ANPIER denuncia que la estandarización de las inversiones fotovoltaicas se realice mediante estimaciones y aportará mil expedientes con valores reales al IDAE.

Las medidas tomadas por el Ministerio de Industria en materia de energía, sumadas a las sucesivas leyes retroactivas que se vienen aprobando desde el 2010, dejan el sector de las energías renovables fuera de juego.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, durante una rueda de prensa celebrada el 9 de octubre en Madrid, afirma que la reforma energética que está llevando a cabo el Gobierno tiene una intención clara de desincentivar la inversión en renovables y deja claro que el sector eléctrico español está en manos de 5 grandes empresas, y supone un riesgo para los ciudadanos invertir en la generación de energía con fuentes alternativas y restar mercado al oligopolio.

A partir del Real Decreto Ley 9/2013, se producen cambios en la retribución de las plantas, derogando todo la anterior. De acuerdo con las leyes vigentes en 2007, el productor conocía a qué precio se le iba a retribuir su energía, y la garantía de mantener este precio durante la vida útil de la planta, ya que estaba publicado en el BOE. Ninguno de los principios y compromisos del Gobierno con los que se iniciaron las inversiones se ha respetado.

La reforma energética del pasado mes de julio, establece una rentabilidad razonable del 7% para las plantas, calculándose, además mediante un proyecto tipo, estandarizando todos los proyectos. Aplicando los impuestos, la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5%, e incluso puede ser negativo, dependiendo de los estándares de inversión y explotación que fijados el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de tipos de instalaciones.

El Ministerio de Industria, sin haber realizado ninguna gestión para averiguar la inversión y coste de mantenimiento real de las plantas, ha decidido estandarizar una serie de valores para todas las instalaciones fotovoltaicas y el cálculo de las tarifas retributivas a aplicar. Estos costes estandar se establecerían a través del informe presentado por dos consultoras, ROLAND BERGER Y BOSTON CONSULTING. Según lo expuesto por Miguel Ángel Martínez-Aroca en la rueda de prensa, la adjudicación se ha realizado por 1 millón de euros, a través de una licitación sin conocimiento público. Estas consultoras deberán establecer los valores de cuanto debía costar la inversión de las plantas y el coste de mantenimiento a posteriori, en lugar de contar con las facturas iniciales y los valores reales de cada instalación.

Ante esta situación, según señala Martínez-Aroca, Anpier aportará mil expedientes de diferentes plantas del país, como muestra, con los datos reales, no de estimación, al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Esta iniciativa se toma para evitar que el Gobierno pueda alegar desconocimiento de los datos reales de las plantas durante el proceso.

En España se han realizado muchos tipos de inversión en fotovoltaica, sobre todo de pequeños inversores y Pymes, las cuales tienen tipos de interés diversos y muchas de ellas, garantías personales frente a la banca. Éstas salen perdiendo en un caso de estandarización de valores. Muchos de los proyectos de pequeños inversores tienen un 70-80% de apalancamiento con los bancos, con un tipo de interés del 5% o más y con un precio de & millones de euros por megavatio hora. Esto supone una deuda de unos 20.000 millones. De la muestra expuesta, los bancos con más deuda fotovoltaica acumulada son el BBVA, Caixa Bank y Caja rural de Navarra.

Anpier ha pedido ver las bases de la licitación y contrato con los que se ha adjudicado a las dos consultoras el informe por 1 millón de euros. Ya que esta licitación no ha sido publicada. El presidente de Anpier ha señalado que si el día 22 de octubre no ha tenido acceso al pliego de condiciones de los contratos, la asociación se presentará con un notario ante el IDAE para constatar que no se ha cumplido con la normativa de contratación pública y con el derecho, como ciudadanos, además interesados, por parte de los inversores fotovoltaicos, a tener acceso a esta información.

Desde Anpier, denuncian que estas medidas estén siendo tomadas solamente con el sector de la energía renovable, ya que las consultoras también podían realizar este informe al régimen ordinario y evaluar cúanto han recibido desde la puesta en funcionamiento, las centrales nucleares e hidráulicas y estandarizar su inversión, ya que perciben una retribución que no les corresponde y siguen cobrando a los consumidores un precio desproporcionado por la generación de esa energía.

Intervención del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca en rueda de prensa.