Las diferencias entre la recaudación por tarifas integrales y de acceso y los costes reales de las mismas se originan básicamente de dos maneras – errores de estimación y decisiones regulatorias del Gobierno.
Ligada a la introducción de la nueva metodología tarifaria ha estado la cuestión del llamado déficit de tarifa. Este déficit es la diferencia entre la retribución que el regulador reconoce a las empresas por sus actividades de distribución y la retribución que las empresas efectivamente obtienen por sus actividades.
En los últimos años la retribución obtenida por las empresas ha sido menor que la reconocida en una cuantía estimad en unos 1500 millones de euros. La razón es que e pago a la distribución se realiza con la parte de los ingresos de la tarifa que queda después de pagar el coste de la generación.
En última instancia, la razón por lo que se produce el déficit de tarifa es el elevado precio de la energía generada, que se ha situado muy por encima de los precios que se estima deberían prevalecer en un mercado compertitivo. Naturalmente, ese sobreprecio supone mayores ingresos para las empresas eléctricas en su actividad de generación en la misma cuantía en que se reduce sus ingresos en ela actividad de distribución.
El déficit de tarifa plantea dos cuestiones. La primera es qué hacer con las cantidades reconocidas pero no pagadas. La decisión del gobierno ha sido posponer y laminar el pago de esas cantidades en los próximos años a cuenta de la tarifa futura, dejando a las empresas titularizar esos ingresos futuros y transferir a terceros el derecho de cobro. La segunda es cómo evitar que ese déficit se siga produciendo. La nueva metodología de tarifas no ha hecho nada a este respecto y es posible, por tanto, que el problema se produzca en el futuro.
En pura lógica hay dos alternativas para evitar el déficit de tarifa. Una es dejar que la tarifa se ajuste según el precio de mercado. Esta es la solución que se debería adoptar si los precios en el mercado de de generación fuesen competitivos pero resulta muy problemática en el contexto español porque previsiblemente conduciría a un injustificado aumento de la tarifa.
La otra opción es reconducir el precio de mercado de la energía para llevarlo a niveles competitivos. Esto puede conseguirse con un precio máximo. Alternativamente, en algunos sistemas se ha adoptado por un sistema de contratos a largo plazo entre generadores y distribuidores que protege a estos últimos de las variaciones del precio de la energía.
De un modo u otro lo cierto es que existen mecanismos regulatorios para evitar que el aumento de los precios en el mercado de la energía se traslade a los consumidores y que estos mecanismos pueden diseñarse sin alterar las tarifas de modo que sean neutrales para las empresas. Hay por tanto un caso claro a favor de la introducción de uno de estos mecanismos.
Declaración conjunta que firma los compromisos de los países para acelerar las acciones encaminadas a un mundo limpio, transición energética sostenible, justa y asequible.
Se presentó el portafolio de inversión para el sector energético con 14 proyectos que se sumaran a la producción de energías limpias.