¿Cuál es el Modelo de Concursos fotovoltaicos que pretende AEF?

AEF considera urgente modificar la regulación del sector para futuros proyectos hacia un modelo de concursos para suelo, donde el Ministerio fije un techo de precio máximo, y a partir de ahí los proyectos se seleccionen tanto por el precio ofertado como por la calidad y solidez del proyecto técnico, y por la construcción, financiación y garantías.
La industria hubiera preferido plantear un mercado feed-in-tariff sin cupos y con tarifas más o menos decrecientes en función del volumen instalado (sistema similar al alemán) si bien las circunstancias actuales hicieron a AEF decidirse por sugerir el modelo de concurso.
El principal objetivo de los concursos es desterrar la estricta antigüedad en la presentación de los proyectos, único requisito de valoración en la vigente normativa. A juicio de AEF, “no garantiza la realización del proyecto y no permite trasladar al precio del kilovatio hora las mejoras de eficiencia de la tecnología fotovoltaica”. Desde la entrada en vigor de esa normativa, los nuevos proyectos puestos en marcha en España suman tan sólo unos cien megavatios, frente a los quinientos megavatios previstos.
Se subraya también la importancia de aplicar una transición ordenada del actual Real Decreto 1.578/2008, manteniendo su calendario de asignaciones y cupos hasta la completa aplicación del modelo de concursos. De esa forma se evitan “paradas artificiales como la del 2009, que impidió la inversión de más de 2.000 millones de euros y supuso la pérdida de un elevado número de puestos de trabajo y la ralentización del tejido industrial español”.

AEF plantea al Ministerio la necesidad de impulsar las instalaciones en cubiertas y tejados incentivando el autoconsumo. En concreto, sugiere simplificar las obtenciones de puntos de conexión doméstica, comercial o industrial, así como los trámites administrativos y de licencias a cargo de las Comunidades Autónomas.
Recomiendan también establecer algún método para facilitar a los consumidores la generación limpia de su propia electricidad por sistemas fotovoltaicos, vertiendo el excedente a la red o recibiendo de ésta cuando sea necesario.
Demandan igualmente al Ministerio y a las Comunidades Autónomas que extremen sus controles y sanciones, inspeccionando y sancionando todos los proyectos irregulares que estén cobrando la tarifa fotovoltaica sin derecho a ella,  y que procedan a la inmediata ejecución de avales en caso de incumplimientos de las condiciones legalmente establecidas.
Como garantía de eficacia del sistema de las energías renovables, se propone crear un Comité Observador, formado por las entidades representativas del sector fotovoltaico y la Administración, y especializado en detectar posibles prácticas especulativas y dilatorias.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica sugiere diferentes medidas de apoyo a la eficiencia y la reducción de coste de esta energía. Se propone incorporar a la Ley de Economía Sostenible incentivos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial, así como deducciones y reducciones de impuestos y tasas de las entidades locales, como los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI, de Actividades Económicas, IAE, o sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO.

