No obstante entiende que, para asegurar el cumplimiento de la electrificación de la demanda, es necesario que se fije como objetivo vinculante un mínimo del 50% de la cobertura de la demanda final de energía en 2030 con electricidad.
La Fundación Renovables se congratula por el esfuerzo de cambio esbozado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, presentado ayer por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Plan va a movilizar, en los próximos tres años, el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento de recuperación Next Generation EU. Según el Presidente del Gobierno, de los 72.000M€ entre los años 2021 y 2023, la inversión "verde" representará más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.
Desde la Fundación Renovables, recibimos con agrado la intencionalidad reflejada por el Gobierno en la inversión “verde” remitida, que está muy en línea con nuestras propuestas. Entre ellas, las más destacables son la apuesta por la actuación y el papel de las ciudades en la transición energética, sobre la que volvemos a solicitar su inclusión específica en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como propuso Teresa Ribera, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su comparecencia; promoviendo la actuación en municipios de menos de 5.000 habitantes y, sobre todo, en la necesidad de trabajar a nivel de barrio, que siempre han formado parte de nuestros ejes de política energética. Es importante recuperar el poder tractor y redistributivo de iniciativas a pequeña escala, ya que son focos de desarrollo y de equidad, como son el fomento del autoconsumo, la rehabilitación energética, la movilidad sostenible y generación distribuida, puntos contenidos en el Plan. Por eso pedimos que se establezcan objetivos concretos que permitan controlar el cumplimiento de los planes y de las medidas puestas en marcha.
Otro punto destacable es la incidencia y el desarrollo de la cadena de valor de la electricidad, entendido como vector energético fundamental en la descarbonización, promoviendo la digitalización de las redes de transporte, la gestión de la demanda, el desarrollo del agregador independiente, el almacenamiento y la progresiva electrificación de la movilidad y el sector edificación. En este punto, entendemos que, para asegurar el cumplimiento de la electrificación de la demanda, es necesario que se fije como objetivo vinculante un mínimo del 50% de la cobertura de la demanda final de energía en 2030 con electricidad.
Asimismo, destacamos positivamente la implicación de desarrollar la digitalización de los servicios y de la transición energética en las administraciones públicas por su efecto tractor en el sistema socioeconómico, algo muy demandado y que deberá ser especificado con datos objetivos cuanto antes. Nos congratulamos, igualmente, de que se arbitren medidas fiscales, a través de la futura modernización del sistema fiscal, junto con la creación de un Comité de Expertos. A este respecto, vemos necesario el compromiso de remitir al Congreso una iniciativa legislativa para la creación de una Ley de Fiscalidad Verde, como reclamamos en nuestro informe presentado el pasado martes, y la necesidad de que los criterios de fiscalidad activa y verde se incorporen en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Por último, no queremos dejar de recordar la necesidad urgente de una Ley Reforma del Sector Eléctrico, vista la obsolescencia del sistema, agudizada por la situación actual de alta penetración de renovables en el mix de generación, así como un Contrato Social de la Energía, acentuando la consideración de la energía como un bien básico cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público. La electrificación de la demanda, con electricidad producida por fuentes renovables, se torna así en la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad y respeto al medio ambiente, siendo necesario que sea el eje sobre el que se vertebre el Plan de Recuperación y, por tanto, la consolidación de un futuro sostenible, descarbonizado y equitativo.
Lo anunciado ayer es un gran paso no solo para reactivar la economía y para adecuar nuestro modelo productivo hacia la sostenibilidad, sino, también, para poner en el centro del sistema energético al consumidor, compromisos que deberían ser trasladados, en letra y espíritu, a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hoy en tramitación parlamentaria.
El Ejecutivo ha analizado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que contempla la descarbonización de la economía española para 2050 y da un impulso decidido a las energías renovables.
No asume su papel legislativo de referencia y de compromiso con respecto al presente y futuro de nuestro país, a causa de la exigua ambición de sus objetivos ni el carácter de marco legal y político del ambicioso ámbito estratégico para 2050.
