La Ministra Teresa Ribera ha indicado que la Estrategia de Transición Justa será el marco de actuación para optimizar las oportunidades de la transición ecológica para generar más y mejores empleos.
- Incluye los instrumentos necesarios para optimizar las oportunidades de empleo de la transición energética a través de marcos de formación profesional, políticas activas, medidas de apoyo y acompañamiento -con especial atención a sectores estratégicos- y planes de reactivación de los territorios afectados por este proceso de transición.
- Además, recoge instrumentos para reducir la desigualdad y apoyar a los consumidores, en particular los más vulnerables.
- Forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, configurado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Antreproyecto de Ley de Cambio Climático
- Su principal objetivo es maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición energética
- La Estrategia se materializará a través de los Convenios de Transición Justa que recogerán un plan de acción territorial integral para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica.
El Gobierno ha dado luz verde a la Estrategia de Transición Justa que, siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones del Acuerdo de París, tratará de maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
La Estrategia, que será sometida a información pública, forma parte del Marco Estratégico del Gobierno de Energía y Clima, enfocado a facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Del mismo marco, forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
El punto de partida de la Estrategia es el reconocimiento de que en España es particularmente importante optimizar los beneficios de la Transición Ecológica para generar más y mejores empleos. La tasa de paro duplica la media EU y es la segunda peor de la zona. Estamos a la cabeza entre los países desarrollados con mayor nivel de contratación temporal (27,5%) y de trabajadores/as.
La Estrategia será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.
Para ello, impulsará el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.
La Estrategia identifica y se alinea con las áreas del PNIEC con mayores oportunidades de creación de empleo: rehabilitación de edificios, energías renovables (subastas, repotenciación, promoción del autoconsumo) y el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica o el desarrollo de combustibles alternativos como el biometano y el hidrógeno.
Contempla propuestas para mejorar el acompañamiento a las empresas, adaptando los instrumentos de apoyo de los que ya dispone la Administración General del Estado (AGE), impulsando planes de acompañamiento para la transición en la industria y otros sectores, como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, para el mantenimiento y refuerzo de la competitividad industrial.
Convenios de transición justa
Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un Convenio de Transición Justa. Este convenio articulará un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.
Estos convenios animarán y canalizarán la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.
Como apoyo financiero, ofrecerán acceso asistido y ágil a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad- o herramientas de política energética, como las subastas específicas de energías renovables.
Para el apoyo técnico a la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) se transformará en el Instituto de Transición Justa que reforzará y ampliará su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad.
Para la realización de Convenios de Transición urgentes se habilitan 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021.
Los Convenios de Transición Justa son producto de las experiencias previas relacionadas con la reconversión de sectores productivos que han destilado procesos bien diseñados, con amplia participación de actores y con la transparencia como base.
Un marco contra la despoblación
La Estrategia hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación. Algunas de las líneas propuestas en este ámbito son el impulso a las energías renovables como biomasa o biogás, el apoyo a la Estrategia de Bioeconomía, diseñada para generar valor económico, activando mercados locales para productos y subproductos, o la revisión del Plan Forestal Español.
El documento propone la integración de la Transición Ecológica en los Planes Anuales de Política de Empleo, prestando especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o la mejora de los servicios de empleo en territorios vulnerables a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales.
La Estrategia se compromete con un aprovechamiento solidario y de cohesión social de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad que genere la transición ecológica de la economía.
Incluye medidas para revisar los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, la formación profesional y la enseñanza universitaria para la inclusión de contenidos sobre la transición ecológica y otros vinculados, como la digitalización. También la promoción de una Formación Profesional Dual entre empresas de sectores verdes y jóvenes en formación.
Pioneros en transición justa
El Acuerdo de París reconoce que la implementación de las políticas contra el cambio climático deberán tener en cuenta "los imperativos de una transición justa en el mundo del trabajo y la creación de trabajo decente y de calidad". Esta demanda proviene de las organizaciones sindicales que, a cambio de comprometerse en la defensa de la acción climática, pidieron ciertas garantías socio-laborales para que los cambios no se produjeran a costa de los trabajadores.
La Transición Justa es un eje prioritario de las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica. Así, el Gobierno de España y la OIT firmaron en julio 2018 un acuerdo estratégico para implementar las directrices sobre Transición Justa de esta organización internacional -consensuadas y aprobadas por gobiernos, organizaciones sindicales y patronales empresariales- como marco orientador y herramienta práctica de acción, del que la Estrategia Nacional de Transición Justa es el primer elemento.
En la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia, diciembre de 2018), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ratificó el compromiso de España firmando la Declaración de Silesia sobre Transición Justa. Esto nos convierte en el primer país del mundo en disponer de una Estrategia de Transición Justa.
Oportunidades
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha enviado hoy a la Comisión Europea será un motor de creación de empleo. El Plan estima un incremento del empleo del 1.6% en 2030 sobre el escenario tendencial.
La transición energética es especialmente interesante en España porque en muchos sectores como energías renovables, redes de distribución, eficiencia energética, rehabilitación de edificios o desalación, nuestro país cuenta con tejido empresarial, recursos humanos y centros de investigación especializados y competitivos.
Plan de acción urgente para comarcas mineras y centrales el cierre
Para gestionar los desafíos a corto plazo que el Ministerio asumió tras su creación como son el cierre de minas de carbón, el cese de la actividad de las centrales térmicas de carbón que no han realizado inversiones requeridas por la Unión Europea, o las centrales nucleares sin planes de reconversión (Garoña y Zorita), la Estrategia de Transición Justa incorpora un Plan de Acción Urgente 2019-2021.
El Plan se marca los siguientes objetivos:
Garantizar a los trabajadores que pierdan su empleo en empresas mineras que cierren, compensaciones adecuadas, como prejubilaciones o bajas indemnizadas.
Mantener a corto plazo el empleo en las comarcas mineras a través del Plan de Restauración de Minas y del Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética y otras estrategias a desarrollar con los municipios mineros.
Ofrecer a las comarcas sujetas al cierre de minas, centrales de carbón o centrales nucleares la implementación de Convenios de Transición.
Una parte importante del Plan de Acción Urgente está ya en marcha. En pocos meses se ha salido al rescate de los territorios. El acuerdo minero alcanzado con sindicatos y la patronal en octubre de 2018 fue el primer paso, y un ejemplo de cómo a pesar de la urgencia y los estrechos plazos se puede conseguir el consenso y el acuerdo social. Este acuerdo ha sido convalidado como RDL 15/2018. Por otro lado se ha agilizado la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 134 millones de euros.
La dotación de los Planes de Restauración y Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023 es de 158,4 millones de euros
El documento publicado evalúa el impacto de la flexibilidad en el costo de descarbonizar la matriz eléctrica chilena.
Las Comunidades Energéticas están compuestas por Miichi Ka’i, tecnología innovadora creada por el IPSE que combina eficiencia, versatilidad y sostenibilidad para suministrar el servicio de energía 24/7.
