En el Consejo de Ministros de HOY se aprueban medidas de reforma energética eliminando las tarifas reguladas de las energías renovables.
La moratoria a las renovables sigue vigente, y se establece un régimen retributivo que complementa a los costes de generación, con un 7,5 % de rentabilidad, eliminando todas las tarifas retributivas que hasta la fecha venían percibiendo los productores fotovoltaicos. No se menciona el Balance neto.
Tras numerosos debates políticos de los equipos negociadores de los Ministerios de Hacienda, Ministerio de Industria, Oficina Económica y Presidencia, se ha aprobado hoy día 12 de julio la temida reforma energética, sin ser escuchado el sector de las energías renovables, pero sí el de las Grandes Eléctricas.
Es una lástima que en la historia de España jamás se haya permitido participar de forma amplia en un sector estratégico como el de la energía, ni a la sociedad, ni a las Asociaciones de energías renovables, ni al conjunto de grupos parlamentarios.
El déficit de tarifa, ó también denominado agujero eléctrico creado por los Gobiernos españoles, y que trae causa imputable y culposa de las inflacionistas subastas de la CESUR, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear, los surrealistas pagos por capacidad, los servicios de ininterrumpibilidad, los costes de transición a la competencia, etc, quiere ser solucionado hoy aplicando recortes retroactivos al sector más débil de las renovables: la solar fotovoltaica.
Según ha afirmado hoy el ministro Soria en el Consejo de hoy, el déficit está creado en su mayor parte por el sobredimensionamiento de las instalaciones y de las subvenciones a la tecnología renovable, sin que exista una mención de la bajada de la demanda energética debido a los miles de empleos perdidos y empresas e industrias cerradas.
El recorte retroactivo que el Gobierno, tras el Consejo de Ministros, va a aplicar a las energías renovables asciende a 1.500 millones de euros.
El gobierno es consciente de que la energía renovable es una tecnología más cara, que ha necesitado de apoyo para poder competir en el mercado, ya que los costes iniciales no eran competitivos. Este esfuerzo era necesario para un cambio a un nuevo modelo energético, sostenible, bajo en emisiones e independiente.
La nueva reforma mantiene la moratoria a las energías renovables y les resta el apoyo de las primas por completo, dejando al sector un régimen contributivo del 7,5 % de acuerdo a los costes de generación. Pero los números no salen para los miles de inversores y productores que apostaron por la energía limpia, cara pero necesaria para el futuro económico.
Este nuevo recorte retroactivo supone un nuevo atentado a la seguridad jurídica de las inversiones en fotovoltaica. Cambian las reglas de juego por completo. Las tarifas retributivas reguladas que hasta la fecha perciben todas las instalaciones fotovoltaicas se suprimen pasando a percibir éstas una “rentabilidad razonable” del 7,5% de la inversión.
Se establece un nuevo régimen retributivo para todas las instalaciones del régimen especial Estas tecnologías van a recibir un complemento por su coste de inversión basado en estándares de tecnología.
Se va a retribuir a las tecnologías con una determinada rentabilidad basada en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%.
Asimismo se establece un nuevo régimen económico específico de incentivos para Canarias y Baleares dónde la energía renovable es mucho más económica que la convencional, dónde todo se produce con fuel.
Este injusto cálculo del 7,5% provoca que al no existir ya tarifa regulada las inversiones en fotovoltaica sufren asimismo el perjuicio económico de no poder actualizar los ingresos conforme al IPC, siendo por tanto el recorte a la retribución del sector mayor, y más sangrante. Sorprende ver que el Ministerio de Industria no tiene en cuenta las zonas climáticas ni el número de horas de Sol que esa planta fotovoltaica produce, y para la que fue en su día proyectada..
El riesgo regulatorio, las medidas expropiatorias y retroactivas han provocado que los ingresos de los fotovoltaicos se vayan a recortar en más de un 50% siendo ya imposible poder cumplir los compromisos con la banca que financió estos proyectos en su día.
La otra gran medida esperada para el beneficio del consumidor, como la aprobación del Balance neto, no se ha mencionado en el consejo de hoy.
Intervención del Ministro Soria en el Consejo de Ministros de hoy (versión resumida):
Intervención del Ministro Soria en el Consejo de Ministros de hoy (versión extensa):
Descargar aquí presentación del Ministerio de Industria de la Reforma Eléctrica.
NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
El Gobierno aprueba la reforma energética, que equilibra definitivamente el sistema eléctrico.
- El Gobierno busca equilibrar definitivamente el sistema eléctrico, evitar nuevos desequilibrios y garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente.
- A pesar de las medidas ya emprendidas, el desequilibrio del sistema alcanzará los 4.500 millones de euros este año. Para corregirlo, se recortarán costes del sistema eléctrico por 2.700 millones de euros, se aportarán 900 millones de euros de los PGE y se subirán los peajes eléctricos en 900 millones de euros.
- Se simplifica y clarifica la factura de la luz y se introduce más competencia en la tarifa doméstica para favorecer la competencia de cara al ciudadano, manteniéndose asimismo el bono social.
- Todas las medidas emprendidas por el Gobierno han evitado una subida de la luz del 42%.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de medidas para poner fin definitivamente a los desequilibrios que persisten en el sistema eléctrico, que actualmente ascienden a unos 4.500 millones de euros anuales, establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorar el sistema de cara al consumidor, clarificando la factura y favoreciendo la competencia de cara al ciudadano.
El Gobierno ha puesto en marcha varias medidas desde 2012 para reducir la generación anual de déficit de tarifa -la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos recogidos a través de la factura-, un grave desequilibrio del sistema que supera los 26.000 millones de euros y que, de no haber tomado ninguna medida desde 2012, ascendería este año a 10.500 millones de euros. Tras las medidas ya emprendidas, que han logrado reducir la generación anual de déficit de tarifa en 6.000 millones de euros, el déficit previsto para 2013 es de 4.500 millones de euros.
Para corregir este déficit restante, la tarifa del consumidor doméstico tendría que subir un 19%. De no haber puesto en marcha ninguna medida, la factura del consumidor tendría que subir un 42%.
La reforma aprobada hoy contempla un reparto del esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. Así, de los 4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los 900 millones de euros restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de peajes.
Una vez corregido el desequilibrio, la reforma contempla cambios normativos para que el sistema sea más flexible para adaptarse a las circunstancias y evitar así nuevos desequilibrios en el futuro.
El tercer pilar de la reforma es garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. Para ello, se simplifica y clarifica la factura eléctrica y se introducen cambios normativos para fomentar la competencia, reforzando los mecanismos de atención al cliente y manteniendo la protección para los consumidores vulnerables.
Marco normativo para la estabilidad financiera del sistema
Se establece una regla de estabilidad financiera, mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes. Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. Aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.
Reducción costes del sistema por 2.700 millones anuales
Renovables, cogeneración y residuos
La reforma establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos. Estas instalaciones recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías, garantizando una rentabilidad razonable antes de impuestos que, en principio, girará sobre el rendimiento medio en los 10 años anteriores de las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos. Este nuevo marco retributivo constituirá un instrumento adecuado para la protección y fomento de las tecnologías renovables, al incorporar mecanismos que aseguraran su adaptación a las circunstancias en lo que sea necesario para mantener el principio de rentabilidad razonable, introduciendo a la par elementos que tienden a minimizar la incidencia del eventual riesgo tecnológico.
Redes transporte y distribución
Se establece un régimen para las redes de transporte y la distribución que establece una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo, es decir, Obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos.
También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.
Otras actividades reguladas del sistema
La reforma introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad.
Además, se establece un sistema básico de incentivos para Canarias y Baleares, dónde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional.
El Gobierno también habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones (hibernación) bajo estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro.
Más competencia y transparencia de cara al consumidor
El Gobierno busca con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente. Para ello, se simplifica la factura eléctrica y se introducen modificaciones en la tarifa para aumentar la competencia.
La Tarifa de Último Recurso, a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas, para ofrecer ofertas y descuentos. Además, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente.
Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento del bono social.
Por otra parte, la reforma también reforzará la lucha contra el fraude, se modificará la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías.
Declaración conjunta que firma los compromisos de los países para acelerar las acciones encaminadas a un mundo limpio, transición energética sostenible, justa y asequible.
Se presentó el portafolio de inversión para el sector energético con 14 proyectos que se sumaran a la producción de energías limpias.