Autoconsumo12 h.
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Según la Orden ITC/3127/2011 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debe aprobar un nuevo mecanismo de pagos por capacidad para las instalaciones de generación de energía eléctrica y para ello se habilita a la CNE para elaborar una propuesta de pagos por capacidad.
Para poder efectuarla, se considera conveniente la realización de una consulta pública, para que los agentes generadores y los consumidores puedan dar su opinión sobre la forma de proveer al sistema eléctrico del servicio de potencia firme en un horizonte de medio y de largo plazo. Cabe recordar que el coste del servicio de pagos por capacidad en 2012 asciende a 842 M€, repartidos en 191 M€ al pago por disponibilidad y 651 M€ como incentivo a la inversión.
En primer lugar, se pregunta si este servicio se debería proveer mediante un único producto o si, por el contrario, sería conveniente una diferenciación en dos, como en la regulación actual, uno para asegurar una capacidad instalada suficiente en el largo plazo (incentivo a la inversión), y otro para asegurar una cierta disponibilidad de potencia en el medio plazo y en los momentos de mayor demanda o de mayores precios en el mercado (pago por disponibilidad).
También se solicitan opiniones sobre los sujetos que podrían proveer estos servicios, los mecanismos y criterios para su adjudicación y fijación del precio del producto (mediante un sistema de subastas o mediante pagos regulados) y se pregunta por las obligaciones que adquieren los sujetos adjudicatarios y por el periodo de compromiso. A continuación, se consulta sobre las penalizaciones que habría que imponer en el caso en que no se facilite el servicio comprometido, y finalmente, sobre cómo determinar la demanda del servicio.
Agentes y consumidores tendrán de plazo hasta el 21 de junio de 2012 para hacer llegar sus propuestas. Las respuestas recibidas se harán públicas, salvo que se indique lo contrario y la parte confidencial se explicite de forma separada en un anexo.
Pinche aquí para descargar el documento de consulta pública.
Exige al Gobierno que se establezcan los mecanismos necesarios de transparencia, información, partición y supervisión para permitir apuntalar una recuperación verde y con justicia social.
Con una dependencia de las importaciones y, por tanto, perdiendo grandes valores económicos, toda la región se beneficiaría de un renacimiento de la industria fotovoltaica europea.
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