Sólo la diferencia entre lo que se preveía cobrar en 2014 y lo que establece la nueva normativa, implica una pérdida de ingresos de 550 millones para el sector
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa en torno al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada en España, ha denunciado que la cifra real de recorte que sufre el sector con la nueva reforma asciende a 920 millones de diferencia con respecto a la normativa vigente en el momento de realizar las inversiones, una cifra que triplica los 373 millones que recoge la CNMC en su informe sobre la Orden Ministerial de nuevos parámetros para el régimen especial. Sólo entre lo que se preveía ingresar en 2014 aplicando la normativa vigente hasta julio de 2013 y lo que establece la nueva normativa hay una diferencia de 550 millones.
Tras analizar el documento, UNEF afirma que la CNMC utiliza de forma sesgada e interesada datos procedentes de informes anteriores, como por ejemplo, el informe CNE 38/2008. Aunque la Comisión reconoce que está basado en datos que no son significativos estadísticamente, destaca que la inversión que recoge es similar a la establecida en la Orden Ministerial, validando el cálculo de la “rentabilidad razonable†del 7,4% propuesto por el Gobierno. Sin embargo, obvia que en el mismo informe, su propia antecesora, la CNE, hablaba de rentabilidades de en torno al 4% para algunas instalaciones fotovoltaicas, tres puntos porcentuales por debajo del cálculo del Ministerio.
UNEF considera que "la falta de rigor técnico y las vaguedades son una constante en el informe" y como ejemplo de su inconsistencia señala que:
El impacto en pequeños inversores y la "agrupación de instalaciones".
Especialmente grave es el caso de aquellas grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes a los que se les aplican los estándares más duros, que prevén recortes de hasta el 52%.
En la misma situación están aquellas pequeñas plantas que se encuentren cerca de una planta grande. En esos casos, la OM considera que pertenecen a un "Conjunto de instalaciones", sumando sus potencias y aplicándole a ambas el estándar que corresponde a la suma.
En su informe, la CNMC reconoce la distorsión que este concepto supone, pero obvia su solución. Aunque asume que podría afectar a un "número considerable" de inversiones, únicamente analiza un par de casos concretos y no valora el impacto de este concepto en el total del parque instalado.
Los recortes sufridos a lo largo de los años por la industria fotovoltaica situaban, ya antes de la Ley 24/2013, a los proyectos al borde de la rentabilidad mínima, con un TIR medio del 6% y un periodo medio de retorno de la inversión de 15 años. Estos nuevos recortes llevarán al grueso de los proyectos a rentabilidades negativas.
UNEF calcula que entre un 30 y un 50% de los proyectos no serán refinanciables, a menos que se produzcan quitas muy importantes por parte de las entidades financieras.
Ninguna de las inversiones en energía fotovoltaica en España está aún amortizada según la normativa bajo la que se hicieron, con una deuda a la banca que se calcula en torno a los 22.000 millones de euros.
Gráfica 1
Casi la mitad de las instalaciones sufrirán recortes de ingresos de más del 30% con respecto a las previsiones iniciales, siendo especialmente afectadas las grandes plantas y las agrupaciones de instalaciones:
Gráfica 2
Los nuevos parámetros retributivos supondrán un recorte de ingresos de 920 millones de euros con respecto a las previsiones iniciales:
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El Ejecutivo comunitario concluye la primera investigación sobre el recorte a las ayudas a las renovables objeto de litigios internacionales. El pago se consideraría una prohibida Ayuda de Estado.
En su decisión, la Comisión ordena a España que no pague ninguna indemnización basada en el laudo y exige a España que garantice que no se efectúe ningún pago, ejecución o realización del laudo arbitral de ningún otro modo.
