Mejorar la integración de los proyectos en el territorio, incluir criterios de valor añadido en las subastas y los concursos de acceso a la red e impulsar un sello «Made in Europe», entre los principales compromisos suscritos en Bilbao.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles la firma conjunta con el sector de la Wind Charter Español que, en línea con el European Wind Charter, firmada por 26 Estados Miembro de la UE el pasado diciembre, busca proteger a una industria capital para la transición ecológica y la descarbonización de la economía en España y del conjunto de la Unión Europea.
“Hoy vengo con la satisfacción de poder firmar la Carta con la industria española” ha anunciado la vicepresidenta a su llegada al encuentro anual de WindEurope que se celebra en Bilbao. “Estamos ante un panorama con nuevos competidores en un contexto geopolítico en que nuevas potencias hacen una apuesta parecida a la europea y la española, que nos lleva a defender y subrayar la importancia de la industria eólica en nuestro continente y en nuestro país” ha explicado Ribera.
La eólica ya se sitúa como la principal fuente de producción eléctrica en España –cubrió más de un 24% de la demanda en 2023–. No en vano, España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Esta posición de liderazgo queda reforzada con la firma de la Declaración española.
“Creo que hoy nos podemos felicitar. Poder llegar a la firma de esta Carta Española, en la que no solo mostramos el compromiso de las administraciones para impulsar de una forma diferente la mejora constante del sector, sino también la capacidad del sector industrial de autoimponerse esos compromisos y hacerlos públicos es un paso capital” ha defendido la vicepresidenta durante el acto de firma de la Carta. “Son años extraordinariamente intensos, las cosas pasan muy deprisa, pero, para que pasen muy deprisa y bien, son fundamentales avances como este”, ha señalado.
En este sentido, entre los compromisos de la Declaración figuran mejorar la integración de los proyectos en el territorio, persiguiendo su excelencia ambiental y social, e incluir criterios asociados al valor añadido tanto en las subastas como en los concursos de capacidad de acceso a la red para una tecnología clave en la transición energética española.
Además, la industria nacional es capaz de producir más de un 90% de los componentes de un parque eólico, lo que sitúa a España como el quinto mayor exportador, solo superado por Alemania, Dinamarca, China e India. En 2022, las ventas exteriores de estos componentes superaron los 2.500 millones de euros, situando en 5.896 millones la aportación al PIB de un sector del que dependen 39.015 empleos directos e indirectos, según los datos del sector.
Para proteger esta industria de la fuerte competencia internacional, además, la Declaración se compromete a reforzar sus capacidades productivas a través de un programa de ayudas de impulso a la cadena de valor renovable, a dar más visibilidad mediante la actualización del calendario indicativo de subastas hasta 2030 y a promover la creación de un sello “Made in Europe” que distinga a las mejores tecnologías.
El pasado 19 de diciembre España, junto a otros estados miembro y al sector eólico europeo, suscribieron el European Wind Charter –la Carta Eólica Europea–, compromiso conjunto que busca impulsar una cadena de valor eólica europea que sea resiliente, sostenible y competitiva, que proporcione seguridad de suministro y que cuente con las condiciones adecuadas para impulsar al ritmo necesario la transición energética en el ámbito de la Unión.
El European Wind Charter identifica la coordinación entre los actores, los marcos de planificación y regulatorios, la competitividad del ecosistema industrial eólico y el crecimiento del empleo en el sector eólico europeo como principales herramientas para afrontar los principales retos del sector. Para afrontar este contexto con éxito, propone seis líneas de actuación, que pasan por una mayor visibilidad y robustez en las previsiones de despliegue de generación; un diseño mejorado de las subastas de renovables, que incluyan criterios de valor añadido; mejoras en los procesos de toma de decisión de las propias empresas para alinearlas con estos principios; la reducción de la volatilidad del sector con el impulso de acuerdos a largo plazo; y la vigilancia de prácticas de comercio internacional para evitar actuaciones anticompetitivas y el refuerzo de las capacidades de fabricación del sector eólico europeo.
10.500 millones están en riesgo de perderse, 60 proyectos eólicos y 3.000 MW de potencia están judicializados.
Las Administraciones implicadas han trabajado en los últimos meses en la búsqueda de soluciones viables para las dos plantas que la empresa ha rechazado y mantienen su ofrecimiento a la compañía para seguir analizando opciones de viabilidad.
Los agentes podrán indicar en qué nudos están interesados, con qué tecnología quieren concursar, si son proyectos de nueva creación o ampliaciones, o si son de I+D+i o hibridados, entre otros elementos.
