En España existen unos 20.000 puntos de acceso público, lejos de los previstos para poder cumplir los objetivos climáticos de 2030. Los interesados pueden enviar sus comentarios hasta el 29 de septiembre.
Para que el uso del vehículo eléctrico pueda generalizarse en nuestro país es fundamental que haya una red de puntos de recarga extensa. En el sector existen obstáculos que dificultan su desarrollo y que la CNMC está analizando (acceso a la consulta pública).
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) prevé alcanzar un 28 % de contribución de energías renovables en el transporte en 2030, y tiene como objetivo llegar a 540.000 vehículos eléctricos enchufables en 2025 y a cinco millones en 2030.
La red de puntos de recarga en España cuenta con unos 20.000 puntos de acceso público, lejos de los previstos para poder cumplir con los objetivos del PNIEC para 2030.
Hasta el 29 de septiembre empresas, asociaciones, administraciones públicas, usuarios de vehículos, etc. podrán enviar sus comentarios y aportaciones (acceso a la consulta pública). El documento forma parte de un estudio iniciado recientemente (nota de prensa)
La CNMC promueve la competencia efectiva en los mercados, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. Lleva a cabo estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, e informes generales sobre sectores económicos con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa. Estos trabajos siguen el Plan de Actuaciones de la CNMC y se elaboran de conformidad con la metodología de elaboración de estudios.
La ventanilla de la convocatoria de la sección A de baterías del vehículo eléctrico estará abierta desde el 17 de julio hasta el 15 de septiembre.
La recientemente aprobada línea de ayudas de baterías tendrá un presupuesto asignado de 837 millones de euros. El resto del presupuesto se dedicará a la línea del vehículo eléctrico y conectado.
El sector público aportará más de 4.300 M€ y la inversión privada se estima en 19.700 M€. La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo.
