El informe, que revisa anualmente los sistemas energéticos nacionales, tiene en cuenta tres variables diferenciadas: la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad de los mismos.
España ocupa el décimo puesto del ranking global de sostenibilidad energética World Energy Trilemma Index 2021, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía (o WEC, por las siglas en inglés del World Energy Council) de la mano de Oliver Wyman. El informe, elaborado a lo largo de 2021 y publicado este mismo mes, hace referencia a los datos de 2020, enmarcados en una perspectiva histórica que revisa la evolución de los sistemas energéticos de los países analizados.
Así, en un año inevitablemente marcado por la pandemia del Covid-19, el sistema energético español entra en el top 10 mundial en materia de seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad, situándose cinco puestos por encima que el año anterior, cuando ocupaba la 15ª posición.
Convertido en una referencia en el ámbito energético internacional tras once ediciones, el World Trilemma Index ha analizado este año las políticas y sistemas energéticos de un total de 127 países. Teniendo en cuenta datos históricos y actuales que reflejan la evolución y el rendimiento de las políticas energéticas aplicadas por los países, el índice analiza y puntúa las variables de seguridad, equidad y sostenibilidad de cada sistema energético para obtener resultados agregados.
La variable de la seguridad energética refleja la capacidad de cada país para hacer frente a la demanda energética actual y futura; la equidad hace referencia a la habilidad de cada sistema para garantizar el acceso asequible a la energía para uso doméstico y comercial y, finalmente, la variable de la sostenibilidad mide el ritmo de transición de los sistemas energéticos nacionales hacia la disminución del daño medioambiental y la mitigación de su impacto en el cambio climático.
Con estas herramientas de medición, tal y como refleja el informe, este año el ranking global vuelve a estar dominado por los países de la OCDE, con la región europea a la cabeza que aglutina 11 de los primeros 14 puestos. Así, España comparte la décima posición con Luxemburgo, habiendo obtenido una puntuación total agregada de 76,9 puntos sobre 100.
En el marco de un contexto nacional favorable desde un punto de vista energético -evaluado con una A, lo que implica que se encuentra entre el 25% de países mejor valorados-, España obtiene la máxima nota tanto en materia de seguridad como de sostenibilidad de su sistema energético -también evaluados con A-, obteniendo éste una valoración más baja en términos de equidad de acceso -variable evaluada con una B, lo que implica que en este campo España se encuentra entre el 25% y el 50% de los países mejor valorados-.
Para Oliver Wyman estar posicionados en el top 10 dentro de un ranking tan reconocido en el ámbito energético como el World Energy Trilemma Index es sin duda una gran noticia, si bien este análisis supone también un claro reflejo de aquellas áreas en las que debemos reforzar nuestro sistema energético para adecuarlo a un escenario en el que la sostenibilidad, las energías renovables y la accesibilidad universal a los recursos energéticos han de ser protagonistas.
Desde una perspectiva regional, Europa se sitúa indiscutiblemente a la cabeza del ránking, con una agenda energética firmemente orientada a la sostenibilidad en detrimento de los combustibles fósiles. En un año marcado por la pandemia que ha desencadenado un importante descenso de la demanda energética -con bajadas de un 21% en Italia, un 19% en Francia o un 17% en España-, las energías renovables han ganado terreno en el continente, generando hasta el 38% de la electricidad consumida y superando por primera vez al carbón y al gas como principal fuente de generación eléctrica.
Así, en un año marcado por unas circunstancias extraordinarias que puede suponer un punto de inflexión para la reconfiguración del sistema energético mundial, el World Energy Trilemma Index analiza un escenario en pleno proceso de transformación que, con grandes diferencias entre regiones, avanza con paso firme hacia la descarbonización y la transición energética inclusiva.
El documento incluye un nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales legales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico.
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