El Gobierno crea la Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos.

La nueva entidad comenzará a funcionar antes de julio de 2009 y velará por los derechos de los consumidores durante la transición hacia un modelo totalmente liberalizado.

Sus principales funciones serán informar y atender al consumidor, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes e informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios y, en su caso, proponer mejoras regulatorias.

La oficina dependerá de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no supondrá un coste presupuestario adicional.

El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto-Ley por el que se crea la Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos, un organismo que velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios frente a las compañías suministradoras de energía y contribuirá a que los ciudadanos cuenten con un servicio de calidad.

Sus principales funciones serán informar y atender al consumidor de productos energéticos, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes e informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios de productos energéticos y, en su caso, proponer las mejoras regulatorias que eviten que estas situaciones se reproduzcan.

La Oficina servirá para mejorar la protección de los derechos de los consumidores frente a las compañías encargadas del suministro de energía, contribuirá a mejorar la calidad del servicio que prestan y redundará en una mayor competencia en el sector energético. Su formato y contenidos están inspirados en la británica Energywatch, que desde hace tiempo representa los intereses de los consumidores británicos de gas y de electricidad con notables resultados.

Según los plazos previstos, la nueva entidad comenzará a funcionar antes del próximo mes de julio de 2009, fecha en la que está previsto que entren en vigor las tarifas eléctricas de último recurso que sustituirán a las actuales tarifas integrales y supondrán la profundización en el proceso de liberalización.

La transición desde un modelo regulado a otro liberalizado, impuesto por la normativa comunitaria y española, hace necesaria la creación y puesta en marcha de un órgano público de información, atención y arbitraje que actúe con plena eficacia desde el comienzo del nuevo marco normativo.

La nueva entidad representa un paso más en la protección de los derechos de los usuarios en un momento de creciente demanda de mayor transparencia, claridad e información en la facturación por parte de los consumidores.

La Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos dependerá de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no supondrá un coste presupuestario adicional.

La Oficina de Defensa del Consumidor, junto con la ya creada Oficina de Cambio de Suministrador, cuya función es supervisar y agilizar los posibles cambios de suministrador conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia, ofrecen una completa estructura de servicios de defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores con vistas a la liberalización de los mercados energéticos.