El potencial de aprovechamiento de la energía solar del que se dispone en España y los objetivos establecidos hacen necesarios incentivos para su desarrollo como pueden ser las medidas fiscales.
La incentivación de instalaciones solares, para aprovechamiento térmico de uso doméstico, tiene una especial trascendencia dado que el mercado potencial de la energía solar térmica, contemplado, se corresponde mayoritariamente con el parque de viviendas familiares existente y nuevo, siendo, por tanto, el sector doméstico en el que se debe incidir de forma directa mediante incentivos, y por tanto en el ciudadano, que animen la demanda de este tipo de instalaciones y faciliten así el cumplimiento de los objetivos.
No sólo la energía solar puede ser incentivada mediante estas medidas fiscales, también otras energías renovables, la cogeneración o el transporte urbano pueden ser considerados entre las bonificaciones posibles en los diversos impuestos.
Es un hecho notorio el que a día de hoy no interesa que los ciudadanos ahorren en su factura energética o se les incentive fiscalmente ya que desde el año 2008 las ordenanzas fiscales brillan por su ausencia. Realmente ello tiene su sentido, ya que el ahorro del ciudadano está directa y estrechamente vinculado con la pérdida de beneficios de las Grandes Eléctricas.
Las bases para la consideración en las ordenanzas fiscales municipales de estas medidas se encuentran en la Ley 51/2002, de 27 de diciembre y en el Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, que afectan a los siguientes impuestos:
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- Impuesto sobre bienes inmuebles.
- Impuesto sobre actividades económicas.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
En la liquidación 7/2023 del sector eléctrico se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de +2.107,1 millones de euros. En el sector gasista, el total de ingresos liquidables son un 9,5 % inferiores a los del año anterior.
Las víctimas de la inseguridad jurídica: 65.000 familias españolas que invirtieron creyendo en la Ley publicada en BOE continúan 13 años después sin ver reparada la injusticia que padecen.
