En el curso de entrevista en TVE, Álvaro Nadal también defiende el Impuesto al Sol tal como lo concibió su predecesor J.Manuel Soria -el Ministro Mentiroso-, para perseguir a los inSOLidarios que utilicen energías limpias.
Lejos de Cuba y de Venezuela, en el ombligo del Amperio donde no se pone el Sol, más de 7.000 personas fallecieron prematuramente en 2014 a causa de la carencia de medios para supervivir a las inclemencias climatológicas, según indica el analisis de Compañias de Luz, especialistas en el Mercado Eléctrico.
El tan cacareado talante consensual del nuevo gobierno de siempre sucumbe a idéntica dinámica que le llevó a no revalidar su mayoría omnipotente, y con desgana se ve arrastrado a concurrir a las tribunas para ofertar su monólogo, el mismo cuyas políticas energéticas ya producen hoy más desgracia mortal que los accidentes de tráfico.
La última brillante idea aportada por el Ejecutivo para reconducir el fracasado modelo de Bono Social consiste en la acuñación de tarjetas identificativas de sujetos en situación de vulnerabilidad, unificándolas para aprovechar en un solo modelo que etiquete también a (los mismos) necesitados de medicamentos y ayudas sociales.
Estas Black acreditativas de pobre las gestionarían otros: las Comunidades Autónomas; apoyadas por terceros: los servicios sociales de los Ayuntamientos. Intermediando todos estos estamentos para reconocer fehacientemente a los beneficiarios por estos "méritos".
Insiste el ministro novato en la populista fórmula de que los 200 millones de euros anuales que suponen las ayudas las sufraguen las comercializadoras, y no solo eso, también las Distribuidoras; y más audaz...también los productores de electricidad.
Ya fue tumbado por el Tribunal Supremo el precedente modelo de Bono Social, estimando improcedente su cargo a las generadoras, a quienes ahora habremos de resarcir los consumidores por un montante de 500 millones de euros. A las mismas multinacionales que perciben subvenciones por "interrumpibilidad", un concepto hueco que remunera el sobredimensionado de las instalaciones de generación por si fuera preciso su aporte en un contexto de excepcional demanda.
Este escenario, cuyo coste anual pagado por los consumidores asciende a otros 500 Millones de Euros, nunca ha acontecido desde el año 2009; pero no parece oportuno plantear ningún tipo de revisión sobre ello.
Mientras, las legiones de abogados del Estado continúan perdiendo pleitos frente al Oligopolio, y así el pasado viernes 25-11 el Consejo de Ministros nos sorprendía con la aprobación de masiva subida de tarifas eléctricas. Retroactiva desde 2014., por imperativo de tres diferentes sentencias favorables a las eléctricas ante el Tribunal Supremo.
Según amenaza el ministro, se mantiene estrecho el cerco al consumidor acogotado que decida aprovechar la energía del Sol sin salir del REDil, culpabilizando y sancionando con multas estos comportamientos insolidarios con el mantenimiento del ineficiente sistema centralizado impuesto, donde las pérdidas de distribución por transporte de la energía a remotos puntos de consumo suponen merma del 15%. Mostrando una denostada filosofía proteccionista y pro-monopolística frente al usuario cautivo diametralmente opuesta a la tendencia de los países avanzados a la generación distribuida y a la eficiencia energética.
Paradójicos fallecimientos los causados por pobreza energética con la posterior cremación mediante incineración de los cuerpos del delito.
El gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año un Real Decreto-Ley sobre la financiación del Bono Social eléctrico que afectará en mayor medida a los hogares y no a los grandes consumidores.
El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables.
