Fotovoltaica: atrapados en la deuda.

El sector fotovoltaico español considera que vulnera el principio constitucional de confianza legítima en las leyes y que es claramente discriminatoria, además de haberse ejecutado sin diálogo entre el regulador y los actores regulados, llegando a alcanzar el grado del abuso de poder.

La sucesiva aprobación de normas perjudiciales para el sector fotovoltaico –más de una flagrantemente retroactiva– como el Real Decreto 1565/2010, el Real Decreto-Ley 14/2010, el Real Decreto-Ley 1/2012, la Ley 15/2012 y el Real Decreto-Ley 2/2013, han derruido al sector fotovoltaico en España; si en su punto álgido, el año 2008, llegó a emplear a tiempo completo a unas 60.000 personas, en la actualidad difícilmente emplea a 7.000; más de la mitad de las empresas que operaban entonces en el sector lo han abandonado o han cerrado.

En España hay casi 60.000 instalaciones de producción de electricidad fotovoltaica cuyos titulares, decreto tras decreto, han constatado la nula validez de la legislación española y su indefensión a la hora de apelar a la Justicia para defender su legítimo derecho. Confiaron en el Boletín Oficial del Estado y ahora están atrapados en el endeudamiento, con sus inversiones aún por amortizar y arruinados por la vía regulatoria.

La inversión fotovoltaica en España asciende a unos 25.000 millones de euros, de los que dos tercios corresponden a la banca nacional. En la actualidad, la inmensa mayoría de las instalaciones fotovoltaicas de producción de electricidad no generan ingresos suficientes para cumplir con el servicio de la deuda, ni los podrán generar en el futuro si se mantiene la situación, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:




Antes de la aprobación del RD-L 2/2013, la situación de default de las instalaciones se circunscribía al año 2013, pero ahora, al no actualizarse la retribución en función del encarecimiento de los precios, se extiende durante toda la vida útil de las mismas. Los titulares no tienen otras opciones que renegociar la deuda con la entidad financiera –en ocasiones, por segunda vez–, aportar fondos propios, o, si no pueden hacer ninguna de las dos cosas, entregar la instalación a la entidad financiera –junto con las garantías que las respaldaban– o malvenderla a los llamados “fondos buitre”.

Si las medidas retroactivas del RD-L 14/10 han llevado al Reino de España a afrontar dos arbitrajes internacionales, es totalmente seguro que estas nuevas medidas acarrearán nuevas demandas internacionales por mínima que sea la base jurídica para ello. UNEF, por su parte, está analizando la situación para iniciar todas las actuaciones que sean oportunas.

Adicionalmente, UNEF lamenta, y condena, la desproporción existente entre el esfuerzo exigido a la fotovoltaica para acabar con el déficit de tarifa y el esfuerzo exigido a otras tecnologías o actividades del ámbito eléctrico. Si se mantiene la situación actual, entre 2010 y 2020 la fotovoltaica verá mermada su retribución en más de 9.500 millones de euros, aproximadamente un 30% de los ingresos totales del sector durante este periodo:



Las decenas de miles de particulares y empresas que han invertido en fotovoltaica en España se sienten totalmente estafados: están atrapados en el endeudamiento y la rentabilidad que aspiran obtener de sus instalaciones se sitúa en muchas ocasiones por debajo de las Obligaciones del Estado a 30 años.