioambiental para las empresas beneficiarias de las ayudas, y que redundará en una mayor eficiencia de las mismas.