Protección de los consumidores de energía vulnerables.

Sus causas son múltiples, en su mayoría resultantes de una combinación de bajos ingresos y condiciones generales de pobreza, viviendas ineficientes y un régimen inmobiliario incapaz de impulsar la eficiencia energética.

Solo se puede hacer frente a la pobreza energética mediante una combinación de medidas, sobre todo en el ámbito social y dentro de las competencias de las autoridades nacionales, regionales o locales.

Al mismo tiempo que se eliminan progresivamente los precios regulados, los Estados miembros deben proponer un mecanismo para proteger a los consumidores vulnerables, que podría aplicarse, preferentemente, por medio del sistema general de protección social. Si se facilita por medio del mercado energético, podría aplicarse mediante sistemas tales como una tarifa de solidaridad o un descuento en la factura energética.

El coste de esos sistemas debe quedar cubierto colectivamente por los clientes no beneficiarios. Así pues, es importante que este tipo de sistema esté bien orientado a fin de contener los costes globales y limitar las distorsiones derivadas de los precios regulados (por ejemplo, no debe aumentar el déficit tarifario de los Estados miembros).