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La Política energética española ante el agotamiento de los combustibles fósiles.

27-6-12. Noelia Guaita García
miércoles, 27 junio 2012. Noelia Guaita García
La Política energética española ante el agotamiento de los combustibles fósiles.
Las energías renovables y el mercado de los servicios energéticos son sin duda alguna la solución frente a la peligrosa dependencia energética que anularía en caso de desbarajuste cualquier economía estatal.

La excesiva dependencia energética exterior y la necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan al fomento de nuevas fórmulas que posibiliten un uso más eficiente de la energía e incentiven el empleo de fuentes menos contaminantes.

El mercado de los servicios energéticos sin duda ayudará a lograr un modelo energético sostenible en el largo plazo, con nuevas energías y nuevos desarrollos tecnológicos que contribuirán a la recuperación de la economía y a garantizar la seguridad energética futura.

La producción y el uso de la energía son causantes de muchos problemas ambientales a escala local, nacional y global.

El agotamiento progresivo de los combustibles fósiles como el petróleo, la crisis que afecta periódicamente a su producción, la falta de alternativas a corto plazo, el fuerte crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de los precios internacionales de los combustibles fósiles y de su volatilidad, han promovido la reflexión sobre el uso de la energía y el medio ambiente en el mundo.

Al mismo tiempo, la «pobreza» energética retrasa el desarrollo social y económico de millones de personas. Todo ello nos obliga a hacer en los próximos años un cambio de dirección hacia un nuevo modelo energético basado en fuentes renovables y orientado hacia el desarrollo sostenible.

Esto significa que este nuevo modelo energético tiene que estar dirigido hacia la diversificación de las fuentes de energía, un mayor aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia y el ahorro energético. Y para ello, se requiere de un esfuerzo tecnológico, mayores inversiones y sobre todo, un cambio de comportamiento en el consumidor.

La dependencia progresiva de los combustibles fósiles sigue haciendo que, tanto las emisiones de CO2, como el precio de los combustibles fósiles sigan creciendo.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, plantea un escenario energético alternativo para el año 2050 en el que se necesitarán lograr reducciones de por lo menos 50% en las emisiones mundiales de CO2 comparadas con los niveles del año 2000, para limitar el calentamiento global hasta 2-4 grados centígrados a finales de siglo.

En este sentido, y según el informe «Energy Technology Perspectives» de la Agencia Internacional de la Energía, la eficiencia energética contribuirá a la reducción global de emisiones en casi un 50%, así como a la generación de empleo, especialmente en el sector de la edificación.

Esto significa que la próxima década es decisiva, ya que si no se consiguen disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma constante a partir del año 2020, será mucho más costoso alcanzar el objetivo planteado por el IPCC. Por tanto, las tecnologías energéticas con baja emisión de carbono pueden contribuir a los objetivos para una fuerte reducción de las emisiones de CO2.

Para avanzar hacia un nuevo modelo energético más sostenible, debemos fomentar el ahorro y la eficiencia energética en todas aquellas acciones que demanden energía. La eficiencia energética es el principal instrumento para alcanzar una reducción en las emisiones de CO2, la seguridad energética y el desarrollo económico. La eficiencia energética es, sin duda, una prioridad de la política energética.

La Directiva 2006/32/CE  sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, tiene como objetivo fomentar la mejora rentable de la eficiencia del uso final de la energía en los Estados miembros aportando los objetivos orientativos, así como los mecanismos, los incentivos y las normas generales institucionales, financieras y jurídicas necesarios para eliminar los obstáculos existentes en el mercado y los defectos que impidan el uso final eficiente de la energía. Y por otro lado, crear las condiciones para desarrollar y fomentar un mercado de servicios energéticos y para la aportación de otras medidas de mejora de la eficiencia energética destinadas a los consumidores finales.

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