Un informe muestra las cifras que ha obtenido la fotovoltaica en el mercado griego el pasado año, así como, la evolución de la misma. La conclusión, un crecimiento exponencial de la fotovoltaica en el país griego.
Un reciente informe analiza el mercado fotovoltaico griego en el año 2012. Las estadísticas del mismo indican que:
Concretamente, el número de sistemas conectados a red divididos por su capacidad son:
Por lo tanto, se ve que en el mercado fotovoltaico griego las instalaciones que más éxito tiene son las de pequeña potencia (menores de 10kW) o de mediana potencia (de entre 20kW hasta los 2MW), aunque cada vez está tomando más peso las instalaciones de gran potencia (mayores a 2MW).
Por otra parte, la distribución de estos sistemas fotovoltaicos conectados a red, es la siguiente:
Las cifras que se obtienen por sectores concuerdan con las cifras obtenidas por capacidades, ya que se ve que los sectores que más auge tienen son el residencial y el industrial, que son los que tan solo en el año 2012 han añadido a la capacidad instalada en el país la mitad o más de la mitad de la potencia que tenía instalada hasta el momento. Estos sectores responden a las cifras por capacidades que se han visto anteriormente, dónde las instalaciones de pequeña o media-alta potencial son las que más se han incrementado en el año 2012.
Finalmente, desde que el mercado fotovoltaico se inició en Grecia en el año 2008 con 10.3 MW, ya que hasta ese momento solo tenían una capacidad instalada de 0.7 MW, ha ido aumentando exponencialmente. Por lo que de seguir con este ritmo y mientras las políticas del Gobierno no paralicen u obstaculicen este crecimiento como está ocurriendo en otros países, el mercado fotovoltaico griego será un gran referente en el sector fotovoltaico.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.