A los Jueces les parece bien la contratación a dedo del Ministro Soria en contra de los intereses de la fotovoltaica.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado, en tiempo récord, el recurso interpuesto por Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, en virtud del cual, este mismo Tribunal Administrativo, suspendía cautelarmente el contrato de licitación por valor de 900.000 euros, que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) había adjudicado a las dos consultoras que se han encargado de la valoración de las instalaciones fotovoltaicas de 55.000 familias españolas.

Frente a esta decisión, ANPIER presentará mañana viernes un Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional. El Tribunal no considera un acto recurrible la falta de publicación del contrato pues "es claro que no es posible recurrir la licitación como conjunto de actos sin identificar el acto concreto que está viciado y el vicio que se imputa"; olvida este Tribunal que el IDAE no ha hecho pública la licitación precisamente para que nadie pudiera recurrir un acto concreto, permitiendo que la Administración licite y adjudique un contrato de 900.000 € sin darle ninguna publicidad.

Más sorprendente si cabe es que este Tribunal, ahora, no considera a ANPIER legitimada para presentar el recurso pues no acredita que dicha licitación le vaya a causar algún perjuicio directo a sus asociados, cuando hace tan sólo un par de días esta misma instancia acordaba la suspensión cautelar de la licitación por los perjuicios irreparables que el mismo podría acarrearles a los recurrentes. El Tribunal opta, ahora, por una interpretación absolutamente restrictiva, no conforme constante doctrina del Tribunal Supremo y Constitucional, que en defensa del principio constitucional de tutela judicial efectiva, amplía extensivamente la legitimación a cualquier perjudicado por la actuación Administrativa, que en este supuesto resulta más que evidente.

Además, el Tribunal resuelve el recurso con argumentos formales, eludiendo de cualquier manifestación sobre el fondo de la cuestión: la posibilidad de que el IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya adjudicado un contrato millonario sin hacer públicos los datos sobre el mismo.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha puesto de manifiesto que, "acudiremos a la jurisdicción ordinaria de forma inmediata al objeto de denunciar la actuación del Ministerio de Industria, puesto que los fotovoltaicos vamos a defender nuestros legítimos derechos y nuestra dignidad hasta la extenuación, en todos los foros e instancias nacionales e internacionale" y se ha lamentado de la existencia de "un Ministerio diligente para defender los derechos de las grandes multinacionales de la energía, como ha demostrado el Sr. Soria en su defensa de la seguridad jurídica del Repsol en Argentina; pero displicente cuando se trata de garantizar la seguridad jurídica de 55.000 familias españolas en lo que creían su propia casa"

En este sentido, Anpier se congratula con la decisión de los Tribunales belgas que, en el día de ayer, fallaron en contra de la retroactividad fotovoltaica en su país, siguiendo la senda de Reino Unido y de Bulgaria, que igualmente han impedido la aplicación de normas retroactivas que perjudicaran los derechos de sus nacionales en su propio territorio, en aras de la seguridad jurídica.

Con respecto al cálculo de la inversión que hicieron los productores en su día, Anpier considera que estimar lo perfectamente medible y verificable es una medida absolutamente arbitraria e injusta, en especial cuando se trata de calcular las inversiones, impulsadas por el propio Estado, que hace unos pocos años realizaron 55.000 familias españolas, que todavía conservan sus facturas.

En esta línea, Anpier ha entregado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas originales de 2.000 instalaciones fotovoltaicas, más del 5% del parque nacional, para que la Administración pueda conocer, con absoluta fidelidad, el coste real que supusieron dichas inversiones en las diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes anuales de mantenimiento. De estos datos se han derivado datos absolutamente preocupantes, como los elevados tipos de interés que soportan la mayoría de las instalaciones, superiores al 5%, puesto que tuvieron que refinanciarse para soportar los recortes anteriores, unos costes financieros que el Ministerio se niega a contemplar y que hacen inviables las instalaciones.