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Los fotovoltaicos se movilizarán fuera y dentro de España para exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos de pago.

23-1-14. Carlos Mateu
jueves, 23 enero 2014. Carlos Mateu
Los fotovoltaicos se movilizarán fuera y dentro de España para exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos de pago.
Alemania anuncia que respetará la seguridad jurídica de sus productores de renovables. Gran bretaña y bélgica tambien han manifestado su voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con sus inversores.

La asociación última una campaña internacional de publicidad que incluye anuncios de impacto en las principales cabeceras mundiales.

Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, se movilizará a partir del mes de Marzo en las principales zonas productoras de España y, finalmente, en Madrid, para exigirle al Gobierno que no impida que el Estado español cumpla con los compromisos de pago acordados, a través de Boletines Oficiales del Estado, con 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica, que invirtieron sus ahorros e hipotecaron sus hogares en el desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica impulsados por el Estado español, que consideró esencial la instalación de energías renovables y recurrió para ello a la captación de los ahorros de decenas de miles de familias españolas.

Los más de 300.000 españoles que forman las 55.000 familias afectadas se movilizarán bajo la coordinación de Anpier y con la colaboración de colectivos y asociaciones de consumidores, estudiantes, trabajadores y profesionales del mundo agro rural,  colectivos que resultan también gravemente afectados por el nuevo marco del sector eléctrico impuesto con el Gobierno, que ha sido recurrido en el Tribunal Constitucional por las tres Comunidades Autónomas en las que se iniciarán las acciones: Navarra, Murcia y Extremadura. Paradójicamente, estas Comunidades están gobernadas por partidos conservadores.

A partir de febrero, tras la asamblea nacional que se celebrará en Madrid el 22 de febrero, se desarrollarán asambleas regionales de información y movilización en todas las Comunidades Autónomas, para canalizar las manifestaciones en las zonas productoras; Murcia, Mérida y Pamplona serán las tres primeras capitales confirmadas en las que se producirán dichas acciones, un calendario de movilizaciones que se irá completando en los próximos días y que culminará con una gran movilización en Madrid, prevista para mediados de mayo; con la intención, de cara las Elecciones al Parlamento Europeo, de dar visibilidad en Europa a la política española en renovables, absolutamente contraría a las disposiciones comunitarias, tanto en materia energética como en cuestiones de seguridad jurídica.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha declarado: “España ha dejado de ser líder mundial en energías renovables a cambio de ser líder mundial en pleitos contra un Estado, y los grandes sacrificados de esta perversa metamorfosis somos las miles de familias honestas que confiamos en la seguridad jurídica que parecía garantizar nuestro marco democrático y que ha sido mancillada por un Gobierno errático en materia energética; pero no vamos a consentir que arruinen a nuestras familias y aplasten nuestra dignidad sin que se enteren de esta situación de indefensión e injusticia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”

De forma simultánea a las acciones y movilizaciones internas, Anpier trasladará hacia el exterior la crónica de una la situación de absoluta indefensión que soportan los productores españoles de energía solar fotovoltaica, con inserciones publicitarias de impacto en diarios como Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, Corriere della Sera, Pravda, y Clarín, así como comparecencias públicas para ilustrar el contraste de la situación española, en el marco del supuesto mercado único europeo, frente a países como Alemania, dónde se ha blindado recientemente la seguridad jurídica de sus inversores en renovables, librando a sus nacionales de cualquier medida retroactiva, siguiendo los pasos de otros países de prestigio internacional como el Reino Unido y Bélgica, que adoptaron recientemente idénticas decisiones.

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