La industria de las energías renovables señala que la reforma energética se ha llevado a cabo a espaldas del sector y en perjuicio de los consumidores. Las nuevas medidas pueden llevar a la quiebra a miles de instalaciones.
El sector de las energías renovables ha convocado este miércoles una rueda de prensa para exponer los puntos en los que queda afectada la industria, tras la reforma energética y la aprobación del Real Decreto 9/2013.
José Miguel Villarig, Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, abrió la rueda de prensa exponiendo la situación a la que se ha visto sometida una industria innovadora, con un alto gasto en tecnología y en la que las inversiones se realizan a largo plazo. Con el nuevo real decreto son cinco las reformas retroactivas aplicadas a la industria renovable. Villarig admite que el sector de las energías renovables, como cualquier otro sector con costes regulados, puede verse afectado por nuevos marcos regulatorios, pero en este caso se han cambiado todos los parámetros con los que se realizaron las inversiones y se han perdido todos los derechos adquiridos.
La asociación APPA, junto con ANPIER (Miguel Ángel Martínez-Aroca), Protermosolar (Luis Crespo) y UNEF (Jose Donoso) ofrece una visión conjunta y exponen:
La reforma energética tiene carácter recaudatorio. La nueva legislación retroactiva pone en “fuera de juego” a las energías renovables y lleva a una expropiación encubierta de miles de instalaciones. Las asociaciones coinciden en que se trata de una reforma que llevará a la quiebra a toda una industria ya desarrollada de tecnologías de generación limpia y que ha sido referente mundial. "Esto hace retroceder a España a un modelo energético de los años 70, basado en combustibles fósiles" afirma Villarig. Según José Donoso, Director de UNEF, "las nuevas medidas van a poner en una situación difícil a la mayor parte de las instalaciones y tienen un fin recaudatorio e ideológico". José Donoso también hace referencia a que en perjuicio del consumidor y con retraso frente a las políticas en europeas, la reforma energética tampoco ha mencionado nada acerca de la esperada regulación del autoconsumo y el balance neto, una de las puertas abiertas que aún le puede quedar al sector de la energía fotovoltaica en España.
La rentabilidad razonable del 7,5 % para las instalaciones renovables no es real. José Donoso, Director de UNEF, ha señalado que el ese 7,5 % de la inversión no tiene en cuenta los costes financieros e impuestos, por lo que esta retribución se reduce bastante. Unido a esto está el problema de tratarse de un sector muy disperso, con diversas inversiones en cada una de las plantas, en algunas de las cuales se han asumido hasta la construcción de redes, las cuales no van a ser tenidas en cuenta. Luis crespo de Protermosolar hace hincapié en que la “Rentabilidad razonable” del 7,5% con carácter retroactivo se ha aplicado tan solo al sector de las energías renovables, lo que supone una prueba tangible de que se trata de acabar con la competitividad de estas tecnologías ya que no se aplica a las nucleares ni a las grandes hidroeléctricas, ya amortizadas.
El nuevo coste estándar aún no es calculable. Las asociaciones no han podido responder a las preguntas sobre nuevo coste estándar porque aún no hay información disponible y se está a la espera de un nueva regulación que lo establezca, no han dado parámetros de cálculo al sector. Pero el ministerio si ha informado de que se recaudará aproximadamente 1500 millones. Esto deja en evidencia el fin recaudatorio de las medidas, ya que los costes estándar estarán pensados para cuadrar con estas cuentas. Así mismo, Miguel Ángel Martínez Aroca, señalo que la definición de los parámetros de los que se parte, la cifra total del ahorro y de contribución de todo el sector renovable, según establece el real decreto, quedará por Orden Ministerial a decisión de una sola persona, algo inaudito en un estado democrático.
Las energías responsables no son responsables del déficit de tarifa. Así queda reflejado en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea y Recomendación del Consejo, por la que se emite un dictamen sobre el programa de estabilidad actualizado de España para el 2012-2015. El documento es citado textualmente por Martínez Aroca: “ Una Competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medioambiente…”. Sin embargo el gobierno ha decidido destrozar la seguridad jurídica del estado y quebrar todo un sector de futuro, en vez de reducir los márgenes de beneficio de las eléctricas, ha añadido el Presidente de Anpier.
