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UPyD a favor de la seguridad jurídica en las inversiones fotovoltaicas.

5-7-12
Carlos Mateu
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UPyD a favor de la seguridad jurídica en las inversiones fotovoltaicas.
Ante las recientes noticias que aseguran que el gobierno del PP va a volver a cambiar las reglas de retribución de la producción de las plantas fotovoltaicas, UPyD se manifiesta a favor de la seguridad jurídica.

El momento elegido por el gobierno para cambiar, de nuevo, las reglas del juego a mitad de partido es especialmente malo, ya que este tipo de decisiones afectan, no solo a la prima de riesgo, sino también a la solvencia de la banca española -la mayoría de las plantas están muy endeudadas- y a la imagen de España como país seguro para inversiones a largo plazo.

Primero el Gobierno Aznar (2004) y después Zapatero (2007) promovieron un sistema de incentivos a la producción fotovoltaica que alentó la inversión en el sector y atrajo a productores extranjeros. Las reglas que definían inicialmente la remuneración de este tipo de inversiones se definieron en los reales decretos 661/2007 y 1578/2008. En  diciembre del 2010, tres años más tarde, el anterior Gobierno del PSOE, aprobó el RD Ley 14/2010 por el cual se limitaban las horas con derecho a prima. El resultado fue que los inversores acogidos al 661/2007 perdieron una media de un 35% de ingresos durante los años 2011, 2012 y casi un 15% con carácter permanente.

La Comunidad Europea, hizo llegar al Ministerio de Industria su rechazo a estos cambios retroactivos y condenó la aprobación de leyes por parte del Gobierno que ponían en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE. Tres Comunidades Autonómicas gobernadas por el PP, presentaron recursos de inconstitucionalidad. Además se generaron decenas de miles de reclamaciones y varios inversores internacionales presentaron recursos amparándose en el “Energy Charter Treaty”.

Menos de dos años después del primer decretazo  a la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas, el gobierno del PP se propone dar “el golpe de gracia” a los inversores que optaron por este tipo de inversiones reguladas por el Estado, bajando de nuevo su retribución mediante unas tasas que dejarían a prácticamente todos las inversores, entre los que se encuentran numerosos fondos internacionales, fuera de lo que se podría considerar una rentabilidad razonable y a la gran mayoría, en una situación de quiebra.

UPyD solicita públicamente al Gobierno que reconsidere su postura y no siga el ejemplo del PSOE creando incertidumbres que puedan afectar seriamente la solvencia de nuestro país.

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