Desde el sector industrial renovable se acusa la voluntad de retroceso en política pública y de torpedeo a las renovables, con nuevas normativas contrarias al estándar de Medición Neta del Public Utilities Regulatory Policies Act (PURPA) adoptado en el 2008.
Respecto de la deriva del
nuevo articulado planteado, resulta significativa la eliminación de la absoluta prohibición para cobrar un cargo adicional o aumento en su tarifa mensual a los clientes que opten por conectar sus equipos solares o eólicos de generación al sistema de transmisión y distribución pública, vaciando de contenido el Art. 24 y tornando inseguro el ordenamiento jurídico al despliegue renovable.
El texto propuesto sobre el actual Artículo 25 permitiría la irrogación del control de toda la energía producida por el cliente, con el arbitrio de la AEE para imponer un precio único al total de kWh. producidos, que puede ser menor al precio de la electricidad al detal, impidiendo que el consumidor pueda compensar de forma justa su consumo con excedentes de autoproducción.
Estiman las asociaciones empresariales que la medida tendría un impacto significativo en la economía local al detener por completo una de las pocas industrias en crecimiento.
Por otra parte, y en cuanto a la propuesta de modificar el Art. 26, supone una relajación sobre los objetivos previamente marcados, reduciendo el objetivo en el compulsorio inicial para cada proveedor desde el 12% al 10% en el período hasta 2024.
Por el contrario, se pretende invertir en una infra-estructura para cambiar una fuente de combustible fósil por otra; ahora gas natural.
Mientras, en Guayama, organizaciones ambientales alarman de la contaminación causada por la acumulación de millares de toneladas de cenizas tóxicas de la planta de carbón AES.
Estos resíduos son producidos por la quema de carbón mineral y contienen elementos peligrosos como arsénico, plomo, mercurio, cadmio; además de la alta presencia de contaminantes radiactivos que revelan reciente estudio de la Universidad de Duke.
En este caso, la solución tolerada por las administraciones viene siendo el traslado de estas cenizas para aplicarlos a relleno de terrenos para nuevas construcciones habitacionales, comerciales y viarias, trasladando el problema mediante la diseminación del veneno por todo el país.
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