Roma, el pasado 14 de abril ha ofrecido a los sectores privados y públicos, diversos incentivos para el fomento de la energía solar, tanto termica, cómo fotovoltaica.
La Provincia de Roma ha publicado recientemente una convocatoria para la concesión de capital para:
- el uso de energías renovables en los edificios,
- la contención del consumo de energía en la industria, la artesanía y del sector de los servicios,
e incentivos para la producción de energía de fuentes renovables en la agricultura que se llevará a cabo en la provincia de Roma.
Los beneficiarios son las autoridades locales de la provincia (municipios, asociaciones y / o sindicatos de los municipios), y los consorcios o agrupaciones temporales, incluso las pequeñas y medianas empresas registradas en la Cámara de Comercio Industria y Artesanía de la provincia de Roma y que representan una realidad homogénea territorialmente.
Los recursos económicos que se asignan ascienden a un total de 4.724.000 de euros.
De este importe, dos tercios, sirven para incentivar a las empresas al acceso a las energias renovables.
Las aportaciones de capital para apoyar el uso de las energías renovables en los edificios oscilan entre el 20 y el 40% de los gastos demostrables en inversiones subvencionables (excepto para las instalaciones de sistemas fotovoltaicos que alcanzan hasta el 80%).
En los sectores industriales, comerciales y de servicios se ofrecen incentivos hasta el 30% de los gastos subvencionables previstos.
Las contribuciones a la producción de energía solar y otras renovables agrícolas se ofrecen incentivos hasta el 55% de los gastos subvencionables, viendose aumentado este incentivo al 65% para las cooperativas.
Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de junio de 2009.
En la liquidación 7/2023 del sector eléctrico se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de +2.107,1 millones de euros. En el sector gasista, el total de ingresos liquidables son un 9,5 % inferiores a los del año anterior.
Las víctimas de la inseguridad jurídica: 65.000 familias españolas que invirtieron creyendo en la Ley publicada en BOE continúan 13 años después sin ver reparada la injusticia que padecen.
