El Ministerio de Fomento contradice al Ministerio de Industria en su apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética.

El principal objetivo de la nueva Ley es la reactivación económica del sector de la construcción mediante el uso racional de la energía

Con esta Ley, el Ministerio de Fomento entra en contradicción con la normativa del Ministerio de Industria en materia de autoconsumo y peajes, que representa una barrera determinante contra el futuro de la eficiencia energética en España

En el Desayuno de prensa “Tendencias en energía: Rehabilitación Integral y Energía”, organizado por IMEDIA, el presidente de N2E y la Fundación Renovables Javier García Breva, ha analizado la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (RRR) cuyo objetivo, tal como se expresa en su Preámbulo, es potenciar la viabilidad económica de la rehabilitación de edificios y regeneración de barrios y crear, en última instancia, empleos verdes con energías renovables, eficiencia energética y cambio del modelo productivo.



Asimismo, Javier García Breva ha destacado cómo esta ley de rehabilitación hace posible un nuevo modelo de ciudad donde el uso de la energía se configura como un factor prioritario en el desarrollo urbanístico, al establecer en su artículo tres que uno de los fines de las políticas públicas para el medio urbano será priorizar las energías renovables frente a los combustibles fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la energía y del ahorro energético.

La certificación energética será una de las claves que determinen los Informes de Evaluación de los edificios y las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos podrán exigir la ejecución de sus recomendaciones y hacerlas obligatorias a todos los edificios aplicando el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley. El rigor y desarrollo de la Ley 8/2013 va a depender en gran medida de las políticas urbanísticas de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

“Desde el análisis de la eficiencia energética de edificios esta Ley mejora el contenido de los decretos del pasado mes de abril en lo que afecta a la certificación energética y los informes de evaluación de edificios (IEE) y supone un avance en la consideración de la calificación energética como factor de primer orden en la valoración de los edificios existentes. Va a ser muy importante contar a partir de ahora con un instrumento normativo que propone facilitar las actuaciones de rehabilitación energética en todo el parque edificado, en la urbanización del espacio público y en los barrios de las ciudades”, comenta Javier García Breva, presidente de N2E.

La eficiencia energética se considera no solamente como una parte esencial de la rehabilitación de edificios sino de la urbanización y de la regeneración de barrios de las ciudades, facilitando las actuaciones en espacios que consigan reducir un 30% la demanda energética de calefacción y refrigeración con aislamientos, sistemas centralizados e integración de energías renovables en sustitución de fuentes no renovables.

La Ley 8/2013 contempla la rehabilitación energética de edificios como un factor de reactivación económica y de creación de empleo. “No obstante, este objetivo que se ha planteado el Ministerio de Fomento a través de esta ley se contradice por completo con la normativa que está tramitando actualmente el Ministerio de Industria, que propone un mayor incremento en los peajes del término de potencia y una rebaja de la parte variable que desincentiva cualquier política de ahorro de energía, y deja sin viabilidad económica a la generación de energía en los propios edificios a través de peajes más elevados para el autoconsumo con una regulación que es la más restrictiva que existe en el mundo”, puntualiza Javier García Breva, presidente de N2E y de la Fundación Renovables”.

Más de 4.000 millones de euros destinados a eficiencia energética

Los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020 obligan a destinar el 20% de los fondos del FEDER a financiar proyectos de eficiencia energética. Estos recursos más los procedentes de los Programas Horizon 2020 y Energía Inteligente pueden permitir que España acceda en los próximos siete años a 4.000 millones de euros destinados a financiar proyectos de eficiencia energética. Este importe variará en función de las capacidades y de los programas que se lleven a cabo por parte de todas las Administraciones Públicas.

En definitiva, y según Javier García Breva, una mayor coherencia y compromiso por facilitar el acceso de los consumidores a los servicios energéticos y a las empresas de servicios energéticos y la más rápida trasposición de las directivas europeas de eficiencia energética serán condiciones indispensables que aseguren la efectividad de esta ley a través de planes concretos que hagan realidad su principal objetivo que es la recuperación económica y el empleo a través de la rehabilitación, tal y como se describe en el preámbulo de la Ley 8/2013.

Ver magistral intervención de D. Javier García Breva: