He aquí la visión de la promotora solar Cubierta Fotovoltaica, sobre el certificado que el portal jurídico inmobiliario www.suelosolar.com ofrece a los clientes que utilizan su buscador inmobiliario.
El certificado solar sirve para tener una posición de privilegio de cara a buscar un inversor ahora que existe TANTA oferta de espacio ocioso donde colocar generadores fotovoltaico.
De cara a publicitar su cubierta o terreno en nuestro buscador inmobiliario, le da un valor añadido al anuncio dado que el anunciante puede conocer de forma fehaciente y fidedigna que lo publicitado esta certificado por Suelo Solar. El certificado solar filtra la oferta y la clasifica de acuerdo a criterios técnicos, económicos y jurídicos.
"El certificado solar puede, sin duda, CERTIFICAR suelo o cubierta de dudosa rentabilidad como ubicación de generador FV y no captar jamás inversión después de haber realizado el gasto correspondiente" - Esto es como el que se gasta en las pruebas de ADN que corrobora una paternidad (o no) y resulta que resulta negativa (o si).
El gasto está hecho y el resultado es el contrario del que se busca. En la búsqueda de ese inversor se encarga SueloSolar de forma más intensa precisamente porque en suelo solar se parte de una certificación que da más verosimilitud al producto que le ofrecen".
En el certificado solar se incluye punto de evacuación y por lo tanto con el certificado ya se sabe si existe cupo de potencia. Finalmente el que certifica es una empresa FV y este trabajo forma parte de lo que se llama PLAs o proyectos, licencias y autorizaciones que son necesarias para llegar al registro de preasignación.
Se puede buscar un PLAs o quedarse en un certificado para que un inversionista le pague el PLAs".
CUBIERTA FOTOVOLTAICA
Rafael López-Peña
En la liquidación 7/2023 del sector eléctrico se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de +2.107,1 millones de euros. En el sector gasista, el total de ingresos liquidables son un 9,5 % inferiores a los del año anterior.
Las víctimas de la inseguridad jurídica: 65.000 familias españolas que invirtieron creyendo en la Ley publicada en BOE continúan 13 años después sin ver reparada la injusticia que padecen.
