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España tiene pendientes demandas por incumplimientos de la Carta sobre el Tratado de la Energía que ascienden a 10.000 millones de euros. En su mayoría reclaman el lucro cesante las empresas energéticas ante nuevas normas de protección ambiental.
El municipio avanza en la transición energética mediante un modelo comunitario y de energía limpia.
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