UNEF considera que la Propuesta Normativa de Protección de Usos del Suelo Regable afecta de manera negativa a la descarbonización del sistema energético español

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación mayoritaria de la energía solar en España que cuenta con 770 empresas, considera que la “Propuesta normativa de regulación relativa a la protección de los usos del suelo de las zonas regables declaradas de interés general” afecta de manera negativa a la consecución de una transición energética nacional hacia un modelo descarbonizado ya que pretende excluir 3,8 millones de hectáreas de territorio disponible para el desarrollo de energías renovables durante los próximos 50 años.

“Pese a que, en la actualidad, la mayoría de los proyectos de energía se desarrollan en zonas de secano con bajo valor agrícola debido a la existencia de terreno disponible para ambas actividades que, además, pueden ser perfectamente complementarias, el sector fotovoltaico nacional rechaza frontalmente esta normativa de cariz antirenovable.”, ha recalcado Rafael Benjumea, presidente de UNEF.

UNEF argumenta lo inapropiado de esta propuesta de regulación recordando que, en nuestro país, el despliegue de energía solar se realiza siguiendo una reglamentación ambiental exhaustiva a través de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Por ello, la Asociación Sectorial reitera que cada proyecto debe ser estudiado atendiendo a sus particularidades en vez de caer en generalizaciones normativas que comprometen seriamente el éxito de la transición energética y de sus oportunidades:generación de empleo de calidad, reindustrialización, atracción de nuevo tejido empresarial y protección contra la emergencia climática.

“Desde UNEF consideremos que el camino adecuado es seguir trabajando para el que el proceso de Declaración de Impacto Ambiental que tiene que superar todos los proyectos de energía solar en suelo sea lo más riguroso posible, adecuado y adaptado a cada proyecto, en el que se cuente con todos los actores implicados para que suponga una garantía real para la biodiversidad y para la ciudadanía.”, ha recordado Benjumea.

UNEF recuerda que esta nueva regulación es incompatible con la petición de la Comisión Europea en su Comunicación “REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible”, de 8 de marzo de 2022, que insta a los países miembros de la Unión a acelerar drásticamente la transición hacia una energía limpia y aumentar la independencia energética de Europa en un contexto de crisis energética y climática sin precedentes. En un contexto nacional, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que España debe tener una presencia de energías renovables sobre el uso final de energía del 42% antes de 2030, por lo que la exclusión del territorio considerado suelo de las zonas regables declaradas de interés general para el emplazamiento de proyectos de energía solar en suelo compromete seriamente la consecución de estos objetivos.

Además, de cara a la consecución de los objetivos del PNIEC y de la Estrategia de Energía Solar de la UE, el sector de la energía solar en España recuerda que está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar formas innovadoras que integren la tecnología fotovoltaica con sectores de la economía de alta sensibilidad, tal como es el sector agrícola. En este sentido, la bioagrovoltaica es una de las actividades en auge que combina la utilización del suelo agrícola con la energía solar, mejorando la productividad de los cultivos, el nivel de ingresos de los agricultores y/o ganaderos, la eficiencia en el uso del agua, e instaurar mecanismos de protección contra climas extremos. La bioagravoltaica es una de las actividades que quedarían totalmente lastradas si se aprueba esta propuesta normativa.

“La sustitución de actividades intensivas en uso de agua por proyectos de energía solar en suelo, que apenas tienen consumo de este recurso, puede suponer un balón de oxígeno para zonas con mucha presión hídrica como Doñana o el Mar Menor. Además de ser auténticas reservas de la biodiversidad, los proyectos de energía generan oportunidades de empleabilidad y reindustrialización de los territorios. Pedimos a las autoridades competentes que replanteen la idoneidad de la legislación en un contexto actual en el que urge frenar una emergencia climática y sus efectos inminentes”, ha recordado Rafael Benjumea, presidente de UNEF.