El recorte para el sector fotovoltaico asciende a 920 millones, casi tres veces más que el estimado por la CNMC.

• El documento de la CNMC pretende justificar el recorte de 1.700 millones al régimen especial que busca el Ministerio pese a reconocer que no dispone de suficientes datos que certifiquen las conclusiones del Gobierno

• Utiliza de forma interesada datos de un informe de 2008 ocultando que en el mismo se hablaba de rentabilidades de entorno al 4% en ciertas instalaciones fotovoltaicas, tres puntos menos que la “rentabilidad razonable” que garantiza el Gobierno del 7,4%

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa en torno al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada en España, ha denunciado que la cifra real de recorte que sufre el sector con la nueva reforma asciende a 920 millones de diferencia con respecto a la normativa vigente en el momento de realizar las inversiones, una cifra que triplica los 373 millones que recoge la CNMC en su informe sobre la Orden Ministerial de nuevos parámetros para el régimen especial. Sólo entre lo que se preveía ingresar en 2014 aplicando la normativa vigente hasta julio de 2013 y lo que establece la nueva normativa hay una diferencia de 550 millones.

Tras analizar el documento, UNEF afirma que la CNMC utiliza de forma sesgada e interesada datos procedentes de informes anteriores, como por ejemplo, el informe CNE 38/2008. Aunque la Comisión reconoce que está basado en datos que no son significativos estadísticamente, destaca que la inversión que recoge es similar a la establecida en la Orden Ministerial, validando el cálculo de la “rentabilidad razonable” del 7,4% propuesto por el Gobierno. Sin embargo, obvia que en el mismo informe, su propia antecesora, la CNE, hablaba de rentabilidades de en torno al 4% para algunas instalaciones fotovoltaicas, tres puntos porcentuales por debajo del cálculo del Ministerio.

UNEF considera que "la falta de rigor técnico y las vaguedades son una constante en el informe" y como ejemplo de su inconsistencia señala que:

• No justifica el cálculo por el que se llega a la conclusión de los 373 millones que se atribuye de recorte a la fotovoltaica.
• No toma en consideración variables críticas a la hora de estimar los ingresos de las plantas puestas en marcha bajo el RD 661/2007 como son las diferentes producciones en función de la ubicación geográfica de las instalaciones.
• Circunscribe toda su argumentación analizando proyectos que no se ven especialmente agraviados, aún cuando esta tipología de proyectos es minoritaria.
• Propone una metodología claramente inflacionista de cálculo del precio de mercado de la energía, al tomar como referencia contratos anuales de compraventa de electricidad que llevan implícita una prima de riesgo (50,49€/MWh para el periodo 2014-16), en lugar de las cotizaciones históricas intradiarias del precio del mercado eléctrico (25,99€/MWh). La asunción de un precio elevado minora la retribución que han de percibir las plantas.
• Ni siquiera subsana el error incluido en la OM por el que se establece el mismo mínimo anual de producción en 2013, a cumplir en tan solo los siete meses que distan desde la aprobación de la ley en julio hasta diciembre, que para cualquier otro año, en el que se cuenta con 12 meses para llegar a dicho mínimo. Si no se corrige este error, las plantas fotovoltaicas serían las únicas que no tendrían derecho a prima en 2013 desde julio.

El impacto en pequeños inversores y la "agrupación de instalaciones".

Especialmente grave es el caso de aquellas grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes a los que se les aplican los estándares más duros, que prevén recortes de hasta el 52%.

En la misma situación están aquellas pequeñas plantas que se encuentren cerca de una planta grande. En esos casos, la OM considera que pertenecen a un "Conjunto de instalaciones", sumando sus potencias y aplicándole a ambas el estándar  que corresponde a la suma.

En su informe, la CNMC  reconoce la distorsión que este concepto supone, pero obvia su solución. Aunque asume que podría afectar a un "número considerable" de inversiones, únicamente analiza un par de casos concretos y no valora el impacto de este concepto en el total del parque instalado.

Los recortes sufridos a lo largo de los años por la industria fotovoltaica situaban, ya antes de la Ley 24/2013, a los proyectos al borde de la rentabilidad mínima, con un TIR medio del 6% y un periodo medio de retorno de la inversión de 15 años. Estos nuevos recortes llevarán al grueso de los proyectos a rentabilidades negativas.

UNEF calcula que entre un 30 y un 50% de los proyectos no serán refinanciables, a menos que se produzcan quitas muy importantes por parte de las entidades financieras.

Ninguna de las inversiones en energía fotovoltaica en España está aún amortizada según la normativa bajo la que se hicieron, con una deuda a la banca que se calcula en torno a los 22.000 millones de euros.

Gráfica 1

Casi la mitad de las instalaciones sufrirán recortes de ingresos de más del 30% con respecto a las previsiones iniciales, siendo especialmente afectadas las grandes plantas y las agrupaciones de instalaciones:

Gráfica 2

Los nuevos parámetros retributivos supondrán un recorte de ingresos de 920 millones de euros con respecto a las previsiones iniciales: