Una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado numerosas medidas de ámbito energético dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Destacan la prórroga hasta el 30 de junio de la vigente reducción fiscal del 60% sobre los impuestos que gravan la electricidad; una actualización extraordinaria de la retribución regulada de las energías renovables, que reducirá las facturas eléctricas en 1.800 millones de euros este 2022, y el refuerzo de la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico.
La protección de los consumidores vulnerables aumenta notablemente, prorrogando hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios e incorporando hasta 600.000 familias adicionales. También crece el apoyo a la industria electrointensiva.
En el plano estructural, el Gobierno ha habilitado un procedimiento temporal para acelerar los procesos administrativos para instalar plantas eólicas y fotovoltaicas; y, en línea con las directrices de la UE, se ha aprobado un aumento de las reservas estratégicas de gas.
El ejecutivo mantiene hasta el próximo 30 de junio la rebaja al 10% el tipo impositivo del IVA sobre la electricidad para los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada; el tipo del IEE en el 0,5%, el mínimo autorizado por la UE; así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación. Con ello, la carga fiscal sobre los consumidores se mantiene reducida un 60%, con un impacto presupuestario de 10.000 a 12.000 millones en un ejercicio completo.
Con relación a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en la fórmula de cálculo durante las próximas revisiones del 1 de abril y el 1 de julio, con la intención de contener su incidencia en la factura final de los consumidores.
Por otro lado, los consumidores electrointensivos se beneficiarán de una reducción del 80% en el importe de los peajes hasta final de año, en línea con otros países europeos, y con un aumento de la compensación por el CO2 repercutido en la electricidad. La industria también mantendrá la flexibilización de la contratación de los peajes de suministro de gas hasta el 30 de junio.
La norma establece una actualización anticipada y extraordinaria del régimen retributivo regulado de las renovables, la cogeneración y los residuos (RECORE), que otorga una rentabilidad financiera del 7,4%, que no se verá afectada. Una orden ministerial especificará el efecto sobre cada instalación acogida al RECORE.
Cada tres años se revisan los ingresos del RECORE a partir de la venta de su electricidad, con relación a unos precios de referencia establecidos al inicio del período. Si la rentabilidad obtenida es superior al 7,4%, las instalaciones abonan la diferencia al sistema; si es inferior, el sistema les compensa hasta llegar a ese nivel.
Habida cuenta de los elevados precios de la electricidad registrados en 2021 y previstos para el resto de 2022, la actualización reducirá en unos 1.800 millones los costes del RECORE en 2022, lo que permite rebajar los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel anterior a las medidas para contener los precios que se aprobaron el año pasado.
Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2023 dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado, incentivando que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable.
La minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas), también se prorroga hasta el 30 de junio. Además, los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.
La medida también afectará a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura superior a los 67 €/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial se tendrá en cuenta el precio final comercializado.
El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente, y refuerza su protección social, con varias medidas relevantes, como la renovación automática en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos para percibirlo.
El número de beneficiarios del bono se ampliará en 600.000, hasta los 1,9 millones de hogares, al extenderlo a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro, al tomar como referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar. Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico, que cubren los PGE; en consecuencia, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono térmico hasta los 228 millones.
Por otro lado, si antes sólo asumían la financiación del bono social los comercializadores de electricidad, ahora tendrán que hacerlo todos los agentes que participan en la cadena de suministro de electricidad (producción, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos), de acuerdo con su facturación.
El fomento de las renovables es una de las prioridades del Gobierno y la normativa aprobada por el Consejo de Ministros incluye varias medidas al respecto, como un marco regulatorio para instalaciones fotovoltaicas flotantes, normativa para canalizaciones de gases renovables, como el hidrógeno, o la liberación del 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber aproximadamente 7 GW adicionales de instalaciones de autoconsumo.
Ante la emergencia provocada por los precios energéticos internacionales, se habilita un procedimiento temporal acelerado, hasta el 31 de diciembre de 2024, para determinar la afección ambiental y la tramitación de nuevas plantas eólicas menores de 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW. Estas plantas tendrán que ubicarse fuera de la Red Natura 2000 y en áreas sensibilidad baja o moderada según la Zonificación ambiental para energías renovables.
Por otro lado, entre 2023 y 2025 las empresas distribuidoras ampliarán sus planes de inversión en las redes eléctricas en un mínimo del 10% para facilitar la evacuación de nueva generación renovable de pequeño tamaño y autoconsumo.
España ya disponía de las reservas estratégicas que otros socios europeos están empezando a constituir, de acuerdo con la nueva estrategia de seguridad energética adoptada por la UE. El Gobierno, de todos modos, ha ampliado en siete días y medio el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo.
La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizándose su uso: el 50% podrá liberarse por orden del MITECO, cuando antes se requería acuerdo del Consejo de Ministros. Además, los comercializadores tendrán que disponer de 7,5 días de reservas operativas a fecha de 1 de noviembre para encarar la temporada invernal.
El RDL incluye otro tipo de medidas, como la habilitación para establecer bancos de pruebas regulatorios en los que testar proyectos que faciliten la investigación y la innovación en el ámbito eléctrico; la trasposición de normativa europea para reducir la intensidad de las emisiones de CO2 de los carburantes mediante biocarburantes u otras medidas, como la reducción de la quema de antorcha en las refinerías; o el desarrollo de los criterios y reglas para la celebración de los concursos de acceso a la red eléctrica.
Los platos rotos del fiasco faraónico gasista los pagamos todos, no así los daños a más de 60.000 familias que invirtieron en renovables por cambiar el mismo Estado sus propias normas.
El proyecto insignia de REE ya apunta maneras tal que megafraude de próximo Castor, que en este caso puede llegar a sepultar al menos 578 millones de euros de dinero público.
Para el Ministro Soria, no indemnizar Gas Castor sería saltarse un RD, por lo tanto, prevaricar; mientras que 62.000 familias están en la ruina por la derogación de varios RD.
