El Gobierno debe agilizar la autorización de cierre para todas las centrales de carbón que hayan solicitado el cierre, garantizando una transición justa para las personas y regiones afectadas.
Siete centrales de carbón dejarán de operar mañana en España, al finalizar el período de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), mecanismo de excepción recogido en la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea. La realidad actual de un mercado energético que abre paso a las energías renovables y ha demostrado la obsolescencia del carbón, tanto en Europa como en el mundo, convierte este apagón en un punto de inflexión de cara al cierre total de las plantas restantes que seguirán operando en el país tras esa fecha.
La plataforma Un Futuro Sin Carbón, integrada por las principales organizaciones ambientales de España y miembro de la alianza europea Europe Beyond Coal, considera significativo que España sea el país europeo en el que dejan de operar más centrales de carbón en esta fecha. Esto muestra que es el momento de acelerar el proceso para poner fin a toda la capacidad de carbón en España asegurando una transición justa para dar certidumbre a las personas afectadas por los cierres, a las actividades auxiliares y las regiones afectadas mediante la aplicación de los Convenios de Transición Justa. Tras el acuerdo del 17 de abril en que Gobierno, empresas y sindicatos se comprometieron a apoyar a trabajadores y regiones afectadas ante el cierre de las plantas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias, el 18 de junio se constituyó la Mesa de Seguimiento.
Asimismo, las ONG que forman parte de la plataforma creen que es el momento para construir un futuro más limpio y aprovechar la salida de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 para crear un camino de recuperación verde que permita hacer frente a la emergencia climática con una economía resiliente que no deje a nadie atrás.
El proceso de cierre de centrales de carbón, imprescindible para hacer frente a la emergencia climática, se ha acelerado en Europa. En España, a pesar de no contar con una fecha clara y vinculante para el cierre, como sí han establecido en todos los países de Europa occidental, ha sido una mezcla de factores (entre ellos las políticas medioambientales, la situación del mercado energético –con un precio del CO2 más alto y un precio del gas más bajo, entre otros factores- y las propias decisiones empresariales, empujado todo ello por el reclamo social de lucha contra el cambio climático) los que han impuesto una realidad que las ONG alertaban desde hacía mucho tiempo: que el carbón no tiene cabida en la transición energética y hay que apostar por las fuentes renovables -que ya son plenamente rentables - como solución para un medio ambiente limpio.
Las siete plantas que dejan de operar son Compostilla II (en León) y Andorra (en Teruel), ambas propiedad de Endesa; y Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (A Coruña), de Naturgy; y Puente Nuevo (Córdoba) de Viesgo. Aunque Iberdrola también solicitó el cierre para la central de Lada (Asturias) y también dejará de estar operativa a partir del 30 de junio, podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea.
En los últimos meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ido autorizando en diferentes etapas el cierre de estas ocho centrales (Lada incluida), aunque de momento solamente una (Compostilla II) de las ocho plantas que dejan de verter energía a la red este 30 de junio tiene la autorización formal del Gobierno. Todas ellas suman una capacidad de 5,16 GW y, según el informe Last Gasp publicado en 2018, se estima que en 2016 fueron responsables de 349 muertes prematuras, 259 casos de bronquitis crónica y 287 ingresos hospitalarios, que llevaron asociados unos costes a la salud de entre 0,5 a 1 millón de euros en toda Europa. Para proceder al cierre definitivo, las centrales deben recibir la autorización del Gobierno. Una vez lo hagan, la capacidad de carbón de España se reducirá a 4,7 GW.
Las otras plantas de carbón por cerrar después del 2020 son As Pontes (A Coruña), los grupos 3 y 4 de Alcudia (Mallorca) y Litoral (Almería), las tres de Endesa; Aboño (Asturias) y Soto de Ribera (Asturias), propiedad de EDP, y Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. La única eléctrica que hasta la fecha no se ha pronunciado aún sobre fechas concretas de cierre ni ha presentado la solicitud para que esto se produzca de forma ordenada y planificada ha sido EDP.
Ante la emergencia climática que vivimos y las condiciones que plantea la legislación medioambiental europea, los recientes cambios en el mercado energético y los planes de descarbonización anunciados por algunas de las empresas, el adiós al carbón debe ser un camino sin retorno que se tiene que materializar en 2025, a más tardar, y que exige no cambiar esta fuente de energía por otras que sean también contaminantes.
La central de Puente Nuevo (grupo 3), de 324 MW, inició su operación en 1981, funcionando en los últimos tiempos con un alto porcentaje de carbón importado. En los últimos meses de funcionamiento los márgenes obtenidos de la venta de electricidad en el mercado le impiden cubrir sus costos operativos. A la multinacional Viesgo todavía le queda otra central en Andalucía, Los Barrios, de 588.9 MW que lleva 35 años de funcionamiento, de la que recientemente se anunció su intención de cierre, a pesar de desconocer la fecha exacta.
Compostilla II, de 1052 MW, fue puesta en marcha en 1972, y operaba quemando carbón autóctono de varias minas que cerraron en diciembre de 2018. También de Endesa es la central de Andorra, de 1101 MW, que entró en funcionamiento en 1981. El cierre de ambas centrales se anunció por parte de Enel -principal accionista de Endesa- en su Junta de Accionistas de 2017 y, más tarde, se solicitó oficialmente por parte de Endesa en diciembre de 2018. La empresa ha anunciado su intención de sustituir ambas centrales por energías renovables.
La planta de Lada, de 358 MW, es una de las más antiguas y desde inicios de siglo empezó a funcionar con carbón importado. Iberdrola solicitó su cierre, junto con el de la central de Velilla, de 561 MW en diciembre de 2017, aunque el entonces Gobierno del Partido Popular se opuso. Posteriormente, volvió a solicitar el cierre de las centrales en diciembre de 2019. Recientemente la empresa ha anunciado su intención de sustituir la central de Velilla por 400 MW de solar fotovoltaica. Aunque la central de Lada dejará de estar operativa, podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea.
De la empresa Naturgy son la central de Narcea, de 531 MW; La Robla, de 655 MW, y Meirama, de 580 MW, que inicialmente comenzaron a operar con carbón autóctono y acabaron dependiendo de las importaciones. En su reciente Junta General de Accionistas la eléctrica anunció que busca alternativas para el futuro de estas plantas a la vez que se desarrollan las reuniones sobre los convenios de transición justa.
Tanto la tecnología como las energías de cero emisiones existen hoy en día; el desafío está en su uso al ritmo y escala adecuados.
El importe de la financiación para el plan «Cero carbón» estará limitado al 60 % del coste de la caldera para edificios de uso residencial y al 40 % para inmuebles de otros usos
Se precisa un mayor desarrollo de infraestructuras eléctricas, en particular de transporte de electricidad, que ayuden a evacuar al sistema de distribución la energía generada a través de fuentes renovables.
Las actuales importaciones furtivas de electricidad eluden no solamente el sistema europeo de derecho de carbono, el ETS (15-25€/t CO2), también la tasa de generación del 7%. Una consecuente y doble competencia desleal.