Corregir ineficiencias en el sector eléctrico
Dado que el principal problema del sector eléctrico es la necesaria reducción del déficit tarifario para minimizar la subida del coste de la energía, AEF incluye en su propuesta un capítulo de sugerencias para reducir ese déficit y  hacerlo compatible con la  sostenibilidad económica y el mantenimiento de la Política Energética del Gobierno. Se demuestra que “las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, no son ni exclusiva ni directamente responsables del déficit tarifario heredado del periodo 2006-2009 con el que se enfrenta actualmente el sector eléctrico”.
Para la Asociación, el déficit tarifario “se viene generando en su mayor parte por ineficiencias del sistema  eléctrico, y su corrección requiere eliminar dichas ineficiencias y aquellas otras actividades que no aportan valor añadido y, sin embargo, generan elevados costes en el proceso de suministro de electricidad al consumidor final”.
Sobre esa base, AEF solicita de la Administración “la urgente puesta en marcha de un estudio (de esas características) que permita en el corto plazo tomar las medidas adecuadas, respetando siempre la seguridad jurídica y evitando medidas retroactivas, para hacer compatible la reducción necesaria del déficit tarifario con el mantenimiento de una política energética de apoyo a las renovables”.
“El sector de las energías renovables, y particularmente el fotovoltaico, ha hecho un extraordinario esfuerzo en las sucesivas revisiones a la baja de su marco retributivo, con un recorte acumulado del 40%, y está en condiciones de mantenerlo en los próximos años, con la certeza de que será la tecnología que más deprisa reducirá sus costes”, añade.
“No se puede hacer recaer sobre la industria fotovoltaica la insostenibilidad económica del sistema en su conjunto, ni culpar de los crecimientos desorbitados del coste energético en los últimos años a unas energías renovables todavía incipientes”, según AEF.
“Hay que definir – añade- una política energética alejada de continuos cambios regulatorios –a veces contradictorios entre sí-, que garantice beneficios equilibrados para el riesgo asumido por los inversores, y que actúe con ecuanimidad en el respeto a los derechos adquiridos y en el tratamiento de todas las fuentes de energía”.
Sobre los precios de la energía, señala que el sistema sigue retribuyendo al parque de generación histórico ya amortizado a precios muy superiores a sus costes variables, cita también la liquidación  pendiente – desde 2006 - de los Costes de Transición a la Competencia y añade otros posibles ejemplos, como la situación real de las concesiones públicas hidroeléctricas, las rentas de monopolio generadas ante restricciones técnicas en cuya resolución interviene una única central, o la necesaria optimización del  sistema de fijación de precio y comercialización de la Tarifa de Último Recurso.

Externalidades positivas y ahorros directos generados por las renovables
La Asociación critica también la forma en que suelen presentarse el coste de las primas de las renovables, que parecen representar para los consumidores el más alto de los costes regulados, con 5.880 millones de euros previstos para el total de las primas del Régimen Especial en el 2010. En  realidad, de esa cifra no se separan las renovables del resto de energías no renovables del régimen especial, ni se tienen en cuenta sus efectos positivos, como las externalidades positivas, tales como las medioambientales o su contribución positiva al saldo del comercio exterior y a la independencia energética”
Por otra parte, la Asociación estima que, además, sólo los ahorros directos obtenidos gracias a la entrada de las renovables, bajando el precio medio del mercado eléctrico diario, suponen un promedio de 2.000 millones de euros anuales. Se deberían añadir los ahorros directos achacables a las renovables al disminuir pérdidas de transporte y distribución, reducir las necesidades de la red, aplanar la curva de carga o rebajar los precios del mercado de la electricidad, “Todo lo cual –subraya- nos llevaría a una cifra neta muy inferior a la que normalmente se presenta como coste para el sistema”.
Después de realizar un detenido análisis a través de diversas simulaciones, la Asociación plantea las posibilidades que tiene el Gobierno para poder ajustar, a través de diversas medidas, un conjunto de sobrecostes innecesarios o injustificados de entre 4.000 y 5.000 millones de Euros anuales cuya eliminación, al menos, parcialmente, sería necesaria para conseguir la compatibilidad antes señalada.
La industria fotovoltaica recomienda que el sector de las renovables contribuya a la sostenibilidad futura del sistema mediante “una razonable revisión a la baja de las tarifas a las nuevas instalaciones, de acuerdo con la evolución actual de los costes de dichas plantas y de sus previsiones”. De ahí que AEF pida un sistema de concursos, con el que se garantizaría el mejor precio y podrían conseguirse reducciones superiores al 25% en las tarifas.
Para terminar, la Asociación Empresarial Fotovoltaica tiene confianza en el proceso actualmente abierto de conversaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y espera que como resultado de dichas conversaciones se pongan en marcha, una vez oídas a todas partes implicadas, las medidas oportunas que permitan la compatibilidad entre la necesaria reducción del déficit tarifario y el mantenimiento imprescindible, por sus positivos efectos a medio y largo plazo para este país, de la Política Energética  del Gobierno de apoyo a las energías renovables.