En el marco de la semana de lucha contra la pobreza energética la sociedad civil se moviliza para alzar la voz, salir a las calles y reivindicar el derecho a un suministro energético asequible y no contaminante.
En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, decenas organizaciones hacen un llamamiento al Gobierno para poner fin a la vulneración del derecho al suministro de energía. En el marco de una semana de actos y reivindicaciones, distintos colectivos y activistas llevarán a cabo una acción directa conectando electrodomésticos de uso cotidiano a la red de algún lugar público como forma de visibilizar la necesidad del derecho a la energía. Disponer de la energía necesaria para vivir digna y adecuadamente es un derecho básico. Esto solo será posible con un modelo energético justo, de participación pública y democrática, que permita poner la vida en el centro.
La "Estrategia Nacional contra la pobreza energética", elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cifra entre 3,5 y 8,1 millones de personas las que se encuentran en situación de pobreza energética, en función del indicador utilizado, con datos de 2017. La actualización de los indicadores (con datos de 2021) nos muestra que el porcentaje de población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno se ha incrementado del 10,9% (2020) al 14,3% (2021), en tan solo un año. El indicador de retrasos en el pago de facturas ha aumentado más de dos puntos, de 7,2% (2018) hasta 9,5% (2021). Los hogares que se encuentran en el primer quintil de renta, los que no disponen de calefacción, aquellos que tienen algún miembro en el paro y las familias monoparentales o con un adulto mayor de 65 años son los que se encuentran en mayor situación de riesgo. A nivel territorial, Ceuta, Región de Murcia, Melilla y Andalucía son las ciudades autónomas o comunidades autónomas que cuentan con un mayor porcentaje de población que no puede mantener una temperatura adecuada en invierno.
Es urgente dejar de señalar a la población que sufre pobreza energética como culpables de su situación, ya que son precisamente las personas afectadas las que han puesto en el centro del debate esta cuestión y han señalado a las empresas que llevaban años vulnerando derechos bajo una lógica de lucro privado. Para asegurarnos de no dejar a nadie atrás es necesario considerar la energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico que nos permite unas condiciones de vida digna. Una tarifa social energética que contribuya a la equidad y la justicia social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario o educativo. La implementación de una tarifa social realmente garantista daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social eléctrico y bono térmico, que deja fuera de su protección a la mayoría de sus potenciales beneficiarios.
Vivimos tiempos de grave emergencia social y energética, que operan como chantaje a las poblaciones más vulnerabilizadas: los precios récord de gas, petróleo y electricidad, así como el aumento del costo de la vida. Un cóctel que sólo puede terminar mal: alta inflación, recesión inminente, emergencia climática. Las crisis climática, social, energética y de corrupción exigen un nivel de intervención sin precedentes por parte de los gobiernos y de la UE. Debemos reducir rápidamente el consumo de gas, petróleo y electricidad, pero no se pueden limitar las acciones a exigir el cambio de hábitos de los hogares, sinó que se tienen que tomar medidas estructurales: una reducción de la demanda energética, justa y redistribuida para abordar la crisis del costo de vida, la crisis climática y evitar endeudar a la sociedad en más infraestructura de combustibles fósiles por décadas mientras estas siguen enriqueciendo al oligopolio energético.
Además, los altos precios de la electricidad y el gas ponen en evidencia el obsceno funcionamiento del mercado eléctrico, con un modelo de fijación de precios “marginalista” eminentemente especulativo e injusto. Con la medida política del tope al gas, aún insuficiente, hemos visto que sí se puede regular este mercado si se tiene voluntad política. La reforma del mercado ha de ser sustancial, permitiendo romper de una vez con la integración vertical de toda la cadena de actividades energéticas en manos de 5 grandes empresas multinacionales y privatizadas, lo que ha permitido obscenos beneficios “caídos del cielo” y dificulta la integración de otros agentes como cooperativas, comunidades energéticas, etc. Necesitamos un modelo energético 100% renovable, descentralizado, eficiente, distribuido, pero sobre todo democrático.
Según datos del observatorio ambiental y social de los Fondos Next Generation para la rehabilitación de vivienda, el Gobierno preveía gastar con estos fondos 6.820 M€ en tres años (de los 27.948 M€ totales) . Las inversiones reales en rehabilitación han alcanzado los 840 M€ (un 12% respecto a las previsiones del gobierno y solo un 3% respecto a los totales previstos para la transición ecológica). Uno de los problemas es que dependen de inversiones privadas que en tiempos de inflación e incertidumbre son difíciles de llevar a cabo. Del dinero invertido, solo los 54,2 M€ invertidos a través de la Comunidad Autónoma de Canarias eran para rehabilitación residencial y vivienda social, junto con 31.000 euros que Almendralejo (Badajoz) ha destinado a alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Creemos junto con la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás (AXRSDANA), que es necesario que un 30% de los fondos de rehabilitación se dirijan a población vulnerable, y que necesitamos un marco fiscal que permita que nuestras administraciones dispongan de recursos para acelerar la transición ecológica con foco en los más vulnerables.
Por último, se siguen sucediendo vulneraciones flagrantes del derecho a la energía, como es el caso del barrio de la Cañada Real en Madrid que lleva ya más de dos años sin luz. No hay excusa: hay personas que necesitan un suministro básico para la vida y en lugar de acceder por derecho dependen de las condiciones que una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución, les facilite el acceso. No existe ninguna explicación que pueda convencer de que este problema no tiene solución, porque sí lo tiene, y no puede esperar más.
Por todo ello, un año más las organizaciones exigen:
El Gobierno ha desplegado un amplio abanico de medidas para ampliar la protección de los consumidores vulnerables, que se han reforzado con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
Naturgy y el gobierno de la Comunidad de Madrid pretenden mitigar la necesidad caldeando el ambiente con propuestas incendiarias.
La inversión pública y local, el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, y las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética a la sociedad.