El problema es de los inversores y de la banca. José Miguel Villarig, señaló que APPA maneja unas cifras de aproximadamente 40.000 millones de euros el apalancamiento de todo el sector de renovables, de los cuales, unos 20.000 millones corresponderían a la industria fotovoltaica, 10.000 millones a la eólica y 10.000 millones a la termosolar. José Donoso indicó que de los 20.000 millones de deuda fotovoltaica actualmente dos terceras partes están en manos de los bancos, tanto nacionales como internacionales. La banca financió los proyectos con el aval o garantía del gobierno sobre las inversiones. Las asociaciones declaran que la banca ha mantenido reuniones con el ministerio para tratar el tema, pero que al sector no se le está informando sobre el contenido de estas reuniones. Después de los numerosos cambios legislativos la industria no puede responder a los pagos y la refinanciación no es posible en las condiciones actuales. Los bancos no tienen más salida que aprovisionar estos 20.000 millones, con lo que eso supone en este periodo de crisis para la economía española.
La inseguridad jurídica y la Marca España. “El estado ha actuado en dirección contraria a las recomendaciones de la Comisión Europea. En España, el beneficio de las compañías eléctricas dobla el margen de beneficio de otras compañías europeas. Consumidores y empresas están sometidas a una estafa de proporciones inauditas, España ha roto con la seguridad jurídica” afirma Martínez Roca. José Donoso añadió que el clima de inversión en el país es pésimo, no solo para la industria renovable. La política llevada a cabo por el ejecutivo solo refleja al exterior un país de inseguridad jurídica y alto riesgo de inversión y esa es la verdadera imagen “Marca España” que se está llevando a cabo.
La ruptura del BOE. Miguel Ángel Aroca, en un gesto representativo de la pérdida de confianza en la regulación del estado, rompio una página de la copia del BOE con el real decreto 661/2007 y declaró que "el gobierno ha derogado esta norma donde hacia un llamamiento a la inversión ciudadana en fotovoltaica, garantizando una prima a un precio durante un número determinado de años y ahora el gobierno ha roto con el boletín del estado y la política energética anterior y decide regular de una manera absolutamente compleja y kafkiana y dañina, que bordea la legalidad". El presidente de Anpier anadió, que en el nuevo documento donde se les explica a 55.000 familias cómo van a cobrar, se les establece una serie de riesgos que anteriormente no tenían, y se añaden parámetros y cálculos de rentabilidad muy complejos.
Puedes ver en esta noticia la Publicación del Real Decreto 9/2013
La conclusión con la que cierran la rueda de prensa los representantes de la industria renovable española, es que el problema de estas medidas va mucho más lejos de los que afectan al propio sector. Se trata de que esté en juego el futuro económico de un país, ya que las medidas tomadas miran al pasado, suponen la vuelta a un modelo energético donde la introducción de la energía limpia y las nuevas tecnologías quede totalmente erradicada, con lo que eso supone para un país que es dependiente en este momento en un 80%. José Miguel Villarig en respuesta a una pregunta de Suelo Solar, asegura que es evidente que todos los países, incluido aquellos que son grandes productores de petróleo están apostando por las energías renovables. Afirma que depender de los combustibles fósiles pueden afectar gravemente a la economía española, por ejemplo en el coste que supone a las empresas las exportaciones, hecho que ya ocurrió en la décadas pasadas. Las renovables responden a una visión de futuro, las asociaciones son conscientes de que se han podido cometer errores, pero “ser pionero, tiene sus riesgos”.
Miguel Ángel Martínez Aroca señala que los miles de emprendedores que se implicaron en un sector innovador y de futuro, impulsado por el estado han sido tratados como especuladores que invierten en bonos del estado, con la diferencia de que en los bonos del estado se devuelve lo que se ha invertido, en este caso, lo invertido en las plantas además no se recupera. Una planta o instalación productora de energía renovable, ya sea termosolar, eólica, fotovoltaica o de biomasa, conlleva una inversión grande en investigación, tecnología y generación de nuevos puestos de trabajo cualificados en el sector. Es creación de tejido empresarial, no especulación. José Donoso estima que los 7000 empleos actuales que mantiene el sector de la industria fotovoltaica se perderán con las actuales medidas. Villarig estima que el sector de las renovables genera más de 118.000 empleos en España.
Ver video de la rueda de prensa celebrada el miercoles 17 de julio de las Asociaciones de Renovables APPA, ANPIER , Protermosolar y UNEF.
El nuevo récord de expansión de la capacidad instalada es de 5,7 GW, superando el hito de 2023, cuando se registraron 4,8 GW entre enero y junio.
El equipo técnico, conformado por los ministerio de Energía, Vivienda y la SEC, tiene como objetivo potenciar el desarrollo de la energía solar para el uso en el agua caliente sanitaria.
