Una de las prioridades de las CC.AA en el ámbito de sus competencias es la mejora de la competitividad empresarial y la de sus sectores productivos.
En este sentido las CC.AAs deberían desarrollar la política sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas, con la finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad.
Estos ámbitos se consideran claves para la competitividad de las empresas y, por tanto, estratégicos para el desarrollo económico y social del páis, al tiempo que contribuirán al cumplimiento de los objetivos comunitarios en materia energética previstos en la «Estrategia Europa 2020».
En España existen numerosas oportunidades para favorecer un desarrollo energético sostenible, por lo que las ayudas públicas harían más viables la puesta en marcha de estas oportunidades. Por otro lado, el disponer de unas infraestructuras energéticas modernas resulta crucial para que la Unión pueda respetar sus objetivos de clima y energía; además, deben destacarse los efectos positivos que la construcción y rehabilitación de infraestructuras energéticas tienen en la cohesión económica, social y territorial del País, pues con ello se favorece la inversión y la creación de empleo y el funcionamiento de los mercados de la energía.
Informe desfavorable de la Ponència de Energies Renovables por afectaciones a la infraestructura y consideraciones sobre habitats naturales y fauna.
Campaña de recogida de firmas para exigir una nueva política que sea beneficiosa para la salud y la naturaleza.
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