Si mañana Jueves 15 se aprueba «la enmienda» se paralizará la Termosolar en España.

Aunque se sospecha que CIU finalmente va a declinar mañana jueves en el Congreso la enmienda de supresión del Registro de Preasignación presentada en el Senado, de seguir adelante la enmieda en la Ley Socimi, se paralizaría la industria termosolar en España.

La nueva ley para la regulación del sector de energías renovables aprobada el 7 de octubre en el Senado tendrá como consecuencias efectos irreversibles sobre el sector termosolar en España provocando la paralización de todos los proyectos que no tengan posibilidades de entrar en el cupo de 500 MW. Las consecuencias serán de enorme magnitud en empleo y en daños patrimoniales a nuestras empresas. Esta nueva regulación derogaría la que sorpresivamente estableció el Ministerio en mayo con el RDL 6/2009.
Como esta ley tendrá que ser ratificada en el Congreso se está todavía a tiempo de evitar el desastre.
La tecnología termosolar había puesto a España en una situación poco habitual de liderazgo internacional en un momento en el que se abren perspectivas de importantes mercados en otras regiones del mundo como Estados Unidos o los países del norte de África. El volumen de obra en curso en España, con las aproximadamente 30 plantas (1500 MW) que se encuentran en construcción, se sitúa en unos 10.000 M€.
La nueva ley supone que solo 500 MW podrán recibir la prima vigente actualmente con lo que el resto (1000 MW), iniciados con expectativas firmes dentro del marco del R.D. 661/2007 quedaría en una situación de incertidumbre que no podrá ser asumida por las instituciones financieras y que traerá consecuencias dramáticas para fabricantes, constructores e inversores ante la posibilidad de que se cancelen los préstamos y se exija la devolución del dinero dispuesto. Los daños estarían por encima de los 5000 M€ y generarán un aluvión de demandas por responsabilidad patrimonial al Estado Español.
Además de los daños a los promotores de las plantas en construcción, también se causarían graves perjuicios a los promotores que presentaron sus expedientes a la inscripción en el registro de preasignación y que totalizaban unos 4300 MW repartidos en unas 100 plantas. Dichas empresas habrían invertido no menos de 25 M€ por planta al haber tenido que desarrollar los proyectos, reservar los componentes principales, el punto de acceso a la red etc.   
Esta ley tendría también consecuencias muy negativas en nuestra posición tecnológica y en el mantenimiento de nuestras capacidades de ingeniería con la destrucción de grupos humanos de alta cualificación.
Las últimas actuaciones del Ministerio de Industria, con tres cambios legislativos en dos años colocan a España como un país en el que no existe seguridad jurídica para las inversiones provocando un descrédito internacional de consecuencias incalculables. Muchos de estos proyectos estaban financiados por bancos extranjeros que no dan crédito a los atentados a la seguridad jurídica en un país europeo provocados por las improvisaciones de los responsables del Ministerio.
El apoyo a la penetración de las renovables en el mix de generación tiene evidentemente unos costes pero que, en todo caso, son inferiores a los efectos positivos que las energías renovables reportan a la Sociedad, en términos de empleo, de seguridad energética, de disminución de importaciones, así como relativos al cumplimiento de los objetivos vinculantes de nuestro país en el horizonte 2020 y de cumplimiento del protocolo de Kioto en el cambio climático.  
En este sentido llamamos la atención sobre la dicotomía entre el discurso del Presidente del Gobierno y las actuaciones del Ministerio de Industria que con esta actuación defienden los intereses de los sectores de carbon y de los propietarios y promotores de los ciclos combinados. Al Presidente de Gobierno le corresponde posicionarse el jueves 22 de octubre, cuando se vote la ley en el Congreso, entre el apoyo a la progresiva penetración de las energías renovables o la defensa de los intereses de los sectores de gas y carbón con las consecuencias ya mencionadas para la tecnología termosolar de “ser o no ser” y el cumplimiento o no de los compromisos internacionales de nuestro país.
El desconcierto ante la situación nos lleva a exigir una vez más que este tipo de actuaciones sean consecuencia de reflexiones y análisis con los expertos de los sectores y no de responsables políticos sin más debate que, además de querer convertirse en legisladores aprovechando argucias para aprobar  leyes trascendentes (también se hizo la anterior por la vía de Real Decreto Ley cuando debería haberse tenido que debatir como Ley en el Parlamento) han demostrado tener un profundo desconocimiento del sector.
A continuación aportamos algunos datos para que pueda apreciarse la magnitud del disparate que podría producirse con la aprobación de la Ley SOCIMI:
- Volumen de obra en curso: cerca de 10.000 M€ en los 1500 MW en construcción . En gran parte ya había sido paralizada por la demora en las resoluciones de inscripción al registro abierto por el RDL 6/2009. Con esta ley resultarían en gran medida abortadas casi totalmente.
- Empleo generado: Cada planta de 50 MW requiere el equivalente a 10.000 empleos-año para la fabricación de los componentes, construcción, servicios auxiliares, etc. Una vez en funcionamiento el empleo directo es de 50 trabajadores por planta para su operación y mantenimiento.
Las 30 plantas que se encontraban en construcción requerirían por tanto 300.000 empleos equivalentes año, una buena parte de los cuales corresponderían a regiones españolas con elevada tasa de paro y bien necesitadas de impulso económico. Entendemos que sus representantes institucionales no se van a resignar a perder esta opción.
Sectores:
- I+D y sector fabricantes: El mercado en España había incentivado importantes inversiones empresariales, nacionales y extranjeras así como numerosos proyectos de desarrollo tecnológico conjunto entre empresas y centros de investigación. Con esta ley muchas fábricas se cerrarán y la tecnología se desarrollará fuera de España.
- Ingeniería: la nueva ley provocará el despido de grupos de trabajo cohesionados de alta cualificación en bastantes empresas.
- Constructores: La nueva ley provocará grandes pérdidas por la paralización de la obra y la pérdida de liderazgo para proyectos en el exterior.
- Inversores: De aprobarse la ley tendrían fuertes pérdidas de su propio patrimonio y se verían obligados a la devolución de las importantes sumas de préstamos dispuesto en función del grado de avance del proyecto. Cada proyecto de central termosolar de 50 MW requiere una inversión de entre 200 y 300 M€ en función de que utilice o no sistema de almacenamiento.