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Los Ayuntamientos tienen por Ley total libertad para fijar bonificaciones siempre que se recojan en una Ordenanza fiscal que la regule. Lo sorprendente es que sus concejalías de medioambiente no lo hagan por su acostumbrado afán recaudatorio.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI), es un impuesto local de carácter obligatorio, directo, real, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles con independencia de su producto o de la renta que de ellos se deriva.
A efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. A cada bien inmueble se le asigna como identificador una referencia catastral (código alfanumérico) que lo sitúa en la cartografía oficial del Catastro.
Los bienes inmuebles se pueden clasificar catastralmente en urbanos, rústicos y de características especiales. Dicha clasificación de los inmuebles dependerá de la naturaleza del suelo.
El hecho imponible está constituido por la titularidad de los bienes inmuebles, tanto rústicos, como urbanos o de características especiales, que radiquen en ese término municipal, de alguno de los siguientes derechos:
- Concesiones administrativas sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallan afectos.
- Derecho real de superficie.
- Derecho real de usufructo.
- Derecho de propiedad.
Existen bonificaciones potestativas, cuya aplicación depende de su establecimiento y aplicación por el municipio de imposición.
En este sentido los inmuebles que tengan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar cuentan con una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra.
En la liquidación 7/2023 del sector eléctrico se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de +2.107,1 millones de euros. En el sector gasista, el total de ingresos liquidables son un 9,5 % inferiores a los del año anterior.
Las víctimas de la inseguridad jurídica: 65.000 familias españolas que invirtieron creyendo en la Ley publicada en BOE continúan 13 años después sin ver reparada la injusticia que padecen.
