El Gobierno ha desplegado un amplio abanico de medidas para ampliar la protección de los consumidores vulnerables, que se han reforzado con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la Actualización de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, correspondientes al año 2021, disponibles aquí. Reflejan una mejoría con relación al ejercicio de 2020: tres de los cuatro indicadores de referencia tienen una evolución positiva.
La actualización anual de los indicadores permite al Gobierno avanzar en la política de protección de los consumidores vulnerables, ámbito en el que ya ha desplegado un amplio abanico de medidas, reforzado para afronta la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Así, por ejemplo, la factura eléctrica de los hogares vulnerables con bono social es similar a la que abonaban antes de la crisis.
El informe, disponible aquí, explica y analiza la evolución en 2021 de la pobreza energética por medio de cuatro indicadores. Se registra mejoría en el indicador de la pobreza energética escondida, en el de gasto desproporcionado y el de retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda, y un aumento de las viviendas con temperatura inadecuada en invierno.
La inversión pública y local, el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, y las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética a la sociedad.
Naturgy y el gobierno de la Comunidad de Madrid pretenden mitigar la necesidad caldeando el ambiente con propuestas incendiarias.
A inicios de 2022 se aprobarán nuevas medidas, como la ampliación de la base de consumidores con derecho a percibir el bono social y su renovación automática para los beneficiarios.
